Fueron imputados este miércoles lxs últimxs dos detenidxs en la causa por estafas de la financiera ilegal Ríos & Asociados, que está siendo investigada por la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio.
Cynthia Elizabeth del Valle Moya y Hernando Efraín fueron imputadxs por el delito de estafas en un número indeterminado de casos, por falsedad de un instrumento público y asociación ilícita.
Moya declaró, pero no aceptó preguntas de la Fiscalía. El hombre, por su parte, prefirió guardar silencio. Ambxs imputadxs se entregaron a la Justicia este martes y quedaron detenidxs.
El abogado Luciano Romano, que asiste a los dos, y también a otro hombre y a dos mujeres imputadas, dijo a Salta/12 que “no se configura el delito de estafas” ni tampoco el de asociación ilícita. También señaló que sus defendidxs tienen la voluntad de “devolver el capital de las personas que han invertido”. “Necesitan saber cuántos inversionistas quedaron sin pagar”, sostuvo.
Según el letrado, el allanamiento fue el 25 de marzo y había gente a la que se le había pagado el 23 y el 24 de marzo. Para él, no se configura el delito de estafa porque el artículo 72 del Código Penal prevé que haya un ardid o engaño en perjuicio de otro. En su opinión, el perjuicio no se produjo porque hasta el día del allanamiento la empresa venía cumpliendo con los pagos.
Asimismo, dijo que sus representadxs se harán cargo de otras acusaciones si es necesario, como el de haber utilizado “una entidad falsa”, “todo lo que la fiscalía pueda aducir es cierto en ese aspecto”, reconoció.
“Hasta el 25 la empresa no incumplió ningún pago. El delito de estafa no estaba consumado. No hubo personas afectadas", insistió. Y ratificó: "Estamos abiertos a devolver capitales. Si mis representados tienen que responder por haber usado un CUIT inexistente lo van a hacer”.
El letrado recordó que la fiscalía quiere que la gente pueda recuperar sus ahorros, que está buscando que se pague y sus clientes tienen la voluntad de hacerlo. La defensa busca “negociar” con la fiscalía por la situación de lxs imputadxs.
Además, Romano especificó que ningunx de sus representadxs reconoce que se hayan organizado para cometer un delito y atribuyó a la “falta de conocimiento" o a "negligencia” el haber puesto a funcionar una financiera ilegal.
El abogado pidió la libertad de sus representadxs y, en caso de que esto no se conceda, que se les otorgue prisión domiciliaria a dos mujeres porque tienen hijxs menores de 5 años. La petición debe ser resuelta por el juez de Garantías Antonio Pastrana.
En esta causa sorprendió la mención a policías involucrados. Romano dijo que entre los inversionistas había policía, como también había “médicos, contadores, abogados”. Señaló que la propuesta de sistema Ponzi implicaba que “invertías, y te daban el retorno en días (…), cada uno invertía lo que podía”.
El Ministerio Público Fiscal informó el lunes que la fiscala interviniente aún trabaja en establecer el rol y responsabilidad de cada unx de lxs detenidxs en la estructura de la falsa financiera. Además, dispuso la reserva de las actuaciones, "para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas y a fin de garantizar el resultado de la investigación".
En la causa hay 12 detenidos. Dos de ellos son policías acusados por haber filtrado información a lxs prófugxs y también imputados por estafas reiteradas en un número indeterminado de hechos, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita.
