En los próximos días, la defensa de tres de los manifestantes procesados por las pedradas en el Congreso mientras se votaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apelará la resolución que el viernes firmó la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que los procesó por intimidación pública y daño agravado. El tema deberá ser analizado ahora por la Cámara Federal porteña.
Así lo confirmaron a este diario los abogados María del Carmen Verdú (Correpi) y Martín Alderete (CADEP), que representan a tres de los seis manifestantes procesados.
Los hechos ocurrieron el 10 de marzo pasado cuando se debatía en la Cámara de Diputados el aval parlamentario para el entendimiento entre el gobierno nacional y el FMI. En medio de la protesta convocada por distintas organizaciones, un grupo de personas arrojó piedras contra las ventanas del Congreso, especialmente contra la del despacho de Cristina Fernández de Kirchner. La hipótesis que guió la investigación policial es que la oficina había sido previamente marcada con pintura roja desde el exterior.
Los procesamientos alcanzaron a seis personas a las que la Justicia logró individualizar a través de imágenes de cámaras de seguridad y de canales de televisión cuando arrojaban elementos contundentes contra el edificio histórico. Los acusados fueron identificados por medio de un informe pericial de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, en el que se utilizó un Software Biométrico de Reconocimiento Facial llamado Luna.
El viernes, Capuchetti, además, volvió a aceptar a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, como querellante después de que la letrada presentara un poder del Senado para intervenir en representación del Senado. La presentación había quedado en la nada después de una intervención de la Cámara Federal.
