El Gobierno sigue intentando por todas las vías conseguir la información sobre las coimas de Odebrecht en la Argentina. Ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo una nueva reunión con los representantes de la empresa brasileña en la que volvió a naufragar un acuerdo. Del encuentro participó también el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien comenzará una auditoría de las obras en las que participó Odebrecht para calcular cuánto debería pagar de indemnización al Estado. Lejos de rendirse a que la información vaya a los fiscales exclusivamente, Garavano viajó a Estados Unidos, donde intentará gestionar un convenio para que compartan la información que ese país ya recibió de Odebrecht.

El Gobierno dejó en claro que no confía en la procuradora Alejandra Gils Carbó, y en que solo los fiscales reciban la información de Brasil. Acicateados por las críticas de Elisa Carrió, intentaron un acuerdo extrajudicial con Odebrecht para poder acceder a la información y que fuera procesada por la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.

No obstante, se toparon con una pared: es que Odebrecht pretende en la Argentina condiciones similares a las que obtuvo en Brasil para brindar información. Esto requeriría inmunidad contra las persecuciones penales, algo que el Gobierno no puede otorgar con las leyes actuales. Hace un tiempo, el PRO había esbozado un proyecto para reducir las penas a quienes dieran información confiable sobre casos de corrupción, pero según señalaron ayer en el Gobierno, esa iniciativa naufragó. “Nosotros no podemos otorgarle inmunidad, por más buena voluntad que tengamos”, indicó un funcionario que sigue de cerca las negociaciones.

“El proceso va a ser lamentablemente más largo. El Gobierno tiene un interés muy especial. El presidente fue muy enfático conmigo en ver cómo se genera esa lista que diga quiénes fueron los que habrían recibido esos 35 millones de dólares de coima”, indicó Garavano. Por lo tanto, el ministro continúa intentando negociar. Ayer volvió a recibir a los representantes de Odebrecht en una reunión que en el Ministerio de Justicia calificaron como “difícil”. El encuentro terminó sin que se pudiera avanzar en un acuerdo. La empresa entregó documentación sobre su intervención en distintas obras públicas en la Argentina. El procurador del Tesoro tendrá la tarea de analizar esos documentos y los expedientes en poder del Estado para determinar si hubo sobreprecios y presuntas coimas y a cuánto ascendería el monto por el cual la empresa debería indemnizar al Estado argentino. Hasta ahora, solo figura la cifra de 35 millones de dólares que admitieron en Estados Unidos, pero en el oficialismo aventuran que sería mayor. El procurador del Tesoro deberá investigar la ampliación de gasoductos, la planta potabilizadora de AYSA y el soterramiento del Sarmiento, donde también está involucrada la empresa que pertenecía al primo del presidente, Ángelo Calcaterra.

Tras la reunión, Garavano partió hacia los Estados Unidos. Allí emprenderá una gira de ocho días que ya estaba programada, pero que ahora será aprovechada por el funcionario para buscar otra vía de acceso a la información. Sucede que Odebrecht ya hizo un pacto con el gobierno de los Estados Unidos y le entregó información. Entre esos datos, habría un anexo destinado a la Argentina, aunque el material sería vasto y no estaría sistematizado. Por lo pronto, Garavano tiene previsto juntarse hoy con fiscales federales en Nueva York y el lunes próximo en Washington con el fiscal general Jeff Sessions. También habrá otros contactos con el Departamento de Justicia estadounidense. “La gestión la vamos a hacer, con el fin de que compartan información. Ellos saben la buena onda que tuvo Mauricio con Trump. Puede salir bien o puede retrasarse”, indicaban en el Ministerio de Justicia.