"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende continuar por cuatro años más con el mismo servicio de alimentación en los comedores escolares", alertaron organizaciones sociales y políticas porteñas sobre el proceso licitatorio que ya está en marcha y que decidirá qué empresas estarán a cargo hasta fines de 2025 de un servicio que no para de sumar cuestionamientos. Viandas cada vez más chicas, ingredientes de baja calidad y hasta raciones en mal estado son algunas de las denuncias que se acumularon en los últimos años contra las empresas a cargo de un servicio que seguirá concesionado. Las organizaciones lanzaron la "Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs" que impulsa una acción judicial para detener la adjudicación.
La licitación por el servicio para los comedores de las escuelas públicas abrió en febrero de este año y tuvo como fecha de cierre el pasado 11 de marzo. Tras la apertura de sobres, la Comisión Evaluadora deberá decidir qué empresas quedan a cargo durante el período 2022-2025 de la alimentación de cerca de 240 mil chicos y chicas. En total, el presupuesto destinado por la cartera educativa comandada por Soledad Acuña será de algo más de 50 mil millones de pesos.
"Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, madalenas, productos ultraprocesados para bebés, son algunos de los resultados a los que llegaron las comunidades de las escuelas cuando fiscalizaron el servicio", señala un informe elaborado por Jonatan Baldiviezo, abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la ingeniera María Eva Koutsovitis, de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), y Alejandro Volkind de ODC e IPYPP.
El informe cita algunas experiencias concretas, como la de la Comisión de Comedor de la Cooperadora de la Media Nº3 del Distrito Escolar Nº7. Allí se realizó un registro y control diario de las viandas de almuerzo y "los resultados dieron que un 65 por ciento pesaba menos que lo establecido", advierte el informe, que agrega que "se detectó la reducción en el número de ingredientes, y guarniciones repetitivas que ocupaban una proporción del plato mayor que la estipulada". Gracias al trabajo de los docentes de biología del colegio, se logró detectar también que las supuestas "tortillas de verdura" estaban "compuestas principalmente por arroz", mientras que los "medallones de pescado" estaban mezclados con almidón.
En cuanto al desayuno, el informe precisa que está conformado por una barrita de cereal o una madalena con mate cocido, mientras que el "refrigerio" es un sándwich de paleta y queso. "El servicio de comedor está presupuestado en 318,90 pesos y el de desayuno 37,44. Por cada madalena con mate cocido, el GCBA paga casi 38 pesos, y por ese medallón de pescado sin proteínas paga casi 320 pesos", agrega el informe.
Los datos concretos de la experiencia de esa escuela se suman a las decenas de denuncias que durante los últimos años recibieron las concesionarias. En marzo de 2020, en plena pandemia de covid-19, la Red de Cooperadoras alertó sobre la reducción "sin previo aviso" en la entrega de viandas, a las que catalogó de “pésima calidad”, y las legisladoras del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry y Myriam Bregman, llevaron los casos a la Justicia en una causa que derivó en denuncias de desvíos millonarios. Ese mismo mes, casi cien alumnos se intoxicaron por alimentos en mal estado en escuelas de Caballito y Palermo.
Todas esas fallas fueron reportadas por las comunidades educativas al GCBA. Sin embargo, el proceso de licitación no tiene en cuenta los incumplimientos. "Dentro de los requisitos con mayor puntuación, se encuentran la antigüedad como proveedora del GCBA y en la provisión del servicio. El detalle que olvida calificar el pliego es si la empresa tuvo sanciones durante la licitación anterior", precisa el informe, que sostiene que "empresas como Lamerich, que en la primera y única semana presencial del ciclo lectivo 2020 intoxicó a más de cien estudiantes, no sufrirán ninguna reducción de puntaje".
Además, las organizaciones denuncian que el proceso licitatorio es privativo por los altos costos a pagar para ingresar. "Solo para participar de la licitación cada empresa debe abonar por anticipado 795 mil pesos", aseguran y añaden que ese dinero no es devuelto a los ofertantes. "Su no devolución funciona en los hechos como un disuasor para cualquier cooperativa o pyme que quiera participar y reduce a un puñado las empresas aptas para resultar ganadoras", afirman.
Por todo esto, las organizaciones del movimiento "La ciudad somos quienes la habitamos", que nuclea también a Unidad Popular y a La Defensoría de Laburantes, lanzaron la "Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs", con la consigna "nuestrxs hijxs tienen derecho a una buena alimentación". "Estamos juntando firmas para la campaña y para la acción judicial", indicaron sobre el amparo colectivo que presentarán para "que se frene la adjudicación en marcha y se permita discutir democráticamente los pliegos con la comunidad educativa".
Además de elaborar un proyecto de ley de "transición hacia un sistema alimentario donde se priorice la educación alimentaria", también reclaman que se potencie la Ley de Promoción de Economía Social "para incorporar a les trabajadores de la economía popular que producen alimentos y garantizar una verdadera alimentación nutritiva y suficiente". Por último, proponen realizar controles comunitarios de los alimentos entregados por las empresas.
