En medio de una crisis institucional que amaga con estallar, el Consejo de la Magistratura tendrá este miércoles el último plenario previo al probable desembarco del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en el organismo. Habrá dos cuestiones centrales en el temario: la votación de una resolución para que el cuerpo pueda cumplir funciones administrativas en caso de que no estén para el lunes próximo la totalidad de los nuevos consejeros (acorde a la integración de la ley derogada que decidió reponer el máximo tribunal); la otra cuestión clave es que se intentará la aprobación de ternas pendientes en por lo menos 20 concursos (para 56 cargos), que desde fines del año pasado son obstaculizados por Juntos por el Cambio y sus aliados (incluidos jueces y abogados). En el paquete están incluidos tres juzgados de Comodoro Py y la Cámara Federal, donde todavía están atornillados los dos jueces nombrados por el mecanismo de  traslado, a dedo, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. 

Este lunes hubo una sesión plenaria muy breve en la que el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, propuso pasar para el miércoles los temas más sensibles, en los que no resultan sencillos los acuerdos. Después hubo reunión de la Comisión de Selección. Diarios y portales afines a la oposición intentaron marcar la agenda desde temprano con un mensaje tramposo: adjudicar al Gobierno la intención de aprobar --"apurar", decían-- las ternas de jueces/zas federales antes del desembarco de Rosatti y de los cambios en el Consejo a medida del fallo de la Corte. Desde fin del año pasado y antes también, JxC y un puñado de aliados judiciales bloquean los nombramientos. Es simple: quieren poner sus propios candidatos/as, con la misma lógica que se movió siempre el gobierno de Mauricio Macri de moldear la Justicia. Más aún si se trata de lugares en los despachos de los tribunales de Retiro. 

Reglas de emergencia

A esta altura se sabe que la Cámara de Diputados no aprobará ninguna ley que reforme el Consejo antes del viernes, la fecha límite que estableció la Corte. Por eso nadie descarta que la semana próxima directamente se presente Rosatti para asumir el cargo que le correspondería, al frente del Consejo, en el esquema de la ley de 1997 que el tribunal decidió restablecer, con 20 consejeros. Hoy son 13 consejeros/as y deberán asumir siete más, con el cortesano incluido. Ya fueron elegidas dos abogadas, una jueza y el lunes se sumará un/a académico/a, pero está en duda que el Congreso mande sus representantes, uno/a por cada cámara. Allí se abre otra discusión: a qué fuerza política le corresponde ese/a representante por la segunda minoría. Los radicales y JxC dicen que a ellos. En el Frente de Todos sugieren que el senador/a les corresponde por la representación que tenía Unidad Ciudadana en 2018, cuando comenzaron los mandatos vigentes. Ante este escenario, hay quienes dicen que se puede sesionar si hay quórum (12 personas). Pero el fallo de la Corte que el propio Rosatti firmó dice que los nuevos "iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea". 

El presidente del Consejo, Alberto Lugones, y un grupo de consejeros/as planean votar este miércoles una resolución especial para funcionar en un período de emergencia y transición que vislumbran. La disposición le daría a Lugones facultades de regular la administración, que es lo que les preocupa que no deje de funcionar: el pago de sueldos, alquileres, contratos, entre otras cosas. El enigma es qué hará Rosatti frente a esa situación, si se erige él en nuevo presidente. 

Los concursos 

Cualquiera que conoce los vericuetos del Consejo, sabe que hay ternas aprobadas en comisión entre el año pasado y el verano, y que incluso debieron haber salido antes. Para que las convalide el plenario hacen falta dos tercios de los votos. Los concursos que más recelos generan son los de Comodoro Py. La oposición ha hecho notar un particular interés por el caso de la Cámara Federal, donde los trasladados Bruglia y Bertuzzi fueron habilitados a quedarse hasta que termine el proceso de selección. El primero no se postuló. El segundo rindió examen pero no sacó buen puntaje y consejeros como el macrista Pablo Tonelli insisten en incluirlo en la terna, lo que implica subirlo desde el puesto 21. La Cámara es un tribunal estratégico en las causas que hoy afectan al macrismo (las que apuntan al kirchnerismo ya pasaron por ahí). 

El oficialismo en el Consejo cuenta al menos con siete votos, pero necesita nueve. La gran paradoja es que la corporación judicial se queja siempre de las vacantes (cerca de un 30 por ciento) crónicas en juzgados y tribunales, y sin embargo dos jueces que integran el Consejo (Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta) se resisten a votar. Es evidente que quieren negociar cargos.

Para este miércoles está previsto el tratamiento de dictámenes en una veintena de concursos, para 56 cargos de jueces y juezas de todo el país. Además de tres juzgados en Comodoro Py, los dos puestos en la Cámara y seis cargos en tribunales orales porteños, hay postulantes preseleccionados para un juzgado de Clorinda, para dos cargos en la Cámara de Mendoza, un juzgado en Puerto Iguazú, dos juzgados civiles de primera instancia, un juzgado federal en Corrientes, un cargo en un tribunal oral de Santiago del Estero, un camarista en Formosa, cuatro juzgados civiles, seis puestos  en tribunales orales porteños, un cargo en la Cámara de Mar del Plata, cinco en tribunales orales de San Martín, uno en la Cámara de de Tucumán, ocho puestos de jueces/zas civiles, un cargo en un tribunal oral de General Roca, ocho cargos de jueces del trabajo y dos cargos en tribunales en lo penal económico. 

Nombres en danza 

Para la Cámara Federal el principal dictamen, de la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) propuso estas dos ternas: una integrada por el juez de Tucumán Fernando Poviña, la fiscala de Lomas de Zamora Cecilia Incardona (quien investigó la trama de espionaje del macrismo) y el juez en lo penal económico Javier López Biscayart; la otra compuesta por la coordinadora de la Unidad fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres Agustina Rodríguez, el fiscal de CABA Gonzalo Viña, y el juez de San Martín Julio César Di Giorgio.

Para el Juzgado Federal 12, que ocupaba Sergio Torres, la propuesta de Graciela Camaño y Diego Molea postula al secretario del juez Ariel Lijo, Diego Arce, el fiscal Leonel Gómez Barbella (se ocupó de la investigación de la asesinato de Lucas González que involucra a policías porteños y ahora del caso de los afiches contra Cristina Kirchner), y el juez Di Giorgio. Para los juzgados 6, que ocupaba Rodolfo Canicoba Corral, y 11, el del fallecido Claudio Bonadio, la dupla Lugones-Tonelli impulsó dos ternas: la primera integrada por el juez porteño Gonzalo Rúa, el secretario de un tribunal oral de San Martín César Cina y la secretaria del Juzgado Federal 12 Mabel Castelnuovo; la segunda terna incluye a Albertina Caron, secretaria del juzgado de Daniel Rafecas, Matías Latino, secretario de la Cámara de San Martín, y Raúl Roust, secretario del juzgado federal de Campana.