Desde la oposición salieron a marcarle la cancha al intendente Pablo Javkin sobre el proyecto de ordenanza antilavado que la semana pasada envió al Palacio Vasallo para su tratamiento. Si bien celebró la decisión de avanzar en un proyecto de esas características, el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura), señaló: "Es un muy buen primer paso, pero no estamos dispuestos a votar cualquier cosa". A diferencia de la iniciativa del Ejecutivo, el bloque impulsa debatir la creación de un cuerpo específico de inspectores cuya tarea sea la de relevar la información enviada por las distintas áreas del municipio, y que a partir de ahí se encare una investigación. "Es más permisiva que la ordenanza actual, es increíble pero relaja los controles a los grandes inversores", disparó la concejala Norma López (Frente de Todos-PJ) luego de analizar el proyecto del oficialismo. "Nos encontramos con varias inconsistencias y omisiones al menos preocupantes”, planteó la edila justicialista. 

Luego que el intendente Javkin enviara su proyecto de ordenanza antilavado, que comenzará a tratarse en la Comisión de Gobierno que preside la concejala Caren Tepp (Ciudad Futura), desde su bloque, el más numeroso con cinco representantes, el concejal Monteverde celebró que la máxima autoridad de la ciudad le dé a la cuestión del lavado de activos la importancia que tiene, pero anticipó que propondrán modificaciones. 

"Hace 10 años, por nuestras propias luchas y nuestros propios muertos, venimos diciendo que Rosario cuadruplica la tasa de homicidios a nivel nacional porque es la capital nacional del lavado de dinero. También nos decían que desde el municipio no se podía hacer nada, un poco la batalla que damos siempre. Pero no era tan así porque el municipio está actuando", dijo Monteverde, para quien uno de los pocos consensos transversales en todas las fuerzas políticas es que para terminar con la violencia en serio "hay que ir contra el delito de guante blanco".

Según Monteverde, se diferenció del proyecto de Javkin que propone la creación de una Unidad de Control integrada por representantes de las secretarías de Gobierno y Hacienda, y de un miembro del Tribunal de Cuentas, y de las iniciativas presentadas por la concejala Marina Magnani y Martín Rosúa, e incluso el de la ordenanza vigente. La propuesta de Ciudad Futura es conformar una Agencia de Justicia Urbanística, plantea crear un cuerpo específico de inspectores formados e idóneos, y que los pliegos pasen por el Concejo para que cuenten con todo el respaldo político. 

"Así como hay inspectores que salen a las calles a controlar que los comercios tengan habilitación, proponemos que haya inspectores de la exGUM a disposición de la división antilavado que cuando observen alguna maniobra extraña, que no cierre el patrimonio con lo que se esté presentando, en habilitaciones y construcciones, puedan ir hasta el lugar y clausurar preventivamente por maniobras sospechosas", explicó.

"Estamos de acuerdo con que se controlen la mayor cantidad de actividades posibles, pero si esto implica controlar remiseros y taxistas y dejar de hacerlo con los grandes inversores, como los fideicomisos, el objetivo de estos instrumentos se convierte en puro humo, señaló la concejala López, para luego afirmar que "se corre un enorme riesgo: que se termine persiguiendo a trabajadores y se alivie el camino a los criminales organizados”. 

La concejala peronista puso énfasis puntualmente en el artículo 4 de la ordenanza 9204 en vigencia, que exige una importante cantidad de documentación a personas jurídicas y fideicomisos para conocer el origen de los fondos, algo que el nuevo proyecto del Ejecutivo no contempla. "Los fideicomisos, así como otros fondos de inversión y/o sus administradores, se han popularizado en la ciudad por el boom de la construcción, se trata de enormes cantidades de dinero invertido de las que hay que tener información fehaciente y clara acerca de su origen", apuntó. 

"Si bien los objetos que alcanza el proyecto oficialista se amplían, se reducen considerablemente los controles sobre los fondos patrimoniales que conforman los fideicomisos, por ejemplo, algo que sí contempla la norma vigente. Un ejemplo claro es que ya no se solicitará, ni a las empresas, ni a los inversores o socios constancias que acrediten que no están concursados o fallidos”, agregó López. 

"La ordenanza vigente es un instrumento legal que jamás se utilizó como correspondía, incluso se reglamentó dos años después de aprobarse y es una de las tantas normativas incumplidas por esta gestión. Ahora proponen otra para derogar la que nunca cumplieron y con estos relajamientos en los controles a los grandes inversores. Nos preocupa y nos pone en alerta; vamos a modificar el proyecto del intendente", concluyó.