César Nicolás Vega tiene 64 años, en 2021 los padres de una niña que entonces tenía 11 años descubrieron que el hombre le enviaba mensajes vía Whatsapp de contenido sexual, invitándola a encontrarse incluso en su oficina.
En octubre de ese año realizaron la denuncia en la Justicia de La Rioja pero Vega, que detenta un cargo de funcionario en el Tribunal Superior de Justicia, hasta el momento no habría sido apartado, según relata el abogado de la causa, que además denuncia encubrimiento de sus pares, ya que el expediente de la causa "se había perdido".
El abogado comentó que luego de contactar a la niña “comenzó a escribirle pidiéndole que guardaran el secreto, la invitó al trabajo y con la clara finalidad que tiene este delito. Hay aclarar que para hablar de acoso sexual no se requiere necesariamente que se concrete el acto sexual”, explicó.
La causa se tramita en el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Nº 1 a cargo de la jueza Jésica Díaz Marano. El delito de Grooming comprende “la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital”.
Por la función del denunciado en el Tribunal Superior de Justicia, en forma paralela se solicitó su apartamiento ante al máximo organismo judicial de La Rioja, hasta que se resuelva su situación judicial. El abogado querellante del caso, Sergio Gómez, denunció en conferencia de prensa que la presentación se realizó el 5 de octubre del 2021 y hasta el momento no hubo novedades.
Según el letrado, "esta persona tiene un vínculo laboral estrecho con integrantes Tribunal Superior y tiene con un cargo elevadísimo", que sería el de relator. "Se llama César Nicolás Vega y estamos a la espera de una pronta resolución porque este es un caso urgente”, dijo el abogado. Relató además que “el hombre contactó a la niña, que en ese momento tenía 11 años, para intentar citarla con una finalidad sexual”.
“La situación se agrava porque los padres denunciaron los hechos el 5 de octubre del 2021, y el Poder Judicial no hizo nada. Eso es una gravedad de carácter institucional porque el Estado tiene la obligación constitucional, así lo establece la Convención sobre los derechos del Niño, y debió ser apartado del cargo primero, para cumplir la normativa vigente, y segundo; para sacar esta creencia de entre pares se cubren”, aseveró Gómez. También aseguró que la persona sigue trabajando y que “se vio en la obligación de realizar una nueva presentación porque el expediente se había perdido”.
Al ser consultado sobre versiones de la supuesta suspensión del trabajador Judicial, Gómez dijo a La Rioja 12 que no tiene aún una comunicación formal pero que mañana se presentará ante el tribunal.
El artículo 131 de Código Penal establece que “será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
