Siete hombres detenidos el sábado pasado en la provincia de Jujuy, fueron imputados el martes último por el delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, acusación que fue instada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba.

En la audiencia el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier dijo que la detención de estas personas no fue un hecho casual, sino el resultado de una investigación iniciada por la PROCUNAR NOA en 2020, a partir de informes que daban cuenta del tráfico de droga por los cerros de la Puna jujeña.

Tras varios meses de investigación, se estableció que el tráfico era dirigido por una organización criminal que adquiría la droga en el Estado Plurinacional de Bolivia, luego la pasaban a La Quiaca con una cuadrilla de mochileros que transitaban con handies para salvar los inconvenientes de falta de señal de telefonía e Internet en la zona. Viltes Monier explicó que esta modalidad se repetía a modo de posta hasta que la droga llegaba a la localidad de Abra Pampa, donde se acopiaba.

“Desde allí, era trasladada a la ciudad de San Salvador (la capital jujeña), para su posterior tráfico al sur del país. Las pesquisas realizadas dan cuenta de operaciones similares que los acusados realizaron en 2021”, agregó el auxiliar fiscal.

En la investigación se reunieron evidencias, destacó Viltes Monier, entre ellas, informes de tareas de vigilancia en la zona e intervenciones telefónicas, que prueban la "conducta delictiva" de todos los detenidos. 

El sábado pasado, personal de Gendarmería Nacional allanó tres viviendas y detuvo a los siete imputados; en una de esos inmuebles secuestró una carga de 69 kilos de cocaína.

También se secuestraron dos camionetas, una marca Toyota Hilux y otra Chevrolet Amarok, además de dinero, un visor nocturno y los handies que utilizaban los mochileros mientras surcaban los cerros entre La Quiaca y Abra Pampa.

El auxiliar fiscal describió el rol de cada uno de los acusados, señaló que participaban bajo las órdenes de un líder, que era el encargado de gestionar la adquisición de la droga y de coordinar el traslado desde la frontera hasta Abra Pampa.

En la línea de mando le seguían otros dos acusados que se ocupaban de la contratación de los mochileros, los últimos en la escala de la organización. Estos dos hombres también elegían el lugar de almacenamiento de la droga hasta el momento en que empezaba el transporte hacia el sur del país. 

Viltes Monier solicitó la prisión preventiva de todos los acusados con el argumento de que hay peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También fundó su pedido en la falta de arraigo, destacó además informes de la Dirección de Migraciones que dan cuenta de "serias irregularidades" cometidas por estas personas en el ingreso y egreso del país, y recordó que la pena que podrían recibir sería de cumplimiento efectivo. 

Asimismo, resaltó la naturaleza y la gravedad del hecho, subrayó que la investigación está aún en estado incipiente, por lo que podrían surgir pistas que permitan identificar a otros responsables y a los proveedores del estupefaciente.

Los siete acusados decidieron declarar y reconocieron su participación en el hecho. Luego, la defensa se opuso al pedido de prisión preventiva afirmando que la acusación es débil y en que hubo inconsistencias respecto del arraigo de los detenidos. 

La jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, dio por formalizada la acusación, también ordenó la prisión preventiva de los siete acusados y autorizó una serie de medidas de prueba pendientes, entre ellas el análisis de varios teléfonos celulares secuestrados.

Al momento de resolver la jueza destacó la obligación del Estado argentino de abordar los delitos de narcotráfico.