Desde Santa Fe

Los senadores Rubén Pirola y Joaquín Gramajo –que integran el bloque de Armando Traferri- ya no confían ni en sus “fueros absolutos” ni en el archivo. El abogado que los defiende solicitó a la jueza Rosana Carrara que les dicte el “sobreseimiento definitivo” a ambos en una causa por supuesta corrupción que fue archivada hace cuatro años, en junio de 2018, por el fiscal Leandro Lazzarini, quien catorce meses después, en julio de 2019, ascendió a juez. Los otros dos investigados eran el senador José Baucero y el ex vicegobernador Jorge Henn, hoy defensor del Pueblo. El operativo de la defensa responde al efecto Traferri: evitar un eventual desarchivo y reapertura de la investigación, como ocurrió en agosto de 2021, cuando la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren ordenó reabrir la causa a Traferri por el destino de subsidios del Senado y creó un equipo de fiscales para profundizar la pesquisa. “El archivo es una circunstancia precaria”, dijo el abogado de Pirola y Gramajo. “Ya pasaron cuatro años, no se aportaron hechos nuevos”, por lo tanto, ante la “incertidumbre” de sus clientes, pidió el “sobreseimiento definitivo” para los dos senadores. La jueza Carrara resolverá en los próximos días.

Pirola es presidente pro témpore del Senado y número dos de Traferri en el bloque. Gramajo preside la comisión bicameral de Acuerdos. El pedido de la defensa para que los exculpen en un legajo en el que no fueron imputados y está en el archivo hace cuatro años se discutió en una audiencia pública ante la jueza Carrara.

En el debate, el penalista Néstor Oroño requirió el “sobreseimiento definitivo” de Gramajo y Pirola al entender que “hubo una investigación” a ambos. El fiscal Lazzarini solicitó informes al Tribunal de Cuentas y a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia y citó a declarar al ex secretario administrativo del Senado, Carlos Bermúdez, quien hoy es secretario de Comunicación Social de la Casa Gris. Lazzarini ni siquiera pidió el desafuero de Gramajo y Pirola para imputarlos, cerró la causa antes. Sin embargo, Oroño planteó que “la calidad de imputado no implica que se hayan dispuestos medidas sobre una persona”, “basta con ser indicado”. Y en este caso, quien señaló a ambos legisladores fue el denunciante, el ex concejal de Rosario Jorge Boasso.

Según Oroño, el “archivo” de la causa Gramajo-Pirola (que involucra también a Baucero y Henn) es una “circunstancia precaria”. Les puede pasar lo que ocurrió en la causa Traferri, archivada por la fiscal Natalia Benvenutto en mayo de 2018 –un mes antes de que Lazzarini hiciera lo mismo- y reabierta en agosto de 2021 por orden de la fiscal regional de Rosario. “Ya transcurrieron casi cuatro años” desde que Lazzarini desestimara la denuncia, “no se aportaron hechos nuevos”, y por lo tanto, ante la “incertidumbre” de Gramajo y Pirola, solicitó que la jueza Carrara les dicte el “sobresemiento definitivo” en el proceso.

La fiscal Mariela Jiménez rechazó el planteo. Lo que hizo Lazzarini en junio de 2018 fue desestimar la denuncia contra Gramajo y Pirola y disponer su archivo. “No realizó ninguna imputación concreta, a ninguna persona”, ni llamó a una audiencia imputativa. Aunque antes de esa instancia, debía pedir los desafueros, lo que tampoco ocurrió. “Mientras nos encontremos en una Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), la única opción es el archivo, nunca el sobreseimiento”, explicó. “El archivo impide la persecución de una persona por los mismos hechos” y ante una eventual reapertura de la causa –que hoy ni siquiera se plantea como hipótesis-, “hay que remover un obstáculo legal porque los dos senadores tienen fueros”, apuntó.

La causa se inició en junio de 2017, con una denuncia de Boasso a cinco senadores: Traferri, Gramajo, Pirola, Baucero y Hugo Rasetto y al ex vicegobernador Henn, quien entonces era diputado provincial. El fiscal Adrián Mac Cormack, de la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, la desglosó en tres trámites por competencia territorial:

*La causa Traferri siguió en Rosario y es la que Iribarren ordenó reabrir en agosto de 2021).

*La causa Gramajo-Pirola-Baucero-Henn se giró a Santa Fe.

*Y la causa Rasetto se acumuló a una denuncia anterior, de 2016.

Después de la denuncia a Boasso, ocurrieron otros dos hechos:

*En agosto de 2017, los fiscales Mac Cormack y Sebastián Narvaja que investigaban a varios senadores por supuesto “manejo arbitrario de subsidios”, “desvío de fondos públicos” y “enriquecimiento ilícito”, fueron denunciados por 16 de ellos ante la comisión bicameral de Acuerdos. Una “denuncia grotescamente falsa” -la calificó la Asociación de Fiscales de Santa Fe- que firmaron diez senadores del PJ (Traferri, Gramajo, Pirola, Baucero, Alcides Calvo, Danilo Capitani, Osvaldo Sosa, Cristina Berra, Guillermo Cornaglia y Eduardo Rosconi), cuatro radicales (Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón y Germán Giacomino) y dos socialistas (Emilio Jatón y Miguel Cappiello).

*En noviembre de 2017: los senadores Traferri, Michlig, Lisandro Enrico y Jatón impulsaron una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que se aprobó en una tarde en el Senado y la Cámara de Diputados. Así salió la ley 13.695. La Legislatura cambió el “régimen disciplinario” de los fiscales con un sistema que desde entonces es operado por la comisión de Acuerdos y la Asamblea Legislativa. Desde el primer proceso a los senadores, a que éstos denunciaran a los fiscales que los investigaban y que asumieran –junto a los diputados- el “control político” del MPA pasaron sólo cinco meses, entre junio y noviembre de 2017.