La reforma del Consejo de la Magistratura obtuvo su media sanción en el Senado. Con 37 votos a favor y 33 en contra, el Frente de Todos logró aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo (con modificaciones) y consiguió así su primera victoria legislativa unificada desde que la votación dividida del acuerdo con el FMI generase una crisis interna. La iniciativa aprobada fue el resultado de un acuerdo del oficialismo con el aliado rionegrino Alberto Weretilneck, quien había demandado incorporar algunos cambios que dotaran al organismo de mayor "federalismo" a cambio de su voto. El principal punto de conflicto con Juntos por el Cambio, que terminó votando en contra, fue en torno a si el presidente de la Corte Suprema tenía que conducir el Consejo o no: mientras que el FdT disparó con dureza contra la forma que la Corte había buscado inmiscuirse en el organismo, JxC argumentó que solo el presidente de la Corte podía presidir el Consejo (en línea con los anhelos de los supremos).
"La Corte Suprema debió hacer un fallo y legisló", comenzó cuestionando el miembro informante, Guillermo Snopek (FdT Jujuy), en línea con lo que sería el razonamiento del oficialismo durante toda la sesión: la Corte Suprema, con su fallo de inconstitucionalidad de la ley vigente, se había arrogado "facultades legislativas" que no le correspondían y había terminado "extorsionando" a les legisladores a sacar una nueva ley en 120 días. "Cada cosa en su lugar: hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que nos hemos visto obligados a tratar por una actitud totalmente anticonstitucional de la Corte Suprema. La verdad que la Corte diga que si no está ella en el Consejo entonces no hay independencia judicial suena muy raro", ironizó el senador Oscar Parrilli, que confesó que el proyecto presentado por el Ejecutivo "no lo satisfacía" pero que "no había más remedio": "Es para evitar el golpe institucional que la Corte quiere impulsar a partir del 15 de abril", aseguró, refiriéndose al plazo límite que había puesto el Máximo Tribunal para sancionar una nueva ley o retrotraerse a la que había sido derogado en el 2006.
El proyecto, que terminó siendo aprobado por un pelo gracias el acompañamiento de les aliades Alberto Weretilneck (Río Negro) y la misionera Magdalena Solari Quintana (ya que debía ser aprobado por mayoría absoluta), es el resultado de un acuerdo al que el oficialismo llegó con el senador rionegrino durante el plenario de comisiones de la semana pasada. La base de la reforma quedó igual a la que mandó el Ejecutivo --es decir, aumenta de 13 a 17 el número de integrantes (suma un juez, dos abogados y un académico o científico) y le veta el ingreso a la Corte Suprema--, pero le sumó una serie de modificaciones que tenía como objetivo "federalizar" la conformación del Consejo de la Magistratura, así como también darle mayor paridad de género. Estos cambios incluyeron incorporar el concepto de "Regiones Federales" (AMBA, Norte, Centro y Sur), que deberán estar representadas en las listas que propongan las instituciones de les jueces y abogades para elegir los cuatro consejeros y consejeras por cada estamento. A su vez, a pedido de Egardo Kueider (FdT), se eliminó el requisito de que les legisladores que integran en el Consejo deban ser abogades. "La Justicia Federal del interior del país padece la concentración de la CABA y el AMBA. Este proyecto lo que permite es que el interior del país tengamos voz y voto en la decisión de nuestros jueces", destacó Weretilneck, en un discurso en el que no ahorró críticas al ministro de Justicia, Martín Soria, con quien mantiene una rivalidad política en la provincia.
"El equilibrio del Consejo que demanda la Constitución se basa sobre todo en la presencia de un representante de la Corte Suprema. Ese es el verdadero debate. Las funciones del Consejo y de la Corte son complementarias porque tienen que ver con el servicio de Justicia a los ciudadanos. Que la Corte no lo integre es discriminatorio", sostuvo, por su parte, la senadora de JxC, Beatriz Ávila, quien se dedicó a defender el dictamen de minoría firmado por el interbloque opositor (que incrementa a 20 el número de integrantes y ubica al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como presidente del Consejo). "No vinieron mejores, vinieron solo para buscar la impunidad, que es lo único que les importa. Por eso esa obsesión que tienen con la Justicia. La historia no los va a absolver, los va a condenar uno por uno", lanzó, con más virulencia, la experiodista y actual vicepresidenta del Senado, Carolina Losada.
"Son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema cuando sostiene que les preocupa la influencia política en el Consejo de la Magistratura. En realidad lo que molesta es la democracia y la división de poderes. Lo único que quieren es seguir empoderando a la familia judicial", fustigó, a modo de cierre, Anabel Fernández Sagasti. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se ausentó durante gran parte del debate, volvió al recinto para escucharla. A las ocho de la noche, luego de cuatro horas de debate, se convocó a la votación y, con 37 votos a favor (la mitad más uno), el oficialismo logró la media sanción. El desafío, ahora, será la Cámara de Diputados, en donde los votos están lejos de estar garantizados.
