Su familia proviene de Calabria y cruzó el Atlántico hace apenas 70 años. Su abuelo Giorgio Macrì fue uno de los creadores en las postrimerías de la segunda guerra mundial del Partido del Hombre Común, l’uomo qualunque, que expresaba los temores y la insatisfacción de las clases medias con la democracia que sucedería al fascismo. La ideología qualunquista era antipolítica, con desconfianza de lo público, rechazo al pago de impuestos y exaltación del individualismo. Ese partido obtuvo un buen caudal de votos en la primera elección de posguerra, hasta que el Vaticano intercedió ante los Estados Unidos victoriosos, cuyas tropas aún ocupaban Italia, para que la fuerza escogida como contención del comunismo no fuera el qualunquismo sino la democracia cristiana. Giorgio se dirigió a la Argentina en 1946 y tres años después lo siguieron sus hijos, Franco, Tonino y Pia. Franco se casó con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primogénito que hoy preside la Argentina. Tonino tuvo a Jorge, el primo inteligente de Maurizio, y Pia a Angelo Testaferra, el propietario nominal de las empresas familiares. Con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires (18.000 adquiridas entre 1989 y 1996), el Grupo Agropecuario Blanco Villegas integra la cúpula de los mayores propietarios del país. Los accionistas del grupo son la madre del presidente Macrì, su tía Lía Esther Blanco Villegas, su hermano Gianfranco Macrì, su tío Jorge Alberto Blanco Villegas y su esposa Argentina Cinque y Julio H. D’Hers, quienes poseen las sociedades Cabalgando, Quequén Grande, Agropecuaria San Juan de Deane, Las Tijeretas, Los Aperos, El Tinglado, El Jilguero, El Patacón, La Cebadilla, La Reserva y cuatro condominios. Maurizio, con z, es como le llama toda la familia paterna, que no se ha desprendido de la cultura originaria, Macrì acentuado en la ì es la grafía original calabresa. El hermano de Alicia, Jorge Alberto Blanco Villegas, fue presidente de la Unión Industrial, por su armaduría de kits importados, instalada en el paraíso subsidiado de Tierra del Fuego. También fue concesionario de FIAT cuando los Macrì dirigieron su operación y presidió el Banco Comercial. Difícil encontrar mejor paradigma de la oligarquía diversificada que describe en sus trabajos teóricos Eduardo Basualdo.

El que no gana, perdió


Un primer indicio sobre el futuro político del macrismo lo brindarán las elecciones del año próximo (cierre de alianzas y presentación de listas en junio, primarias en agosto, generales en octubre) ya que los jefes de Estado cuyos partidos perdieron las legislativas previas a la presidencial debieron dejar la Casa Rosada con meses o años de antelación. La debilidad en el Congreso dejó a Raúl Alfonsín a merced de la liga de gobernadores justicialistas e incapaz de resistir el asedio conjunto de acreedores externos y contratistas de obra pública, entre quienes sobresalían los Macrì, especialistas en negocios dudosos con el Estado. Sin fuerza en el Congreso, Fernando De la Rúa renunció en cuanto el justicialismo promovió su juicio político. Pero la situación actual tiene también diferencias con aquellas. La Alianza Cambiemos contó desde el primer día con una representación parlamentaria minúscula, por lo cual extremó sus artes para cooptar a otras fuerzas desgajadas del justicialismo. Esto, por un lado le da una práctica de supervivencia de la que carecieron los anteriores gobiernos no peronistas. Pero por el otro, lo deja sin margen para una reducción adicional de sus bancadas. A partir del mes próximo Sergio Massa planea abandonar el opoficialismo y endurecer sus posiciones, porque espera que esos comicios lo conviertan en el candidato inevitable para 2019, como se anticipó a ungirlo el fumigador de la inmigración reciente, Miguel Pichetto. La avanzada de ese cambio fue el ex ministro Roberto Lavagna, al comparar la actual política económica de endeudamiento para cubrir deudas y gastos corrientes con las de las décadas de 1970 y 1990 y vaticinarle el mismo final catastrófico. Ni Axel Kicillof lo dijo con tanta precisión. La diputada renovadora Mirta Tundis, cuestionó la denominada reparación histórica a los jubilados, “porque primero se vendió el producto y ahora lo están elaborando” y mencionó a muchos jubilados “con una lágrima en su cara donde nada cambia para ellos porque han cobrado solo 50, 100, o 200 pesos más”. Es entendible que un legislador opositor haya votado un proyecto del oficialismo sin imaginar sus consecuencias, pero este no puede ser el caso de quien hizo su carrera en televisión como comentarista de temas previsionales. Esta página, que no es especialista en la materia, había adelantado con exactitud que el beneficio no alcanzaría a los 2,5 millones de jubilados que martillaba la publicidad oficial sino a una franja mínima de 700.000 y con incrementos irrisorios (salvo los de las categorías más altas, el único sector social para el que tiene ojos el gobierno). Sólo hacía falta interpretar con seriedad los datos de la ANSES y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que estaban al alcance de quien no quisiera dejarse engañar. Lo lindo de la democracia es que la proximidad electoral aviva a muchos distraídos. Massa ya triunfó en los comicios bonaerenses de 2013, pero la inconsistencia intelectual que dibujan sus zigzagueos permitió que Macrì le birlara la pole position del antikirchnerismo y siguiera en línea recta hasta la presidencia, relegándolo a un rol secundario.
Macrì es también el primer presidente que llega al gobierno con un partido nuevo, de apenas una década de existencia, surgido con la crisis de fin de siglo de la que el sistema político no ha terminado de reponerse. La consigna de entonces, “Que se vayan todos”, hoy se ha trasladado de la periferia al centro, con el Brexit y la elección de Donald Trump en el corazón de las finanzas mundiales. Claro que allí parece haber llegado algo peor, si se juzga por la conformación de los equipos del nuevo presidente: las grandes corporaciones estadounidenses (igual que en el gabinete argentino), los reaccionarios del Tea Party, supremacistas blancos, racistas y antisemitas, y nadie que represente al famoso Forgotten Man. En una película de 1933, Gold diggers, el asombroso coreógrafo y director de cine Busby Berkeley montó con el título Mi hombre olvidado un largo número de canto y baile de masas en que los soldados mutilados en la Gran Guerra pasan a ser los marginales sin empleo de la Gran Depresión, con la estética y la amargura de los cuadros de Otto Dix y George Grosz en la Alemania de Weimar. Ese mismo año llegaron al gobierno de Alemania Adolf Hitler y de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, dos formas opuestas de enfrentar la crisis. El programa del New Deal de Roosevelt se dirigió a rescatar a esos millones de hombres olvidados, tatarabuelos de quienes ahora llevaron al gobierno a alguien más parecido a Hitler que a Roosevelt, salvando todas las distancias.
El macrismo muestra una capacidad de manipulación que la derecha tradicional nunca tuvo, pero eso no lo pone a salvo de la erosión que pulveriza a aquellas fuerzas que defraudan las expectativas de su electorado. En cuanto se conocieron los resultados y el equipo de transición de Macrì anunció que devaluaría la moneda, reduciría impuestos a los más ricos y eliminaría subsidios a la energía y el transporte, la inflación se aceleró. Hoy es el doble que entonces, pese a lo cual el gobierno dice que ha logrado controlarla. Este divorcio entre el discurso público y los hechos comprobables es uno de los daños colaterales que el nuevo gobierno ha causado a la maltrecha sociedad argentina, una carga de profundidad que en algún momento explotará. Ya durante la campaña electoral Macrì había atribuido a una estrategia del miedo de sus adversarios las medidas que juraba que no adoptaría, pero que puso en práctica de inmediato. Con esta práctica perversa ocurrirá lo mismo que con la vandalización del INDEC, que terminó por aniquilar la credibilidad de toda palabra pública, comenzando por la del anterior gobierno.


Fiesta para pocos

La caída de la actividad económica según Cifra.

El Informe 21 de CIFRA sostiene que el régimen económico mutó hacia la valorización financiera como eje del proceso de acumulación, a partir de la colocación de 52.000 millones de dólares de deuda externa en los primeros 10 meses del año (40.000 millones del Estado Nacional, el resto entre las provincias y grandes corporaciones, como YPF, IRSA, Arcor, Cablevisión, Petrobras, Banco Hipotecario y Galicia) sin contar el endeudamiento en pesos que se dolarizan para practicar el tradicional deporte de la bicicleta bilingüe. La recesión interna, la apertura comercial, la apreciación cambiaria y las escasas o nulas políticas industriales hacen poco rentables las opciones de inversión productiva que se desplaza hacia la inversión financiera. Los elevados rendimientos en dólares de las Lebac constituyen “una verdadera bomba de tiempo fiscal y cambiaria para la economía argentina”, dice Cifra. Por eso, en lugar de la reactivación que pregonaba el gobierno, la fuga de capitales al exterior trepó a 11.000 millones de dólares. La deuda pública nacional sirve así para refinanciar vencimientos de deuda anterior y cubrir el déficit fiscal, al tiempo que garantiza las divisas requeridas para la fuga. Tal como en el decenio de 1990, el déficit fiscal, generado por el gobierno con la quita de retenciones a las exportaciones, rebaja de impuesto a los bienes personales, la condonación de deuda a las eléctricas, la cancelación de la deuda con las obras sociales sindicales, tiende a legitimar el acceso a un nuevo ciclo de endeudamiento. La recesión (-2,3 por ciento interanual en los primeros ocho meses) no parece haber tocado su piso y se explica por las caídas interanuales en los primeros tres trimestres del año de la construcción (-4,6 por ciento) y de la industria (-12,8 por ciento). 
Además del bajo nivel de inversión, se deteriora en forma significativa el consumo privado, consecuencia de la caída del salario real debida a la inflación más alta de las últimas dos décadas, y al aumento de la desocupación. A contramano del discurso oficial, sólo la expansión del empleo público compensó en parte la contracción del empleo privado, especialmente sensible en el no registrado, que es la principal variable de ajuste en períodos recesivos. Sólo creció el saldo comercial, con 2.000 millones de dólares de superávit, pero no por mejora de las exportaciones, sino debido a una caída más acentuada de las importaciones, salvo la de bienes de consumo, que creció un 18,8 por ciento, desplazando producción nacional. 
Un estudio del Observatorio de Precios, Pobreza y Equidad constituido por el Centro de Economía Política (CEPA) y el Instituto de Economía Popular (INDEP), calculó que el costo de una cena de Navidad para una familia tipo ronda el 80 por ciento de incremento respecto de 2015, casi el doble de la inflación, que no bajará del 41 por ciento en el año. Los aumentos fueron más moderados en los productos Premium, con lo cual el efecto es peor sobre los que menos tienen. Si se consideran los ingresos de las familias argentinas, casi un tercio de los hogares necesitaría destinar más de un 9 por ciento del ingreso total de la familia en el mes a una sola cena de fin de año o navidad, mientras que para las familias perceptoras de la Asignación Universal por Hijo, esa proporción asciende al 25 por ciento. La provincia de Buenos Aires se propone entregar 150.000 cajas navideñas, que cubrirían menos del 5 por ciento de los hogares y no alcanzarían a la totalidad de los hogares indigentes. La entrega se realizaría a través de organizaciones sociales, con las que el Hada Buena espera mejorar sus perspectivas electorales. El informe de CEPA e IndEP pone en duda el costo que la gobernación declara. La Resolución 2877/16 establece las bases para la contratación de las cajas navideñas cuyo costo es de 245 pesos. Contienen un pan dulce con frutas de medio kilo, dos turrones de 120 gramos, dos budines de 200 gramos, una lata de ensalada de frutas de 425 gramos y una garrapiñada. La erogación prevista es de 36,75 millones de pesos pero la resolución contempla sin explicaciones “la posibilidad de incrementar o reducir hasta en un cien por ciento (100 por ciento) del valor total adjudicado”. Los investigadores consideran ese precio excesivo y lo cotejaron con los valores de compra mayoristas informados por el Centro de Almaceneros de Rosario, que estimó un total de 97,75 pesos por caja, con lo cual la provincia de Buenos Aires estaría pagando un sobreprecio de 150 pesos por cada una o por el mismo precio podría entregar un 150 por ciento más de mercadería, alcanzando a 225.000 familias bonaerenses adicionales. Otros movimientos sociales, acompañados por la CGT unificada marcharon el viernes sobre la Plaza del Congreso en apoyo del proyecto de ley de emergencia que propone crear un millón de empleos a voluntad. Pese a la debilidad del texto, la movilización fue significativa y desnudó la penuria intelectual del gobierno, cuya principal respuesta fue atribuir la marcha a un propósito avieso del kichnerismo que, en forma ostensible, criticó el proyecto y no asistió a la marcha.

Zona liberada

La postulación de la ex interventora en la obra social de los jubilados Graciela Ocaña como Defensora del Pueblo ha encendido de furor a Mario Borini, el médico que como titular de la auditoría prestacional del PAMI la acompañó en 2004 y 2005. Durante esos años fueron dados de baja 32 establecimientos con internación, se rechazó el ingreso al PAMI de otros 30 efectores de diálisis, y las multas que se aplicaban por incumplimiento o deficiencia de las prestaciones pasaron de 400 a dos millones de pesos mensuales, un aumento del 5.000 por ciento. Esa fue la base del marketing personal de la contadora Ocaña que sobrevivió incluso a su gestión posterior como ministra de Salud y a su pintoresca alianza con Francisco De Narváez. Pero en 2005, Ocaña cesanteó a Borini y presentó tres denuncias penales en su contra, que también afectaron a una docena de sus auditores. Los auditores no pasaron de la indagatoria porque las causas, por presunta incompatibilidad entre su posición como número 3 del PAMI y la docencia universitaria, por superposición horaria con la docencia y por autorizar auditorías en el interior del país, no se sostenían, dice Borini. Fueron impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli y se extendieron durante nueve años, hasta que el juez Jorge Ballestero lo absolvió porque “no se ha logrado conmover ni un ápice el estado de inocencia” de Borini. Pero luego de su apartamiento durante los dos años restantes de la gestión de Ocaña no hubo más exclusiones de prestadores y cayeron a la insignificancia las penalidades. “Sin control, PAMI se convirtió en una zona liberada para el desmanejo de fondos y de riesgos para la salud de los afiliados”, concluye el ex auditor.