El diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri y al exsecretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por la presunta reunión que mantuvieron con empresarios horas antes de que el gobierno de Cambiemos dispusiera un cepo cambiario.

Según detalla la denuncia, Macri habría recibido en la Casa Rosada a Alejandro Asrin, de Tarjeta Naranja; Daniel Denigris, de la petrolera Exxon; Martín Guimaraes, de British AM Tobacco; Miguel Devoto, de Danone; y Alberto Arizu, de la bodega Arizu-Luigi Bosca. "Parece absolutamente legítimo sospechar que el expresidente adelantó a sus interlocutores en aquella reunión que iba a implementar el cepo cambiario ese domingo 1 de septiembre" de 2019, señaló Tailhade. Y remarcó que, tras ese encuentro, los empresarios habrían comprado grandes cantidades de dólares y los transfirieron al exterior.

Según detalló el funcionario del FdT, los funcionarios podrían haber advertido a los empresarios sobre las medidas que se tomarían el 1 de setiembre de 2019, después de que la fórmula Macri – Miguel Ángel Pichetto perdiera frente a la del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en las PASO por unos 16 puntos porcentuales.

En ese sentido, la denuncia reprocha a Macri y Lopetegui “una conducta que altera o pone en serio riesgo el buen funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales”, cuya condición es que “sea seguro, y, por lo tanto, confiable”.

“Debe tratarse de un mercado en el que todos (los de adentro, que poseen la información, y los de afuera, que no la poseen), desarrollen sus actividades en un marco de igualdad de participación y oportunidades”, señaló el diputado.

El delito 

Según precisó Tailhade, el presunto delito es el de "suministrar o utilizar información privilegiada, a la que se tuvo acceso en ocasión de la actividad, posición, cargo o función ocupada". Es decir, un caso de insider trading. "Está muy claro que el entonces presidente Macri cumple con esas exigencias normativas", apuntó el diputado.

La presentación alude a las figuras penales de "violación de secretos, defraudación con la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público e infracción de los artículos 307 y 308 de la ley 26.733".

Esa figura contempla penas de hasta ocho años de cárcel y “multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco años”.

La causa quedó radicada ante el juzgado federal número 11, a cargo del juez de Julián Ercolini.