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El gobierno de la Ciudad no solo pidió que les saquen los planes sociales a quienes protestan cortando las calles, sino que también pretende jugar al Gran Hermano con quienes reclaman por sus derechos: la propuesta fue poner a disposición del gobierno nacional las cámaras para identificar a los manifestantes en un paso agigantado hacia la criminalización de la protesta. La sugerencia –que esbozó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro– disparó una serie de cuestionamientos entre organizaciones de la sociedad civil, legisladores y académicos.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta mostró su preocupación por el control de la calle a raíz de las manifestaciones que tuvieron lugar en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que incluyeron dos días de acampe de las organizaciones de izquierda. En el gobierno porteño se preocupan por remarcar que las demandas están dirigidas a las autoridades nacionales, pero impactan en la gestión porteña que debe velar por la seguridad en las calles y ponen en contradicción los derechos de quienes demandan pan y trabajo con los de quienes deben transitar.
En esa sintonía, el ministro D’Alessandro salió a pedir coordinación con el gobierno de Alberto Fernández y, a la sugerencia de sacar planes, le sumó un aditamento más moderno: el uso de las cámaras que la Ciudad ha venido instalando en los últimos años. “Ponemos a disposición el sistema de videovigilancia de la Ciudad y todos nuestros recursos para que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para desarticular este tipo de situaciones que tantos perjuicios traen a los vecinos”, tuiteó el ministro el 5 de abril pasado, a modo de anuncio.
Cuestión de orígenes
Antes de viajar a Colombia, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, mantuvo una comunicación con D’Alessandro. El funcionario porteño planteó básicamente tres situaciones que son parte de la preocupación de los funcionarios larretistas: que la gente viene desde la provincia –con lo que sugiere que se los retenga allí–, que avanzan por el Puente Pueyrredón –que es competencia de las autoridades federales– o que llegan por la estación Constitución. Aníbal Fernández le hizo saber que no estaba en los planes del gobierno reprimir la protesta social y que tampoco iba a haber ningún cerrojo en Constitución. La charla fue en buenos términos, pero los puntos –dicen– quedaron claros.
Con respecto al ofrecimiento de las cámaras, en el Ministerio de Seguridad nacional responden que únicamente se usarían si hubiera algún “desmán” como sucedió el 10 de marzo pasado mientras la Cámara de Diputados debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la investigación judicial de los incidentes, tanto la Policía de la Ciudad como la Policía Federal (PFA) usaron los programas que manejan para la identificación de personas. La PFA –que trabajó con la jueza María Eugenia Capuchetti, que acaba de procesar a seis personas (ver aparte)– empleó el software biométrico de reconocimiento facial Luna Platform de la firma Trebax Biometrix S.A, según surge de la resolución que firmó el viernes.
“Lo de D’Alessandro es una chicana”, comenta alguien que conoce bien cómo funciona la relación entre el Ministerio de Seguridad nacional y la cartera porteña. “Sabe que no puede hacerse y que únicamente esas imágenes podrían usarse a pedido de la Justicia”.
Reconocimiento facial
El 3 de abril de 2019 se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Combate del Delito Transnacional y Procesos de Integración. En ese escenario, el entonces vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, anunció que la administración Larreta empezaría a utilizar un sistema de reconocimiento facial.
El anuncio de Santilli se materializó en una resolución que 22 días después puso en marcha el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El sistema es ejecutado por el Centro de Monitoreo Urbano –de la Policía de la Ciudad– y básicamente lo que hace es “filtrar” todas las imágenes que captan las cámaras diseminadas por la Ciudad con las imágenes que constan en la base de datos del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). La idea es que se use únicamente para detectar y capturar a personas buscadas por la Justicia. Durante la pandemia, estuvo suspendido.
La implementación del sistema de reconocimiento facial –que fue acompañado por severas críticas de organizaciones de la sociedad civil– pegó el salto a la esfera nacional de la mano de Patricia Bullrich. En octubre de 2019, la entonces ministra de Seguridad lo replicó en el programa conocido como de “ofensores en trenes”, que tuvo corta vida porque su sucesora, Sabina Frederic, lo derogó al entender que era una forma de criminalización que especialmente impactaba en los trabajadores que, además, estaban sometidos a que les pidieran identificación ante la mera sospecha de las fuerzas de seguridad.
¿Es constitucional?
En 2019, la Asociación de Derechos Civiles (ADC) pidió que se declare la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial. Sin embargo, no tuvo éxito. El 23 de marzo pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó abrir el planteo con los votos de Inés Weinberg de Roca –la excandidata a la Procuración de Mauricio Macri–, Santiago Otamendi –el exsecretario de Justicia de Macri–y Marcela De Langhe –que era la directora académica del centro de estudios donde se forman los policías de la Ciudad–. Para la ADC, fue una oportunidad perdida para debatir el reconocimiento facial en la Ciudad. El Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) también presentó un amparo colectivo contra el SRFP.
A los pocos días de que se empezara a implementar el sistema de reconocimiento facial, llegó a la Argentina el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci. La declaración del experto estuvo centrada en el descontrol de los servicios de inteligencia y en las filtraciones de escuchas, pero también le dedicó un capítulo a la vigilancia porteña.
Cannataci remarcó que el gobierno de la Ciudad había aumentado significativamente la red de cámaras de vigilancia y que antes de implementar el sistema no se habían hecho las evaluaciones de impacto sobre la privacidad que tendría –esa medición de impacto era fundamental porque las cámaras captan a todos aquellos que pasan delante de ellas–. “Soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud”.
La sombra del espionaje
La empresa que está a cargo desde 2019 del plan integral de videovigilancia de la Ciudad se llama Danaide SA. Un año antes se hizo conocida porque Cristina Fernández de Kirchner advirtió que su custodia –de la Policía Federal– había visto a tres operarios que intentaban instalar cámaras frente a su departamento de Juncal y Uruguay sin ningún papel que acreditara que lo hacían para el gobierno de la Ciudad.
Después del tuit de CFK, la empresa emitió un comunicado diciendo que no eran ellos quienes definían el lugar de la instalación de las cámaras. En simultáneo, se activó el chat de los espías conocidos como Súper Mario Bros. Una de la exagentes compartió una nota del portal El Destape con la denuncia de la expresidenta y le preguntó a otro de sus compañeros si él había tenido que ver. “No pero”, respondió entre carcajadas y agregó que la empresa trabajaba con la Policía de la Ciudad.
El intento de instalación de las cámaras frente al departamento de CFK se sucedió tres meses después de que un auto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fuera detectado fuera del Instituto Patria monitoreando los movimientos de la actual vicepresidenta. En ese entonces, la AFI explicó que estaba haciendo tareas de prevención en la causa que se había abierto en el juzgado federal de Lomas de Zamora por las cumbres mundiales que organizó el macrismo. En esa misma causa, la AFI pidió y consiguió acceso a las cámaras de la Ciudad.
Un carrera para criminalizar
Larreta dejó de ser una paloma a la hora de pedir castigo a quienes protestan cortando las calles en la Ciudad. Un grupo de diputados del PRO avanzó con un proyecto de ley en ese sentido y, un poco más a la derecha de la pared, el legislador Ramiro Marra –de La Libertad Avanza de Javier Milei– presentó una iniciativa para que no haya menores de 16 años en las marchas.
“La derecha está en una carrera loca por ver quién dice algo más estigmatizador y más criminalizador en una competencia en la que se metieron con Milei”, dice a Página/12 la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT). “No se sabe cuándo van a tocar fondo y, en este marco, atacan los reclamos sociales”.
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), habla de un endurecimiento del discurso y remarca, además, que el sistema de reconocimiento facial que emplea la Ciudad tiene un récord de identificaciones erróneas. “Lo que vemos ahora es que permanentemente se trata de llevar la discusión a si es delito cortar o entorpecer el tránsito. Si no hay delito, no hay delito. Si no, pasa como en Jujuy que hay presos por haber participado en una movilización”, resalta Verdú.
“Viola la ley de inteligencia”
La propuesta de D’Alessandro de usar las cámaras de la Ciudad para identificar manifestantes corre los límites del uso del sistema de reconocimiento facial que ya había sido fuertemente criticado por organizaciones como Fundación Vía Libre. “Contradice las explicaciones que se vienen dando sobre el reconocimiento facial y que únicamente impacta en la base CONARC. En este nuevo escenario, no se estaría buscando a un prófugo sino que se estaría identificando a una persona que está ejerciendo un derecho”, explica Beatriz Busaniche a este diario.
“¿Por qué el Estado haría reconocimiento facial de manifestantes? ¿Cuál sería el delito de manifestarse?” se pregunta Claudio Pandolfi, profesor de Legislación en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). “En todo caso, se puede recurrir a las cámaras ante la comisión de un ilícito para identificar a los posibles autores, pero hacerlo sobre quienes se manifiestan sería intervenir sobre derechos fundamentales”, dice Pandolfi. “Identificar manifestantes claramente está prohibido por la ley de inteligencia”, añade el auxiliar fiscal.
Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, coincide. “Está reñido con la ley de inteligencia. Significa ejecutar inteligencia por razones políticas”, remarca en comunicación con este diario.
Claramente quienes se manifiesten no tendrán motivos para sonreír: a la difícil situación económica, se sumará la certeza de que los estarán filmando.
