Cuarenta y cinco años después, dos de los hombres sospechados de haber participado del homicidio del comerciante y militante radical Fidel Yazlle, serán juzgados por este hecho cometido el 11 de febrero de 1977, en el norte salteño, en el marco del terrorismo de Estado desatado por la última dictadura cívico militar. 

Los acusados son los ex policías Andrés del Valle Soraire y Mario Víctor Palermo. El juicio oral y público comenzó ayer, ante un tribunal integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz y la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, y desarrollará todos los martes. 

De la audiencia participó Francisca Toledo, la viuda de Yazlle, cuya constancia a la hora de exigir justicia tiene mucho que ver en que este hecho se esté juzgando como un crimen de lesa humanidad. Ella será la única testiga en la segunda audiencia, la semana que viene. 

Francisca Toledo celebró que por fin se haga el juicio por el asesinato de su marido. 

Yazlle fue secuestrado de la puerta de su hospedaje y restaurante en Coronel Juan Solá (pueblo más conocido por el nombre de su estación de trenes, Morillo), en el norteño departamento Rivadavia, alrededor de las 20.30 del 11 de febrero de 1977. Lo llevaron unos hombres que se movilizaban en una camioneta. Se sospecha que ahí estaba Fortunato Saravia (f), integrante del grupo de tareas Guardia del Monte, que tenía su sede en la ciudad de Metán y era dirigida por Soraire, ya condenado por otros delitos de lesa humanidad. 

Tras subirlo a la camioneta, el grupo se dirigió a la localidad de Pluma de Pato, pero se sabe, por dichos de testigos ocasionales, que ya a los 300 metros balearon a Yazlle. Luego lo dejaron sobre las vías, donde su cuerpo fue arrollado por el tren. Sus restos fueron encontrados al día siguiente a dos kilómetros de la estación de Pluma de Pato 

La acusación, que corre por cuenta de los fiscales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila, sostiene que tras el hallazgo del cuerpo, los policías que debían investigar este hecho, bajo las órdenes de Palermo, que fue subjefe y jefe de la Unidad Regional del Norte, llevaron a cabo una serie de maniobras con el objetivo de lograr la impunidad, y que hicieron esto siguiendo una planificación previamente acordada.

La fiscalía acusa a los dos ex policías en calidad de coautores mediatos de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, ambos agravados.

El fiscal Amad los acusó a ambos de haber dispuesto y ordenado los hechos referidos “desde sus respectivas posiciones funcionales, a través del control del aparato organizado de poder de la policía de la provincia de Salta, dentro del marco del plan sistemático de represión ilegal implementado durante el terrorismo de estado en nuestro país”.

Amenazas 

El juicio por el homicidio de Yazlle tendrá la dificultad de que se realizará a más de 400 kilómetros del lugar del hecho, en Morillo, de donde son oriundas varias de las personas citadas a dar su testimonio y que en su momento, como parte de las maniobras para encubrir el hecho, fueron amenazadas por miembros de la Policía, incluido el propio Palermo. 

A esas amenazas se refirió la acusación de la querella de la familia de Yazlle, representada por el abogado Javier Sarmiento. En la audiencia de ayer también se leyó una síntesis de la acusación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Gastón Casabella.

La familia de Yazlle viene afirmando que su muerte está vinculada a las denuncias por corrupción que venía haciendo, junto al jefe comunal destituido por la dictadura, en contra del intendente de facto Humberto Lazarte y el comisario Zenón Ávila (f). En la acusación, esta querella sostuvo que dichas denuncias lo "pusieron en calidad de perseguido político". Y afirmó que hubo amenazas previas que finalmente se cumplieron el 11 de febrero de 1977. 

"Entre las tantas maniobras para tratar de desviar la investigación, y deslindar la responsabilidad penal por el crimen que les cabía a los miembros de la fuerza policial, realizaron burdas amenazas a testigos en misivas para que abandonaran el pueblo por haber colaborado con la policía en el caso de la muerte de Fidel Yazlle", aseguró esta querella. Y al menos dos testigos fueron amenazados con un arma de fuego por el propio Palermo, cuando fueron a declarar a la ciudad de Orán, en momentos en que la causa por el homicidio se tramitaba en el fuero provincial como un delito común. 

Está previsto que en este debate declaren 40 testigos, la mayoría de ellos de Morillo y la ciudad de Orán, donde residía Yazlle. Por lo que se prevé que se puedan aportar más datos sobre la militancia política y la represión en el norte de la provincia.