La Sala II de la Cámara Federal declaró nula la designación de Graciana Peñafort, Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, como representante de la querella de esa Cámara en la causa donde se investiga el ataque al Congreso el día que sesionaba Diputados para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fallo, que firman Martín Irurzun y Eduardo Farah, se apoya en una sutileza formal al sostener que no queda claro si la abogada actuaría en representación del Senado, de su presidencia, o de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del cuerpo. La sentencia, comentan en algunos despachos de tribunales, va contra otros antecedentes, incluso varios promovidos durante el gobierno de Mauricio Macri donde no hubo objeciones a las presentaciones para querellar del servicio jurídico del Senado.

El Senado se constituyó cientos de veces como querellante sin obstáculos ni discusiones respecto de que su representación jurídica se ejerce desde su presidencia. Sin embargo, los camaristas dijeron que el problema en esta causa es que en la disposición firmada por CFK y en el poder que le otorgó a Peñafort para asumir la querella afirma que actuará en nombre del Senado, pero que en el pedido que presenta la abogada señala que lo hace en representación de la presidencia de la Cámara. Para ellos, eso sería una incongruencia. Según la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, no había nada que especificar ni se planteaba confusión alguna. Pero los camaristas le cuestiona que no precisó ni planteó requisitos sobre "el tipo de representación". "Esa omisión priva de validez al fallo", afirman. 

El efecto de esta disposición es que el Senado se queda sin acceso a la causa y la posibilidad de impulsar medidas, por lo menos hasta que haya un nuevo pronunciamiento. Es posible que Capuchetti dicte otra resolución y destrabe la absurda discusión, que había llevado a la Cámara uno de los imputados, Leandro Cáceres. Si el asunto no queda saldado, podría derivar en la Cámara de Casación. 

En la actualidad hay por lo menos siete causas en trámite donde el Senado es querellante y nadie lo cuestionó. La mayoría son expedientes iniciados durante el gobierno de Macri, es decir cuando Gabriela Michetti era presidenta del Senado. Uno de ellos es insólito: se promovió una causa contra una empleada de limpieza por el supuesto hurto de dos tazas, lo que la enfrentaba a una posible pena por administración fraudulenta, un desatino frente a un caso verdaderamente insignificante. Como seguía en trámite cuando llegó CFK a la presidencia del Senado intervino Peñafort y, con la cuestión bastante avanzada, propuso una salida más razonable: que la mujer ofrezca una reparación por 12.000 pesos que podían ser juguetes de motricidad para niños y niñas, como los de goma espuma o juegos de encastre, para el jardín que funciona en la institución. El juzgado de María Servini aceptó esta salida. 

En un expediente no muy lejano, cuando la presidenta del Senado planteó ante la Corte Suprema la necesidad de realizar sesiones virtuales en plena pandemia, el máximo tribunal dijo claramente: "En su carácter de vicepresidenta de la Nación está legitimada  para recurrir en nombre del honorable Senado ante este Tribunal (...) la mencionada calidad la legitima para actuar ante órganos jurisdiccionales en resguardo de las atribuciones y prerrogativas de la cámara por ella presidida ante un eventual conflicto concreto". 

Capuchetti investiga los delitos de intimidación pública y daños, en función del ataque a pedradas al edificio del Congreso y al despacho de Cristina Kirchner, que representó un peligro para su integridad física y la de quienes estaban con ella (Máximo Kirchner, Anabel Fernandez Sagasti y Oscar Parrilli). La jueza reclamó la competencia sobre otras actuaciones radicadas en la justicia porteña, donde hay detenidos con prisión preventiva por agresiones a la policía de la Ciudad a quienes el Ministerio Público Fiscal y el gobienro porteño insisten en ligar sin distinciones al Movimiento Teresa Rodríguez y hablar de asociación ilícita. Sostuvo que hubo un intento de afectar el funcionamiento del Congreso y que se debe determinar si el accionar estuvo planificado. 

Esa pelea entre tribunales, con una pátina política, aún no está resuelta. Capuchetti no tiene detenidos y todavía tramita medidas sobre ellos sin hablar de asociación ilícita: hay al menos 11 sospechosos, de los cuales fueron indagados Cáceres, Gonzalo Fonteina, Johnatan Pacheco y José Castillo. Se los asocia con las piedras dirigidas a la oficina de CFK. En los próximos días la magistrada podría empezar a definir su hipótesis y con ella las situaciones procesales.