Como un avance coordinado que rumbea sin prisa ni pausa cada vez más a la derecha, la oposición perfecciona su ataque contra el nuevo blanco: la criminalización de la protesta social. Con el cuco de los piquetes y la bandera de la libertad de circular como caballitos de batalla, el martes picó en punta en esta carrera el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando se sumó a los "duros" de su alianza y salió a pedir que "corten los planes" a quienes corten las calles. Ahora, un grupo de diputados del Pro presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone, justamente, suspender ayudas sociales a quienes "cometan delitos o contravenciones durante protestas o manifestaciones públicas". Esto es, a quienes corten calles para protestar o reclamar. "El derecho a manifestarse no puede colisionar con el de circular y trabajar libremente", sintetizó muy en línea con la avanzada el diputado Waldo Wolff, cabeza de una inciativa que lleva la firma de quince legisladores y legiladoras más.  

En línea con lo que viene ensayando este sector opositor, el anuncio fue hecho vía redes sociales, con video circunspecto acompañando:  “El fin perseguido mediante este proyecto es el de evitar que el Estado financie a quienes delinquen y violan derechos constitucionales del resto de los ciudadanos argentinos”, dice Wolff.

“Por más validez que tengan los reclamos de los manifestantes y por más derecho a marchar que los asista, una sociedad seria no puede seguir permitiendo que la protesta callejera se desmadre, y se debe respetar el derecho del resto de la sociedad argentina a trabajar y a ejercer sin impedimentos cualquier actividad lícita”, interpreta, estableciendo una particular jerarquía de derechos.

Cristian Ritondo, Pablo Torello, Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey, Fernando Iglesias, entre otros, son también firmantes de este proyecto de ley. 

La ley castigo

Muy en línea con las declaraciones altisonantes del jefe de Gobierno porteño, que había hablado de "extorsión", el proyecto de ley y su presentación mediática (que anoche incluyó como corolario la participación de Wolff en el horario central del canal La Nación +) identifica a quienes cobran asignaciones y planes como supuestas "víctimas" o "rehenes" de las organizaciones sociales. La denuncia va contra "el nivel de vida y de sueldos de aquellos que regentean a estas personas, como mercaderes de la pobreza, porque la pobre gente es rehén", en palabras de Wolff. Aún así, el castigo o la penalidad apunta contra aquellos que son definidos como "pobre gente". 

El proyecto habla de "suspensión del plan" "desde el inicio de las actuaciones, en el caso de contravenciones; o a partir de la citación a la declaración prevista en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en caso de delitos". Es decir, salteando incluso la presunción de inocencia para el supuesto delito. Finalmente, "en caso de condena contravencional o penal firme, el beneficio será suprimido". 

En el mismo combo, se propone además denegar "las solicitudes de beneficios económicos estatales de cualquier naturaleza y el pago de los que ya hubieren sido acordado". La AUH, por ejemplo. Y de paso se prevé embargar los beneficios "a los fines de la indemnización y/o reparación correspondientes".

La carrera por derecha

La carrera por derecha se larga en momentos en que los movimientos sociales ocupan la agenda y la escena pública, tras el gran acampe de dos días que las organizaciones de izquierda realizaron en el centro porteño. 

La atención se dirige ahora a lo que sucederá hoy, en la reunión que mantendrán representantes de las más de 30 organizaciones de Unidad Piquetera con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El principal reclamo apunta a sumar más Potenciar Trabajo y a reforzar la provisión de alimentos a los comedores comunitarios de los barrios populares, en momentos de grave escalada inflacionaria. De no destrabarse el conflicto, las organizaciones ya anunciaron que profundizarán el plan de lucha con una movilización masiva al centro porteño, el próximo 13 de abril.

Insostenible jurídicamente por donde se lo mire, justificado en apenas dos páginas, un proyecto de ley como el presentado parece no apuntar más que a levantar un ruido cuyos efectos en una parte del electorado parecen estar bien medidos, ya largada la carrera por derecha hacia 2023.