Uno de los “caballitos de batalla” del establishment es el de la necesaria reducción del déficit fiscal. Sin déficit fiscal, se afirma, no habría inflación, no habría deuda, retomaría la confianza inversora. La realidad se ha encargado de mostrar que estos son argumentos inconsistentes, aunque así y todo se insiste con ellos.
La fórmula de los ajustadores comienza juramentando el rechazo a todo aumento de los tipos impositivos, para luego enfocarse en la variable que queda: el recorte del gasto público primario (jubilaciones, salarios públicos). Esta lógica es recesiva y reduce luego los ingresos fiscales, agravando el problema original. Pero además es profundamente injusta ya que los efectos del recorte del gasto (en definitiva, la reducción de derechos) siempre recaen en los sectores más vulnerables y en las capas medias. El objetivo de esas políticas es construir una sociedad cada vez más excluyente.
Rechazarlas de plano no implica ser partidario del déficit fiscal. Lo importante siempre son los “cómo”. La forma virtuosa y justa de abordar la cuestión fiscal es enfocarse en el aumento de los ingresos. En primer lugar, partiendo de la necesidad de aumentar la actividad económica. Es la postura que sigue el Gobierno, que además ha conseguido un importante recorte de los gastos en intereses producto de la reestructuración de la deuda con los bonistas. En segundo lugar, también hay que tender hacia un esquema fiscal mucho más progresivo, que requiere que paguen menos los que tienen proporcionalmente menos -por ejemplo, actualizando los mínimos imponibles de Ganancias y Bienes Personales, como se ha hecho- y que paguen más quienes están en condiciones de hacerlo. En tercer lugar, fortaleciendo la administración tributaria y mejorando la lucha contra la evasión y la elusión.
En este marco, la AFIP anunció en marzo que se retornaría a la fórmula previa para establecer el valor de los inmuebles de CABA y del resto del país, para el cómputo del Impuesto a los Bienes Personales. Desde el oficialismo porteño se salió a decir que se trata de un aumento de impuestos, una posición muy difícil de sustentar ya que se trata de llevarlo a la misma valuación que la Ciudad utiliza para calcular el impuesto inmobiliario.
Además, no hay que perder de vista que los inmuebles destinados a casa habitación no pagan Bienes Personales hasta los 30 millones de pesos, lo que deja a buena parte de los inmuebles fuera del tributo y permite focalizar en los sectores de mayor capacidad contributiva.
El cambio que se anunció en marzo no es más que lo que se venía haciendo entre 2013 y 2018, año en que la AFIP, durante la presidencia de Mauricio Macri, modificó los parámetros a la baja, en línea con la intención de ir desmantelando el tributo a los bienes personales.
En respuesta a las críticas de las autoridades porteñas, invocando una supuesta discriminación, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, señaló: “Utilizan un criterio para el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires que acerca la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del Impuesto sobre los Bienes Personales, que es coparticipado a todas las provincias”.
Soy diputado nacional por la CABA y soy consciente de que es el distrito más rico del país. A veces me asombra escuchar cuando se discuten los temas de la coparticipación y algunas voces expresan: “lo que nosotros aportamos es mucho más que lo que recibimos”. No es un buen argumento, ya que si cada distrito recibiera de la masa coparticipable en forma proporcional a los recursos que sus habitantes aportan al fisco nacional, el esquema no tendría el carácter federal y distributivo con el que fue pensado; llevaría a que existan provincias viables y no viables.
El sentido de la coparticipación es que las regiones que tienen menor capacidad contributiva sean ayudadas por las que más tienen. Su espíritu mismo es solidario y tiende a igualar las condiciones de vida de las distintas regiones, contrastando con la idea del “sálvese quien pueda” que se pregona constantemente desde la oposición neoliberal.
* Diputado Nacional del Frente de Todos. Presidente del Partido Solidario.