Un delegado del juzgado ante la Junta Militar

Desde Santa Fe

El Ministerio Público tiene más pruebas de la participación del Juzgado Federal de Santa Fe en el terrorismo de estado. Las aportó uno de los funcionarios a los que investiga, Víctor Montti, quien estaba a cargo de la Secretaría Penal Nº 6 del ex juez Fernando Mántaras, en una indagatoria en la que señaló a su ex colega, Luis Rodolfo de Aguirre, que era el jefe de la Secretaría Penal Nº 2 hasta su cesantía, en febrero de 1978. Montti reveló un secreto guardado durante 45 años: el sumario que Mántaras le armó a De Aguirre en 1977 para echarlo del cargo, que incluye las cuatro pruebas que él mencionó en su defensa: el descargo del propio De Aguirre, quien explica que su “función anexa” como secretario de Mántaras era reunirse con los mandos de la inteligencia militar y el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe “para cambiar información sobre la lucha contra la subversión”. Dos informes del Ejército que confirman que De Aguirre asistió a todas las “reuniones de trabajo” en 1976, pero en 1977 sólo a la primera y lo definen como “amigo” y “colaborador” del jefe de Área 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y la declaración -en el mismo sumario- del ex fiscal federal Jorge Bruno, quien dijo que De Aguirre era el “encargado” de tener una “relación constante y permanente” con los mandos del Ejército que lo llamaron “a colaborar”. En el juicio a Brusa que terminó el viernes, se ventiló otra prueba que podría ser la quinta: una querella a Mántaras patrocinada en 1983 por el abogado Raúl Drago, que consideró un “hecho probado” que De Aguirre era el “delegado del Juzgado Federal de Santa Fe ante una Junta” que integraban “los servicios de inteligencia”. “Una grave ilegalidad” y “gran inmoralidad” en la “oscura noche” de la “dictadura militar”, la llamó. “El carácter de delegado del Juzgado ante esa Junta, por parte de De Aguirre, es imborrable”.

La indagatoria de Montti se realizó por zoom desde su casa en Mar del Plata. El juez Marcelo Bailaque le imputó que mientras era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, entre agosto de 1975 y junio de 1979, conoció “situaciones compatibles con la existencia de delitos de acción pública”, pero “no formuló la denuncia penal”. Y le mencionó catorce hechos que son los mismos que investigó el fiscal federal Walter Rodríguez, cuando denunció y pidió la indagatoria de Montti, en 2015. Ya entonces, el fiscal reprochó al ex secretario de Mántaras una “práctica sistemática” de “incumplimientos de los deberes de funcionario público por omisión de denuncias, ya que ante él se dejó constancia de confesiones arrancadas mediante métodos violentos" y a pesar de eso, “se abstuvo” de promover las investigaciones y cumplir la ley. Un “engranaje judicial” que “encajó a la perfección en el accionar" del terrorismo de estado, lo calificó el fiscal.

La declaración de Montti causó cierta sorpresa en el Tribunal porque desde aquella denuncia de Rodríguez, en 2015, el Ministerio Público reiteró cuatro veces el pedido de indagatoria y detención, el último impulsado por el fiscal Martín Suárez Faisal. La audiencia no es nueva: se realizó el 15 de diciembre. Lo nuevo es lo que Montti dijo al revelar que el “delegado” del Juzgado Federal ante el Ejército era De Aguirre. En estos tres meses, Bailaque no resolvió la situación procesal de Montti.

El juicio a Brusa que terminó el viernes, volvió a poner en foco a la “patota de saco y corbata”, como la llamó uno de sus perseguidos, Francisco Klaric. La abogada que patrocinó su querella, Lucía Tejera, dijo que el Juzgado Federal de Santa Fe “no era ni siquiera cómplice” del terrorismo de estado. “Era parte integrante y fundamental” del aparato represivo porque “legitimaba” los crímenes de lesa humanidad y garantizaba “la impunidad de sus perpetradores”. “Fue parte del plan sistemático de represión ilegal”, afirmó en su alegato.

Las pruebas las aportó Montti, en la otra causa, en la que citó en su defensa el expediente “De Aguirre, Luis Rodolfo sobre violación de los deberes de funcionario público”, que derivó en la cesantía de éste, en febrero de 1978.

*La confesión. En ese sumario, De Aguirre habló del “muy engorroso trámite de todas las causas del problema de la subversión, como se demuestra con las declaraciones de Víctor Brusa, Jorge Nuñez y el Dr. Bruno”. Además –dijo- el tenía como “función anexa asistir a las reuniones en el Comando de Artillería 121 para cambiar información sobre la lucha contra la subversión, lo que me absorbía mucho tiempo”. “Esto puede ser confirmado por el teniente coronel Carlos Alberto Rodríguez Carranza, subjefe del Area 212”. De Aguirre también era el “contacto permanente con el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia, entre otros con el oficial principal Carlos Rebecchi”, que operaba en San Martín y Obispo Gelabert. “Era tal la cantidad de expedientes vinculados con la subversión y efectos secuestrados, que se trasladaron a la planta alta del Juzgado”, donde trabajaban “Núñez, Brusa y Serralunga bajo la supervisión” de De Aguirre. Las llaves de la oficina “estaban en poder” de Mántaras y Brusa.

*Informes del Ejército. El 15 y 16 de diciembre de 1977, Área 212 respondió dos oficios de Mántaras. El primero lo firma el propio Rolón, quien le dice al juez que “durante el año 1976”, De Aguirre “concurrió a las reuniones de trabajo a fin de informar a esta Jefatura sobre la situación de los delincuentes subversivos que se encontraban en proceso ante ese Juzgado”, pero que en 1977 sólo había asistido “a la primera que fue de carácter informativo”. El segundo, amplía: las “reuniones de trabajo” en 1976 habían sido “cuatro” o “cinco”, que no era posible “determinar la fecha” y que De Aguirre concurrió como “amigo” y “colaborador” de Rolón “por su conocimiento de detalles de la situación de los delincuentes subversivos en el ámbito de la justicia”. Firma: el jefe de la plana mayor del Comando de Artillería 121, teniente coronel Luis Angel Scaparoni.

*La mano de Bruno. En el mismo sumario, declaró el fiscal federal Jorge Bruno, quien reveló que De Aguirre “tenía una relación constante y permanente” con los mandos del Ejército y de las “fuerzas policiales, tanto provinciales como federales”. La “represión” estaba a cargo del Ejército Argentino, con cuyos integrantes también fueron llamados a colaborar”. Montti dice que Bruno “se refiere” a De Aguirre.

*El delegado. En el último juicio a Brusa, una de las pruebas que valoró el Ministerio Público y la abogada querellante Lucías Tejera es una denuncia de Klaric y Orlando Barquín, el 16 de diciembre de 1983, a una semana de haber asumido el presidente Raúl Alfonsín. Klaric denunció a Brusa y Barquín a Montti. El 28 de diciembre de 1983, el abogado que los patrocinaba, Raúl Drago, promovió una querella. Es un “hecho probado por la propia manifestación del secretario De Aguirre que él era el delegado del Juzgado Federal ante una Junta integrada, entre otros, por los servicios de informaciones” de la dictadura. De Aguirre lo dijo en el “sumario que terminó en su cesantía”. Mántaras “nada dijo” sobre esa “grave ilegalidad”, que “violaba el principio constitucional de separación de poderes y los principios básicos que regulan el debido proceso”. Una “gran inmoralidad” durante la “oscura noche de la dictadura militar”. 

Drago ofreció como prueba el “sumario” que ahora agitó Montti en su indagatoria, 38 años después. Mántaras “dejó prescribir la causa penal” contra De Aguirre, quien “no fue llamado a declarar”. “Puedo suponer que esa omisión” se debió a que el cesanteado “sabía mucho” y “no se animaron a que declarara. Otra explicación no se puede encontrar a esa violación de la ley”, dijo Drago. “El carácter de delegado del Juzgado ante esa Junta, por parte de De Aguirre, es imborrable”.

De Aguirre falleció en diciembre de 2018.