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Desde Lima
El presidente Pedro Castillo apostó por la represión frente a las protestas sociales y complicó más su situación. Más de once millones de peruanos amanecieron este martes con un toque de queda y bajo la ley de estado de emergencia, que implica que la policía puede ingresar a los domicilios y hacer detenciones sin orden judicial y elimina una serie derechos ciudadanos. El toque de queda, anunciado por Castillo minutos antes de la medianoche del lunes, regía desde las dos de la madrugada hasta las 23:59 de este martes. Sin embargo, al final de la tarde del martes, ante las críticas recibidas dese distintos sectores y las protestas en las calles contra esas medidas, Castillo anunció en el Congreso el levantamiento del toque de queda. No se refirió al estado de emergencia.
Estado de emergencia
Decretar el estado de emergencia e imponer un toque de queda fue la fallida respuesta del gobierno a las protestas sociales contra el alza de precios, fundamentalmente combustibles y alimentos, que derivaron en violencia, bloqueos de carreteras y algunos saqueos. El efecto fue como arrojar gasolina en el fuego de las protestas sociales.
Los actos de violencia y saqueos se dieron el lunes en distintas zonas del interior del país, pero el estado de emergencia y toque de queda se decretaron para Lima y Callao, provincia portuaria que está territorialmente unida a la capital peruana, donde no ocurrieron hechos de violencia. El gobierno justificó esa decisión asegurando que tenía informes de inteligencia que indicaban que se preparaban actos de violencia y saqueos en la capital para este martes. No dio detalles de esos supuestos informes.
Protestas contra el Gobierno
A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles el martes. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones contra el gobierno, exigiendo la renuncia de Castillo. Los manifestantes llegaron hasta una cuadra del Congreso, donde fueron detenidos por un cordón policial. A esa hora Castillo se reunía allí con un grupo de legisladores. Fuerzas de choque del fujimorismo y otros grupos protagonizaron actos de violencia y hubo choques entre manifestantes y la policía. Al cierre de esta crónica continuaban los enfrentamientos.
Hasta ahora las movilizaciones para exigir la renuncia de Castillo promovidas por la derecha golpista habían sido un fracaso por su escasa convocatoria, pero la declaratoria del estado de emergencia y el toque de queda se convirtieron en un catalizador que empujó a muchos a sumarse a esas movilizaciones. En las zonas populares de Lima, duramente golpeadas por el alza de precios que gatillaron las protestas que han originado esta crisis, no hubo movilizaciones, pero creció la indignación por una inmovilidad que afectaba más sus precarias economías.
En la tarde del martes, Castillo fue al Congreso con algunos de sus ministros para reunirse con la directiva del Parlamento y los voceros de las distintas bancadas. Justificó las cuestionadas medidas tomadas por su gobierno diciendo que eran para “proteger a la población”. Pero minutos después retrocedió y anunció que el toque de queda quedaba sin efecto “desde este momento”. La violencia que había tomado las calles del centro de Lima no cedió después de este anuncio. El fujimorismo y la agrupación ultraconservadora Avanza País no participaron de la reunión de congresistas con el presidente. Su agenda excluyente es el golpismo parlamentario.
"Reprimir, criminalizar y restringir derechos"
La excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza, una importante aliada de Castillo, criticó duramente el rumbo tomado por el gobierno. “El gobierno no solo ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo lo eligió, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan expresando su legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos. Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada”, señaló, cuestionando el estado de emergencia y el toque de queda. Legisladores de la izquierda ajena al partido oficialista Perú Libre que han venido apoyando al régimen se sumaron a esas críticas.
Los cuestionamientos de la derecha a medidas represivas que antes ha demandado y aplaudido para enfrentar las protestas sociales, las que siempre ha criminalizado y ahora dice respaldar, evidenciaron un doble discurso y su interés de utilizar la crisis social y los errores del gobierno en su respuesta a esta crisis para abonar en sus acciones desestabilizadoras buscando la caída del gobierno.
La imagen de Castillo se ha debilitado en los sectores populares, ha perdido apoyo en sus aliados de izquierda y las movilizaciones pidiendo su renuncia han congregado una cantidad de manifestantes que antes no había podido reunir, lo cual lo deja más debilitado ante los embates de la derecha.
