El encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Justicia, Juan Félix Marteau, presentó ayer su renuncia. Este diario señaló el domingo que Marteau fue uno de los convocantes de las reuniones en las que se trató el plan de convertir a la oficina de escuchas (antes Ojota, ahora Dicom) en una nueva y gigantesca agencia de espionaje e inteligencia. En esas reuniones, Marteau se presentaba a sí mismo como un hombre con contactos con el gobierno de Estados Unidos, pero el funcionario era más que eso: en un cable divulgado por la organización Wikileaks, el 1257 del año 2009, Marteau figura como informante de la Embajada de Estados Unidos. El cable contenía un texto de crítica feroz al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En Justicia sostienen que Marteau no fue autorizado a participar de las reuniones de la Súperojota y que, si participó, fue por las suyas. O sea que hay un desmarque de esa jugada relacionada con el espionaje, pero que sigue produciendo chispazos. Ayer, Elisa Carrió volvió a la guerra, insiste con que la espían, defendió al amigo de Macri, Gustavo Arribas, pero pidió la cabeza de su segunda, Silvia Majdalani. Hoy por hoy no está claro que Marteau haya dejado por completo la administración Macri: se dice que utiliza sus contactos en Estados Unidos para recabar información sobre el caso Odebrecht, un tema que el Gobierno se obsesiona en manejar. 

La administración macrista está trabajando en darle un poder inusitado a un simple aparato técnico, la Dirección de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom). La función de ese aparato, que depende de la Corte  y maneja el camarista federal Martín Irurzun, es recibir una orden de un juez, verificar si es legal, y trabajar con las empresas de telefonía para intervenir las comunicaciones solicitadas. En muchos casos ni siquiera la Dicom se entera del contenido: graba y entrega los CDs. Sin embargo, el Gobierno pretende que sea una especie de gigantesco clearing de información. Eso le daría acceso al Registro Nacional de las Personas; al Registro de la Propiedad Automotor, a la Inspección General de Justicia e incluso a la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), que pide informes de inteligencia de cuentas en el país y en el exterior. Lo que argumentan es que todo lo que pase por la Dicom será por pedido de un juez, pero eso es relativo: el aparato técnico sabrá qué se está investigando, qué cuentas tiene la persona investigada, qué sociedades integra y muchos otros datos. 

A todo esto debe sumarse que, en los últimos meses del gobierno de CFK, el aparato de escuchas fue pasado a la Procuración, y en ese tiempo no hubo ninguna filtración ni se usaron las escuchas como arma política. Ni bien asumió Macri, en su guerra contra Alejandra Gils Carbó, el Ejecutivo le quitó el aparato de escuchas y se lo entregó a la Corte. Desde entonces se produjeron filtraciones grotescas, en las que se manipularon conversaciones que no tenían nada que ver con las causas judiciales –el ejemplo más claro fue aquel diálogo entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner– y las escuchas se usaron para jugar en el campo político. En paralelo, volvieron a sus puestos numerosos integrantes de la ex SIDE (ahora AFI) que fueron accediendo a las escuchas y a realizar las transcripciones de los diálogos. 

La creación de la Súperojota facilitará todas esas maniobras, pero con un volumen muchísimo más grande, casi infinito, de información sobre cada uno de los ciudadanos. Y tendrán acceso a los datos la Corte, la ex SIDE, con sus funcionarios trabajando en la Ojota y, por esa vía, el Gobierno

El Ministerio de Justicia trató de deslindar responsabilidades respecto del armado de ese aparato de inteligencia paralela. En ese sentido hicieron trascender que Marteau no fue a las reuniones como integrante de Justicia, sino que sugieren que concurrió por las suyas. Quienes participaron de los encuentros sobre la Súperojota afirman que los dos grandes armadores eran Irurzun y Marteau. El ahora ex funcionario se dio el lujo de convocar a jueces, fiscales y organismos del Estado y hasta hizo declaraciones en La Nación sobre lo conveniente de la movida. En todos los casos se presentó como un experto en la materia, asesor del FMI y exhibiendo sus vínculos con Estados Unidos. 

Todo indica que la nota en PáginaI12 y el deterioro de las relaciones dentro del ministerio terminaron quitándole sostén y ayer se concretó la renuncia. Sin Marteau en el equipo titular, no está claro si el Ejecutivo seguirá adelante con su estrategia de crear la megaestructura de inteligencia. La lógica indica que el Gobierno volverá a la carga, ya sea a través de la Súperojota u otros mecanismos, pero el macrismo tiene una verdadera adicción al espionaje ilegal, las escuchas y el uso político de esos métodos. 

Desde un punto de vista formal, la renuncia de Marteau fue presentada como un paso al costado porque el abogado especialista en lavado de dinero quiere volver a su estudio. Su reemplazante será Nicolás Negri, jefe de asesores del secretario de Justicia. También se presenta como un especialista en Financial Task Force. 

Hay voces que sostienen que Marteau ya venía debilitado porque se opuso al increíble pase desde el Ministerio de Justicia al de Hacienda de la Unidad de Información Financiera (UIF), una especie de SIDE de los movimientos en las cuentas bancarias nacionales y extranjeras. Se trata de una oficina que trabaja con la justicia y no es ni debería ser parte del mundo económico, justamente el mundo que hace las maniobras. Ese pase –concretado en una votación de madrugada en el marco de la ley de blanqueo– fue una jugada para que la UIF no ponga obstáculos al blanqueo de capitales. La versión es que la postura de Marteau chocó con la del secretario de Finanzas, Luis Caputo, el hombre que gestiona el endeudamiento del país en el último año y medio. Ese choque, según parece, lo dejó ya en una situación vulnerable. 

Las versiones indican que tras la jugada del armado de la Súperojota y la renuncia presentada ayer, Marteau no dejará realmente de trabajar para el Gobierno. 

Según parece le dieron una misión trascendental: aprovechar sus vínculos con Estados Unidos para averiguar sobre la confesión de Odebrecht en ese país. El gigante de la construcción brasileña confesó ante la SEC (Security and Exchange Commission) norteamericana que pagó 35 millones de dólares en coimas. No han trascendido los datos de esa confesión y el Poder Ejecutivo quiere manejar y controlar los datos que surjan de la declaración en Estados Unidos. Desde hace dos semanas la Casa Rosada está obsesionada por las consecuencias del caso Odebrecht, en principio porque afecta al primo del presidente Angelo Calcaterra, que estaba en sociedad con los brasileños. Pero otra vez aparece en el centro de la escena el espionaje: Gustavo Arribas está sospechado de haber jugado un papel en transferencias entre la constructora y Calcaterra. 

El espionaje es un territorio convertido en una lucha de todos contra todos. Las renuncias se concretan (Marteau); se rumorean (Arribas) y se exigen (Majdalani). Como se vio en estos meses, es una pelea por quedarse con estructuras que el macrismo utiliza principalmente contra los opositores y a veces también para espiar a su propia tropa. 

@raulkollmann