El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla desmontó con una resolución la insólita campaña desatada por el macrismo y que consistió en adjudicarle al magistrado una especie de legalización de la toma de tierras en Los Hornos con el argumento de que “la toma se realizó de día”. Ramos Padilla explicó que la fiscalía no acusó a nadie, que no hay ningún imputado y que por lo tanto no hay, constitucionalmente, sanción penal alguna. Además, el Estado nacional --propietario del terreno-- lo cedió para que se haga una urbanización y existe una mesa de negociación de todas las partes para que el nuevo barrio, en el que viven 200 familias, tenga todos los servicios. La Provincia de Buenos Aires avanzó con la parcelación --es decir que los terrenos están divididos--, algunos de los habitantes ya tienen una posesión otorgada por la provincia y hoy en día hay una cierta demora en la provisión de los servicios, como agua y luz. El que se opone es el Municipio de La Plata, gobernado por Cambiemos, que especialmente teme que a los alrededores de la ciudad converjan ciudadanos humildes, votantes del peronismo. Para acaudillar a los vecinos de la zona, el municipio también usa el tradicional argumento de que aumentó la inseguridad.

Durante todo el fin de semana, las figuras opositoras hicieron cola para embestir contra la decisión del juez Ramos Padilla de archivar la causa por la toma de Los Hornos. Se basaron en información falsa: “El magistrado sostuvo que no hubo delito porque se hizo de día y a la vista de todos”, “para el juez no hubo ilegalidad porque fue sin violencia y de día”, publicaron algunos medios. Enseguida, figuras de Cambiemos como María Eugenia Vidal y Miguel Angel Pichetto se despacharon con todo tipo de calificativos contra el magistrado.

Semejante campaña movió al juez a explicar en una resolución su decisión de archivar la causa. Estos fueron sus fundamentos, que no tienen nada que ver con que “fue de día” o “no hubo violencia”.

* El punto principal, es que no hay ninguna acusación fiscal y un juez no puede pronunciarse si no existe un impulso fiscal en el que queda claro qué delito se cometió y quién lo cometió.

* Ramos Padilla relató que cuando asumió en el juzgado, en marzo de 2021, el expediente ya llevaba un año, ninguna autoridad judicial anterior había ordenado el desalojo y nunca hubo imputación fiscal que apuntara a una sanción penal.

* “El titular del inmueble, el Estado Nacional, así como los ocupantes habían entablado un diálogo democrático tendiente a la solución del conflicto social y habitacional. Por lo tanto, no existe conflicto actual o perjuicio para el titular”, escribió el juez.

* El titular del inmueble --la Nación a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)- tomó la decisión de impulsar la urbanización para resolver el problema social. El propio Estado nacional declaró que “el terreno no tenía un destino útil ni una afectación específica”. Por esa razón se le hizo una cesión a la Provincia de Buenos Aires. Aunque el juez no lo dice, hubo decenas y decenas de cesiones del Estado nacional para construir viviendas del Plan Procrear y, más sórdido, Cambiemos entregó enormes extensiones para emprendimientos inmobiliarios millonarios, en especial de los amigos del macrismo.

* El juez menciona que una vez establecido el diálogo, también se puso en marcha la participación de las tres instancias, nacional, provincial y municipal para solucionar los problemas. El municipio argumenta que hay riesgo de inundación en una parte de los terrenos. En ese caso, el magistrado señaló que el propio municipio debe instrumentar una reubicación, dado que tiene presupuesto para esas situaciones.

* El juez aclara que decidió el archivo --no definitivo-- de la causa, por no haber sido acusada ninguna persona. Hay planteos tal vez pendientes, pero relacionados con cuestiones civiles --títulos de propiedad-- y administrativas --dotación de servicios--, pero que no corresponden a la Justicia penal.

* En su resolución explicativa, Ramos Padilla señaló que tuvo muy en cuenta “la trágica experiencia del Parque Indoamericano, en el que la intervención de la Justicia penal arrojó como resultado tres víctimas faltas y graves heridos, momento a partir del cual se decidió la formación de una mesa de diálogo. "En el presente caso, esa mesa ya está funcionando", apuntó. La propia jueza que actuó en el caso del Indoamericano, Elena Liberatori, consignó que la solución de un conflicto de esta índole “debe ser política y resuelta por un organismo con facultades para dar respuesta a una problemática social, que escapa al ámbito penal”.

* ”Decir que el fallo otorga una carta blanca para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas”, concluyó el magistrado.

* Finalmente, Ramos Padilla notificó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de su decisión por si quisieran impugnar la resolución y poner en marcha los recursos que les parezcan.

En realidad, los dirigentes del macrismo desataron la increíble ofensiva contra la decisión de Ramos Padilla por varios motivos. La principal, la defensa de la propiedad privada cuando las cesiones del Estado van hacia los humildes. No tienen problemas en que las cesiones sean para los grandes proyectos inmobiliarios.

En segundo lugar, obviamente, tienen al juez entre ceja y ceja ya que desde Dolores impulsó la investigación que tuvo como protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio. El magistrado desnudó buena parte de la trama de armado de causas, espionaje ilegal y extorsiones de la alianza entre Comodoro Py, la AFI y Cambiemos.

Pero, además, el Municipio de La Plata interviene con varios argumentos. El que hace más explícito es que los terrenos son inundables y por lo tanto los ocupantes corren peligro. A eso el juez le contesta que lo resuelvan trasladando a las personas que están en los lotes más complicados. Es una cuestión social, no penal, les dice el magistrado. Por otro lado, aunque no lo dicen públicamente, por lo bajo sostienen que aumentó la inseguridad, algo que en todo caso deberán resolver con las políticas adecuadas. A esto le agregan que convalidar lo de Los Hornos --ocurrido hace dos años-- incita a otras tomas, lo que también se afronta con prevención y, especialmente, con políticas de hábitat. Finalmente, y esta es tal vez la razón más trascendente, está la cuestión electoral: Cambiemos no quiere que a los alrededores de La Plata vayan habitantes del Gran Buenos Aires, en especial de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes o incluso de la cercana Guernica, que son todos de fuerte votación peronista en los sectores humildes.

Hoy por hoy, el gobierno bonaerense logró la parcelación del barrio, es decir que cada uno de los habitantes tiene su lote definido. Algunos ya han recibido la posesión, no la escritura. En cambio viene más lenta la conexión del agua y de la luz: son cuestiones en las que se está trabajando.