Por el ataque a pedradas contra el Congreso de la Nación, y en particular contra el despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fueron procesadas seis personas. La decisión fue tomada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien imputó a los acusados la supuesta comisión de los delitos de intimidación pública y daño calificado.
Los hechos ocurrieron el 10 de marzo pasado cuando se debatía en la Cámara de Diputados el aval parlamentario para el entendimiento entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio de la protesta convocada por distintas organizaciones, un grupo de personas tiró piedras contra las ventanas del Congreso, especialmente contra la del despacho de CFK, previamente marcada con pintura roja desde el exterior.
Los procesamientos alcanzaron a seis personas a las que la Justicia logró individualizar a través de imágenes de cámaras de seguridad y de canales de televisión cuando arrojaban elementos contundentes contra el edificio histórico. Los acusados fueron identificados por medio de un informe pericial de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, en el que se utilizó un Software Biométrico de Reconocimiento Facial.
Los procesados son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además la jueza les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos, según surge de la resolución judicial.
"En las circunstancias señaladas, a partir de las 15 horas en adelante, un grupo numeroso de personas comenzó en forma conjunta a arrojar con sus manos o mediante el uso de 'gomeras' elementos contundentes como piedras, cascotes y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, principalmente en el sector ubicado sobre la Avenida Entre Ríos cercana a su intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad", reseñó la jueza Capuchetti en el fallo.
La magistrada detalló que "estas agresiones causaron tumultos, desórdenes y daños que afectaron la seguridad pública y provocaron, entre otros, la rotura de los cristales de las ventanas que se ubican en el primer y segundo piso y pintadas sobre sus paredes, alcanzando los daños también la planta baja del edificio".
"De la misma manera, se dañaron las veredas que se encontraban en las proximidades del Congreso de la Nación para extraer las piedras o cascotes que luego fueron arrojadas tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad pública", explicó la jueza en su resolución de 66 páginas, que incluye fotos de los procesados arrojando las piedras o rompiendo las veredas, según el caso.
Simultáneamente, en otro fallo, la magistrada volvió a aceptar como querellante al Senado de la Nación, representado por su directora de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort, luego de que presentara un poder para intervenir en nombre de la Cámara alta. Ante el planteo de uno de los ahora procesados, Cáceres, la Sala II de la Cámara Federal había declarado nula la designación de Peñafort como representante de la querella del Senado, por una sutileza formal. La situación quedaría ahora subsanada tras la resolución de Capuchetti.
