La movilización de cineastas, estudiantes y trabajadores de la industria cinematográfica, que se había congregado en la puerta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) para reclamar la renuncia de su presidente, Luis Puenzo, terminó de manera violenta. Los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que llegaron hasta la puerta del instituto reprimieron y detuvieron a los manifestantes. El ministro de Cultura, Tristán Bauer, estuvo en el instituto poco después de la represión y anticipó cambios en el Incaa. Sobre el final de la jornada fuentes del Gobierno nacional aseguraron que el ministro ya le habría pedido la renuncia a Puenzo.
La movilización había sido convocada para reclamar la renuncia de Puenzo y las políticas que venía implementando. Según el colectivo Documentalistas de Argentina (DOCA) ese cambio es imperioso porque de lo contrario "se le dicta sentencia de muerte a una cinematografía que en sus distintas escalas de producción se ha sabido construir como una de las más importantes del mundo”.
En un editorial de la revista de Directores Argentinos Asociados (DAC), se explicó: “Avanza el año 2022 y la ley 27.432, promulgada entre gallos y medianoche el 28 de diciembre de 2017, continúa vigente, en medio de la inacción de quienes pueden detenerla”. Desde el punto de vista de la asociación de realizadores audiovisuales, la normativa busca desfinanciar de manera solapada al “cine y la cultura nacional que, en la práctica, pasarían a depender sólo de la inversión privada”. En su artículo n° 4 se establece el 31 de diciembre de 2022 como fecha de caducidad para las asignaciones de los fondos específicos que nutren los recursos para el fomento de la producción del Incaa, el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional del Teatro (INT), las bibliotecas populares y otros organismos y programas que percibe y distribuye el Ente Nacional de Comunicaciones. El artículo “se agita como una gran espada sobre la vida de las industrias culturales argentinas”, señalaron desde DAC.
En ese contexto se desarrolló la movilización. Poco después de las 17, la marcha estaba llegando a su fin frente al edificio del Incaa, sobre la calle Lima –entre Moreno y avenida Belgrano– cuando la Policía porteña decidió habilitar a la fuerza el tránsito. Rápidamente se formaron dos grupos: de un lado, los efectivos con sus escudos; del otro, los cineastas, varios de ellos con sus cámaras para registrar los hechos. En medio de los incidentes, al menos tres personas fueron detenidas, entre ellos Juan Mascaró (presidente de DOCA) y Andrés Nicolás Mariewicz (estudiante de cine que hasta anoche continuaba detenido).
“Hubo represión. Se llevaron detenides a tres compañeres: liberaron a dos y uno quedó todavía. Tenemos el apoyo de abogadas y abogados, está también ATE Nacional y el ministro de Cultura, que se hizo presente en la movilización”, explicó la directora Andrea Testa a Página/12 desde el lugar de los acontecimientos. Según la realizadora, el funcionario consideró la situación del sector como un asunto de urgente resolución. “Algunes representantes de esta movilización nos reunimos con el ministro cuando llegó, porque las puertas del Incaa fueron cerradas en medio de los empujones y los golpes de la Policía. Hubo una decisión de cerrar las puertas y no pudimos ingresar para nuestro resguardo”, agregó.
Poco después, el propio Bauer dijo ante los periodistas que "va a haber cambios en el Incaa porque la intención es darle solución a una situación tensa”. Testa lo reconfirmó: "Se reúne con Luis Puenzo para pedirle la renuncia”, subrayó. Según la directora, Bauer se comprometió a cambiar el rumbo del Instituto, llamar a concurso al rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), reincorporar a sus funciones a la secretaria académica de la Escuela —quien había sido arbitrariamente despedida— y convocar al Consejo Asesor para que retome sus actividades de co-gobierno en la nueva gestión del Instituto. La prioridad es abrir una mesa de diálogo que incluya las voces de todas las asociaciones de cine y los trabajadores del Incaa “como debería haber sido desde el inicio de esta lamentable gestión de Luis Puenzo”, señaló la cineasta.
El director Francisco Márquez, por su parte, narró la secuencia de hechos que desembocaron en la represión policial: “Estamos acá desde las 3 de la tarde en una convocatoria que reunió a todo el arco del sector audiovisual. Vinimos a reclamar la renuncia de Luis Puenzo y cuando nos estábamos yendo, la Policía nos empujó con los escudos hacia la vereda, algo que estábamos haciendo voluntariamente. En ese momento se tropieza un estudiante de la Universidad de La Plata (Mariewicz), la Policía lo agarra y se lo lleva”.
Márquez informó a este diario que hubo otros dos manifestantes que estuvieron demorados en un patrullero (entre ellos Mascaró, detenido a dos cuadras del lugar de los hechos). “Para nosotros la única salida es la renuncia de Puenzo y una nueva gestión a puertas abiertas, que escuche a la comunidad. Estamos pidiendo que no se terminen los recursos del cine, que haya un Plan de Fomento que pueda atender a la diversidad de nuestra cinematografía, políticas que promuevan la actividad en las provincias, más espacios Incaa y una Cinemateca Nacional como lo establece la ley”, enumeró el director y agregó: “No queremos solamente un cambio de nombres sino un cambio total de orientación y de políticas, porque todo va en dirección a priorizar los capitales privados y las grandes corporaciones. Lo que está en juego es quién cuenta las historias: si las va a contar Netflix, Amazon o va a haber un apoyo del Estado para contar nuestras propias historias”.
Según Fernando Krichmar, realizador integrante del colectivo Unidos por la Cultura y DOCA, “el pedido de renuncia de Puenzo no es un capricho; son dos años de no ser escuchados. Él confirmó el Plan de Fomento que metió el macrismo en 2017, mantuvo a casi todos los gerentes de la anterior gestión y no respetó la Ley de Cine que establece la convocatoria del Consejo Asesor”. Con respecto a los eventos durante la movilización, aclaró que no hubo ninguna agresión por parte de los manifestantes: “Había directores, productores, estudiantes de cine. Gente muy tranquila, pero estos bestias vinieron con sus escudos, empezaron a empujar y a provocar a la gente con la excusa de que querían liberar una calle”. Krichmar destacó la respuesta de Bauer y expresó: “Hay que ver si todo eso se cumple o cae en saco roto”.
El titular de la cartera de Cultura anunció públicamente que se abrirá una nueva etapa en el Instituto. “Con respecto a Puenzo, me voy a reunir con él, pero va a haber cambios en el Incaa porque la intención es darle solución a una situación tensa”, expresó Bauer en una breve e improvisada conferencia de prensa mientras los manifestantes gritaban “¡Fuera Puenzo!”. El funcionario subrayó que “para este gobierno la producción de contenidos nacionales es fundamental”, pero aclaró que las leyes de fomento tendientes a favorecer esa política “dependen del ámbito legislativo”.
En un comunicado oficial, el ministerio de Cultura de la Nación expresó “su más enérgico repudio ante el accionar de la Policía de la Ciudad, que generó los incidentes y la detención de tres trabajadores y estudiantes, que estaban manifestándose pacíficamente en las puertas del Incaa”. Desde la cartera a cargo de Bauer declararon que todos los trabajadores y trabajadoras tienen “pleno derecho a expresar sus reclamos libremente sin que eso implique enfrentamientos de ningún tipo con las fuerzas de seguridad”. Así, se acordó dar comienzo a una nueva etapa para trabajar articuladamente entre los y las representantes del sector audiovisual con el objetivo de “fortalecer nuestro cine nacional”.
La vigencia del Plan de Fomento 2017 que obstruye el cobro de cuotas y adelantos para películas, la falta de políticas en materia de distribución y exhibición del cine nacional, la escasez de concursos y convocatorias para operas primas o políticas de fomento federales de ficción y animación, el desfinanciamiento de festivales y muestras, el incumplimiento de la cuota de pantalla (y su inexistencia en las plataformas), la paralización del Consejo Asesor y las nulas políticas para evitar la caducidad del Fondo de Fomento son algunos de los principales puntos que desataron las tensiones y los reclamos en el sector.
