Después de varias horas de estar en calidad de desaparecidos, los dirigentes sociales Sebastián Copello, referente del Polo Obrero, y Juan Manuel Chorolque, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-12 de Abril, fueron trasladados anoche a la unidad penitenciaria del barrio Alto Comedero.
Trascendió que también pesa una orden de detención contra Verónica Urzagasti, dirigente del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), pero su abogada, Paola Sanabria, confirmó que la orden no se había efectivizado hasta el cierre de esta edición.
Tras varias movilizaciones de las organizaciones sociales, el gobierno de Gerardo Morales concretó el rumor que daba cuenta de la posibilidad de que se iniciara una nueva oleada de persecución a referentes sociales y opositores. El rumor surgió del acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, día en que hubo una gran movilización de trabajadores empleados y desocupados reclamando mejores salarios, entre otras reinvindicaciones. También se movilizaron en favor del gobierno militantes de la UCR, el partido del gobernador, pero ellos no fueron multados.
Los dirigentes de las organizaciones sociales que integran el Frente Unidad Piquetera, fueron detenidos tras una orden librada por el Juzgado especializado de control en lo penal económico y delitos contra la administración pública, a cargo del juez Rodolfo Fernández. Hubo allanamientos y secuestros de teléfonos celulares .
El fiscal Diego Funes imputó a los detenidos por los delitos de “entorpecimiento de transportes y servicios” y “desobediencia a la autoridad“. En la acusación sostuvo que “los imputados deberán ser alojados en calidad de detenidos comunicados en la dependencia que asigne el departamento judicial de la Policia de la provincia”, lo que no sucedió, ya que después de casi cuatro horas las abogadas defensoras pudieron saber dónde se encontraban los dirigentes.
En la orden judicial se cita la investigación preparatoria, expediente N° 266973 del Ministerio Público de la Acusación, que inició las causas a raíz de manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo último.
El 3 de marzo, en el marco de jornadas de lucha nacional por el reclamo de partidas para comedores y merenderos, las organizaciones sociales fueron reprimidas en el acceso a la ciudad de San Pedro de Jujuy por miembros de la Policía de la provincia y Gendarmería Nacional. En ese momento hubo 15 demorados, tras lo que quedaron 7 detenidos, entre ellos 3 mujeres.
En aquella oportunidad, las organizaciones permanecieron en el acceso a San Salvador de Jujuy, donde luego hubo movilizaciones para pedir la liberación de los dirigentes. Y, una vez liberados, se realizó otra jornada nacional de protesta el 30 de marzo donde fueron multados por contravenciones.
La abogada Valeria Medina, defensora de Copello, contó que se enteró "por terceros de la detención de su defendido. "El oficio dice una cosa y se efectiviza de otra manera. Mi defendido estuvo desaparecido por varias horas. Es gravísimo lo que está pasando. Al juez Contravencional Ustárez Carrillo lo recusamos por las declaraciones”, resaltó.
En tanto que la abogada Paola Sanabria, defensora de Chorolque y Urzagasti, informó que trabajan en una presentación que se hará a primera hora de hoy para pedir el cese de las detenciones.
“Hay un doble juzgamiento dado que teníamos una audiencia para el viernes en el Juzgado Contravencional N° 1, y hoy se hizo efectiva una orden de allanamiento y detención por la misma causa en el Juzgado Económico", denunció la abogada, quien añadió que "por el momento no se efectivizó la orden de detención en el caso de Ursagasti”.
Después de mucha insistencia ante la Policía jujeña, anoche las abogadas lograron ver a los dirigentes detenidos. "Se encontraban bien físicamente, solo con la angustia del proceso”, dijo Sanabria, e insistió: “Estuvieron más de cuatro horas desaparecidos, sin que podamos saber el lugar de alojamiento o la dependencia para el traslado. El procedimiento fue totalmente arbitrario, sin que podamos comunicarnos. A última hora de la noche recién pudimos saber a dónde los llevaban”.
Un millón de multa
Los dirigentes son juzgados por el mismo hecho, la causa que inició el estado provincial a través del Juzgado Contravencional N° 1 es por las manifestaciones del 3 de marzo, se les imputan infracciones a los artículos 103, 113 y 123 del Código Contravencional de Jujuy, que establecen sanciones para quienes dañen el espacio público, impidan la circulación vehicula o contaminen (como con la quema de neumáticos). “El Juzgado Contravencional quiere imponer una multa de hasta 200 unidades multa que representa un millón de pesos. Un código que es inconstitucional” , afirmó Sanabria.
En tanto que la imputación del Ministerio Público de la Acusación es en una investigación originada en denuncias de transeúntes a quienes no se les permitió la libre circulación.
“Es una persecución, hay una individualización de los distintos referentes de las organizaciones sociales que llevan adelante estas protestas que piden un cambio en las políticas sociales donde está marcado la criminalización de la protesta a sectores sociales vulnerables”, añadió la abogada.
"El procedimiento y lo que sucedió en horas de la tarde nos retrotrae a los actos que eran comunes durante la dictadura, una detención ilícita, arbitraria y no se sabía el paradero de las personas”, ratificó.
Repudio generalizado
Las aprehensiones de ambos dirigentes sociales motivaron ayer reacciones de distintos sectores sociales, políticos y de la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que manifestaron su rechazo a esta medida y su solidaridad con Sebastián Copello y Juan Chorolque, "detenidos en sus domicilios por haber participado de movilizaciones populares".
Esta última organización sostuvo que estas detenciones implican "un nuevo salto en la política de persecución del gobierno de Jujuy, que ya viene de detener a 15 compañeros por un reclamo de las organizaciones de desocupados, compañeros que fueron liberados luego de una extensa movilización nacional". Y señaló que el gobierno de Morales vuelve a valerse del "sistema inconstitucional de la Fiscalía de Estado de Jujuy para criminalizar la protesta y ejercer el terror contra las personas que se movilizan por sus reivindicaciones en la provincia". En ese contexto, acusó al fiscal Funes de seguir "haciendo el trabajo sucio, ordenando allanamientos, intervención telefónica y detenciones de los compañeros".
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia afirmó que esta acción en Jujuy "va en línea con una ofensiva política en todo el país contra el movimiento piquetero y de criminalización de la protesta social, que apunta a garantizar el plan de ajuste en el marco de una crisis social que se profundiza".
Por otro lado, la Coordinadora de Organizacionesa Populares de Jujuy también repudió "el accionar del gobierno de Gerardo Morales, el Poder Judicial y las fuerzas represivas en Jujuy", contra Copello y Chorolque, que "ejercen el legítimo derecho al reclamo en contra las políticas de hambre, persecución y criminalización de la protesta en Jujuy" y también denunció la criminalización de la protesta social a quienes resistimos la aplicación del brutal ajuste, desempleo y pobreza que se profundiza con el acuerdo con el FMI".
Las organizaciones sociales convocaron a una conferencia de prensa hoy a las 10, en plaza Belgrano para exponer la situación y reclamar la libertad de los detenidos.
