La apertura de la economía genera momentos difíciles para las PYMES, que debido a la apertura dispuesta por el gobierno enfrentan “una avalancha de productos importados a precio vil, que este año ya produjo el cierre innecesario de 7.000 empresas industriales, con la consiguiente desocupación”. Por eso la subsistencia las obliga a elegir entre el pago de cargas sociales o de impuestos. Esas palabras fueron pronunciadas a fines del siglo pasado por Jorge Blanco Villegas, vicepresidente de SOCMA y hermano de la madre del actual presidente Maurizio Macrì. Su testimonio fue prestado en la causa contra el empresario Gerardo A. Wullich, presidente de la sociedad anónima FAESCA, procesado por defraudación tributaria. La fiscal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 de San Martín, Alejandra Perroud, desistió de acusarlo porque consideró que el incumplimiento se debía a la delicada situación económica de la empresa, que se encontraba en cesación de pagos. Aunque con ello hubiera bastado para cerrar el caso, el 11 de junio de 1999 las juezas Lucila Larrandart, Marta I. Milloc y Ángela E. Ledesma, agregaron sus propios fundamentos. El fallo, redactado por Larrandart, sostiene que en el juicio se habían probado las dificultades financieras aducidas por Wullich: que la firma se había presentado en concurso preventivo; que todo el personal sabía que por pagar en fecha las quincenas a su centenar de obreros y empleados no había depositado las retenciones previsionales y utilizaba un descubierto bancario; que al no efectuar los depósitos la ANSES remitió cartas inhibitorias a los bancos, que le cortaron el crédito; que llegó a vender a pérdida porque las terminales de autos y su principal cliente le imponían los precios bajo amenaza de discontinuar las compras; que además las terminales sustituyeron producción propia por importaciones y disminuyeron sus pedidos; que todo el efectivo o valores que recibía los destinaba al pago de servicios, sueldos y materias primas. Según el fallo, el juicio fue “un resumen de las circunstancias económicas de nuestro país que determinaron el cierre de numerosas fuentes de trabajo, principalmente de los que se denomina pequeñas y medianas empresas”. Además del Tío Jorge, declaró como testigo el presidente de la Asociación de empresas autopartistas, Horacio Larré Oroño, quien dijo que la importación de piezas con mínimo arancel produjo concentración y desnacionalización. La mitad de las autopartistas desaparecieron y 10.000 trabajadores quedaron en la calle. Las juezas agregaron que “el Estado no tomó las medidas a tiempo para salvaguardar fuentes de trabajo y a ayudar a la subsistencia de las pymes. La DGI mientras perseguía el cobro, inhabilitaba bancariamente de modo que, en caso de quererse pagar y por la dificultad de hacerlo recurrir a un crédito bancario, ello resultaba imposible. Los planes de pago presentaban requisitos imposibles de cumplir para una empresa que estuviera al borde de la cesación de pagos. El conflicto ha sido originado en realidad por una omisión en las políticas del estado que llevaran a tratar de mantener a las empresas, evitando la destrucción de tantas fuentes de trabajo quizás irrecuperables. El bien jurídico tutelado, el patrimonio del Estado, a través de una adecuada y posible recaudación, que lograra a la vez la subsistencia de quienes son los contribuyentes, no fue debidamente protegido por parte de quien encarna la titularidad de dicho interés jurídico”. Wullich fue absuelto.