Tres familias viven desde inicios de octubre del año pasado en la terminal de ónmibus del municipio de Pichanal, perteneciente al departamento de Orán, en el norte de Salta. El actual escenario se produjo luego de un violento desalojo que sufrieron 13 familias que se encontraban asentadas en un terreno privado del barrio Mataderos.
A raíz de ello, y ante la imposibilidad de contar con otro lugar, el propio intendente, Sebastián Domínguez, les habilitó las instalaciones del edificio mientras asumió el compromiso de buscarles una solución.
Sin embargo, pasaron siete meses y aún no encuentran una respuesta favorable. La mayor preocupación de las mamás que habitan el espacio, tiene que ver con la seguridad de los tres menores de edad que viven allí, pues relataron que sufrieron robos de sus pertenencias.
Una de las damnificadas es María del Milagro Ybarra, quien tiene hijas de 4 y 2 años. Contó que la llegada a la terminal se dio con la promesa de Domínguez, quien dijo que ayudaría a buscar un nuevo lugar donde pudieran instalar su casa. Sin embargo, pasados varios meses, aún no tienen una respuesta favorable. El último contacto que Ybarra tuvo con el jefe comunal fue hace unas semanas, cuando el funcionario le dijo que buscara un terreno y le avisara su costo para ver si podían comprarlo.
La mujer logró ubicar un terreno con el valor de 180 mil pesos, se lo informó a Domínguez, pero la respuesta obtenida fue que iba a tener que esperar porque el municipio no tenía recursos económicos para solventar ese gasto, aunque también le aseguró que ya había notificado la situación a organismos provinciales como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Después de ello, no volvió a establecer contacto. En un momento una asistente social recolectó información pero tampoco regresó.
"Mi hija empezó a ir a la escuela y no tengo ni la posibilidad de darle la lista de útiles, además que no puedo dejar a mi otra hija sola para llevarla a la escuela porque de por sí, el lugar es inseguro", narró la mujer a Salta/12.
Incluso hace un mes se desarrolló un corte de ruta a la entrada de Pichanal por un reclamo de viviendas. El intendente creyó que eran las familias que habitan la terminal y se contactó con ellas. "Le dije que no éramos nosotros, que quienes estaban sí pedían tierras, pero que no éramos nosotros", precisó. Acto seguido, Domínguez volvió a reafirmar el compromiso pues manifestó que le preocupaba la seguridad de las niñas.
Tras la ausencia de respuestas, las tres familias piden ser recibidas por el gobernador Gustavo Sáenz, para que "vea y escuche lo que nos está pasando desde hace meses", dijo Ybarra. "Es un lugar inseguro, la última vez nos robaron un ventilador, y nuestros hijos están aquí", insistió. Desde el municipio aún no dieron respuesta a las consultas de este medio.
El 30 de septiembre del año pasado, a las 6 de la mañana, un gran número de policías desalojaron a las 13 viviendas que ocupaban un terreno en el barrio Mataderos.
Según la versión que le llegó a las familias asentadas, esos terrenos pertenecen a un particular de apellido Gaona, pero nunca lo terminaron de confirmar. "Nuestros hijos vieron tantos policías que se asustaron, mientras ellos nos decían que íbamos a salir por las buenas o las malas", expresó Ybarra. En el lugar ya habían sido levantadas unas casas prefabricadas, pero fueron destruidas por los efectivos policiales.
En el caso de Ybarra, dijo que les torcieron las chapas y directamente "me tiraron la casa". Recordó que en ningún momento se les mostró una orden de desalojo, aún cuando las familias lo solicitaban.
Recién por la tarde de ese 30 de septiembre, se hizo presente el intendente Domínguez con la promesa de que regresaría horas después con una solución, pero "no volvió". "Esa noche dormimos en las calles", agregó la mujer. Ante la ausencia del jefe comunal, las personas desalojadas llegaron el edificio municipal al día siguiente y les dijeron que podían quedarse en el complejo de Pichanal. Allí estuvieron sólo una semana, ahí contaban con la asistencia alimentaria del municipio, que después se suspendió.
Con el paso de los días, el propio intendente les habilitó un salón de la terminal de ómnibus para que pudieran quedarse allí y contar con el baño. Las 13 familias fueron ahí por unas semanas, después algunas consiguieron un lugar donde acomodarse y abandonaron aquel espacio yendo mayormente a casas de familiares.
Sin embargo, las tres familias que aún se mantienen en el edificio no cuentan con un lugar donde asentarse. "Yo tengo a mi mamá y mi papá, pero no tienen lugar en su terreno porque ahí también vive mi hermano. Después mi tío no me quiso dar permiso en un pedazo de tierra que tiene", lamentó la mujer.
Al momento del desalojo las familias pudieron recoger algunas pertenencias que actualmente están siendo guardadas en un galpón del municipio, ubicado camino al río San Francisco.
