Cuando un funcionario de primer nivel no encuentra las palabras justas para explicar un tema, provoca varios inconvenientes para con el gobierno que representa. Por un lado, genera confusión sobre la cuestión que trata y por otra parte permite que las críticas, muchas con mala intención e interesadas, caigan sobre una correcta decisión.

Así fue el asunto de la presentación de “Redes para el bien común”, un atinado impulso del gobierno nacional para fijar acuerdos con los sectores privados, públicos, académicos, mediáticos que entienden en lo que fuere creación y circulación de todo tipo de información en Internet.

Esta búsqueda lógica de “buenas prácticas en las redes” no es más que cumplir con protocolos que siguen muchos países que son signatarios, al igual que Argentina del Pacto por la Información y la Democracia del año 2011. Entre otras naciones, participan Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Canadá, Chile, Uruguay, Francia y España.

Destaco que no se plantean intervenciones ni regulaciones sobre contenidos. No existe posibilidad alguna de censura ni se trata de afectar, en lo mínimo, la libertad de expresión.

Claro, al no explicarse bien, todas estas condiciones negativas para la vida democrática, surge en las agrietadas mentes opositoras el oportunismo de hacer su juego de críticas.

Destaco que esto es una buena iniciativa, en nada exclusiva de Argentina, para que los Estados nacionales puedan tomar parte en problemas derivados de posiciones dominantes e indebidas de las empresas digitales/algorítmicas y que no pasa por limitar derechos a todo tipo de pensamiento y expresión sino, por el contrario, asegurar mejores derechos para los usuarios de redes, como por ejemplo que sus datos no sean utilizados con fines comerciales, políticos, electorales sin la debida información y permiso de los involucrados, asimismo como sumar masa crítica para evitar que los fuertes negocios de las empresas digitales dominen de forma absoluta esos mismos mercados digitales.

Las experiencias y antecedentes del traslado de más de 70 millones de datos entre Facebook y Cambridge Analytica, realizado en forma ilegal y con utilización en las elecciones de EEUU y de Gran Bretaña/Brexit, nos ponen en alerta y en necesidad de resguardar los derechos personalísimos.

Y sumamos la acosadora presencia del algoritmo antes nuestras participaciones en redes para la oferta comercial, de todo tipo.

Y si bien las plataformas poseen instrumentos moderadores propios, muchas veces estos caen en la censura cierta, sin participación de ningún Estado, al usar Inteligencia Artificial y no humana en la consideración de que es válido como contenido y que puede no serlo, llevando esto a suspensiones arbitrarias de cuentas, bloqueos y eliminación de contenidos.

Nunca una empresa tendrá mayores garantías de libertad de información y publicación que los Estados nacionales sustentados en gobiernos constitucionales y democráticos.

Un ejemplo, más allá de nuestra posición ante la invasión rusa en Ucrania: Meta, o sea Facebook, se abrogó por su cuenta cambiar en forma provisoria las normas que rigen su moderación, para autorizar “mensajes de odio” (que siempre se bloquean) y “violentos” contra Rusia y Putin. E incluso, en un peligroso paso, Meta no elimina publicaciones que desean la muerte del presidente ruso, y lo hace extensivo (¡autorizar el deseo de muerte!) a Alexander Lukashenko, presidente de Belarus.

Para mostrar con datos las asimetrías de poder entre los enormes conglomerados comerciales algorítmicos y las a veces limitaciones regulatorias de los gobiernos veamos que la propia UE que tiene una establecida norma antimonopólica y regulatoria sobre privacidad de datos y el uso de IA, acaba de decir que eso no es suficiente para “contener” a las Grandes Tecnológicas /BigTechs, la IA aplicada en Twitter y Facebook, ordenó por su cuenta que, durante un episodio de conflicto entre Israel y Hamas, se eliminara de sus comentarios recibidos, millones de posteos palestinos, en Europa se buscan normas comunitarias sobre redes para impedir que sean las empresas mismas quienes actúen como “gatekeeper”(algo así como custodios de acceso) en sus plataformas.

Y como nota no tan color que habla del poder de las grandes tecnológicas digamos que esas empresas siguen agrandando su poder mediante la compra de más y más empresas.

Veamos que Microsoft adquirió este año, con la mayor transacción de la historia, la empresa de Videojuegos Activisión, en casi 70 mil millones de dólares(¡), Google compró un negocio de ciberseguridad, Mandiant en más de 5.500 millones U$S y FitBit por 2.100 millones y la frutilla de la torta la puso Amazon que se quedó con los estudios MGM, la legendaria Metro Goldwyin Mayer por 7.500 millones, y agregó a su haber y control 56.000 títulos audiovisuales (esto deja a la famosa Netflix bastante rezagada) lo que le da un lugar de hegemonía y excesiva concentración de oferta de contenidos audiovisuales para Internet.

Si bien la UE autorizó esta última compra y no considera que se afecte intereses de competidores e incluso no considera que Amazon tenga posición dominante, la organización que nuclea a los trabajadores de la comunicación de EEUU, la CWA se pronunció en contra desde la Strategic Organizing Center/SOC afirmando que a partir de ahora se reduce la competencia en todos los mercados de emisión por video, afectando esto tarifas para consumidores por video a pedido y para usuarios comunes.

Dicho todo esto, miremos ¡si no es necesario cierta presencia estatal en lo que regula la presencia de las grandes empresas digitales/algorítmicas en cada pais!

Hace más de 10 años, algunos venimos hablando del tema, antes que la UE y muchos países entendieran su importancia.

Bienvenidas las “buenas prácticas”, bienvenidas las oportunas y positivas medidas mediante políticas públicas no invasivas ni que imponen ni compelen, pero sí atentas a la defensa de los pactos democráticos de las sociedades y el imperio de todas las libertades amparadas en el Art.13 del Pacto de San José de Costa Rica.

Lo importante de las Redes para el Bien común, en Argentina, es todo esto y no la forma en que lo dijo algún funcionario.