En la tarde noche de ayer se produjo un derrumbe en el complejo minero de Farallón Negro, a cargo de la empresa interestatal YMAD, presidida por Fernando Jalil. Los operarios aún no habían ingresado a la mina, sin embargo, enojados, cargaron contra su Presidente, aunque no quisieron dar expresiones "por temor a represalias", explicaron a este medio.

La situación se da en medio de los despidos de 7 operarios en el proyecto Sal de Vida por subcontratistas de la minera Galaxy Lithium en el Salar del Hombre Muerto. Primero fueron despedidos dos obreros tras un paro que llevó a una conciliación obligatoria con la intervención de la Dirección de Inspección Laboral. En las negociaciones las empresas Contreras-Mogetta BBC se negaron a la reincorporación de sus contratados y el mismo secretario de UOCRA, Víctor Hugo Brandán, hizo declaraciones en contra de las medidas de los trabajadores.

Empoderadas, dos semanas después (el viernes pasado) las empresas despidieron a 5 trabajadores más. Esta vez la UOCRA acompañó en la negociación, pero Contreras-Mogetta BBC también se negó a reincorporar a los despedidos, por lo que se anunció otro paro con corte de ruta para el 20 de abril.

Hay que agregar el acampe de vecinas y vecinos en la cuenca del río Choya. Denuncian derrumbes por movimientos con maquinaria pesada que realiza el proyecto MARA de la minera Agua Rica en las márgenes del río.

La seguidilla de hechos refleja un estado de vulnerabilidad en los acuerdos entre las empresas y el Estado, en un contexto donde Catamarca ocupa el tercer puesto en el país con mayor inversión minera por U$S1.244 Millones, según datos del Gobierno nacional.

El Ejecutivo Provincial parece jugar contra sí mismo en la búsqueda de consenso social en una actividad donde hay una marcada grieta. Moguetta BBC es una constructora que concentra otras obras del Estado y se comporta con la impunidad de un gigante, rompiendo promesas que el propio Estado realiza en relación con la actividad minera. Sus obreros no solo denuncian malas condiciones laborales, además aseguran que no se respeta el porcentaje de mano de obra local que forma parte de los acuerdos que las empresas mineras toman con el Gobierno. 

En tanto, durante las últimas semanas, la minería entró en la zona de disputa entre la oposición y el oficialismo, a partir de la discusión sobre los acuerdos que el Ejecutivo impulsó con las mineras Galaxy Lithium y Liex S.A., y la judicialización de la sesión en Diputados, que aún con la proclamación de ley del Senado deja un capítulo abierto para que la Corte de Justicia Provincial se expida.

Los acuerdos en sí, plantean una ecuación superadora en cuanto a la percepción de las regalías por parte de la provincia, ya que establecen un 3,5% que se calculará sobre la facturación de la comercialización de las mineras y no sobre la cuestionada declaración en boca mina.

Aun así, la cifra parece no contentar ante una actividad de alto impacto ambiental en las zonas de explotación. En tanto la Nación obtiene el 35% de ganancia, 21% de IVA y 8% de retenciones, explicaron desde el mismo gobierno.

En un contexto internacional favorable por el valor estratégico que representa el litio, el Ejecutivo viene implementando cambios que a primera vista se muestran positivos en la distribución provincial y la inversión en obras de las regalías mineras.

Ahora bien, el consenso social se basa en la seguridad que el Estado pueda dar acerca del control ambiental, la generación de puestos de trabajo, y el desarrollo de obras sustentables a partir de las ganancias de la actividad minera.

Ese paquete es parte de la crítica histórica que la minería aún no logra saldar, y parte de lo que los trabajadores mineros, tímidamente y bajo mucha presión han empezado a demandar. Una sustentabilidad que no recaiga sobre la flexibilización laboral, que no quede solo del lado empresarial.