El Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Producción, se hizo eco de la demanda de unos 170 productores y agricultores familiares del departamento de Cachi, en los Valles Calchaquíes, quienes el febrero pasado perdieron más del 80% de su producción tras un temporal de viento y granizo.
Fueron unas 315 las hectáreas afectadas por la tormenta que involucró la zona de Cachi Adentro, La Aguada, Las Trancas Banda Sur, El Algarrobal, Paraje Quilmes, San Miguel, Fuerte Alto Banda Sur y Fuerte Alto Banda Norte.
El pedido había llegado vía legisladores locales. Uno de ellos, el senador oriundo de esa zona, Walter Wayar, presidente de la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería, solicitó que además de la emergencia, se apoye a estos productores para que mejoren sus sistemas productivos, que “son de supervivencia” y “estacionales”, para así mejorar su calidad de vida. Recordó tambien que lo que habían perdido, era en su mayoría, lo que ellos mismos consumen o utilizan para intercambiar durante el año.
Al mismo timepo se elevó la solicitud para declarar el estado de excepción a través de la conformación de la Comisión de Emergencia agropecuaria, que luego de una serie de relevamientos en el lugar junto a técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, consideraron que había daños superiores al 80% en casi todas las producciones de la franja afectada por la tormenta, lo que amerita catalogar el hecho como de “desastre agropecuario” según la Ley 6.241.
De la evaluación in situ participaron integrantes de la Comisión de Producción de la Cámara de Diputados, la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería de la Cámara de Senadores; el intendente de Cachi, Américo Liendro; organismos del Estado nacional con trabajo en territorio como el INTA, el SENASA, la SAFCI, la Sociedad Rural Salteña, el Banco Nación, la Cámara Regional de la Producción y la Dirección General de Rentas (DGR).
En esas zonas predominan plantaciones de pimiento para pimentón, pimientos para morrón, tomate y porotos pallares, así como vid, maíz, durazno y manzanas. Todos sufrieron daños irrecuperables, principalmente por el nivel de avance del cultivo. También se vio afectada la alfalfa que sirve para alimentar la hacienda. Por eso, una de las primeras ayudas fue la de enviarles soja desactivada para consumo animal.
El decreto 234/22, que emitió el gobierno de la provincia, declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en Cachi para aquellos productores agropecuarios cuyos cultivos se vieron afectados por la caída de granizo. La medida tiene vigencia desde el 1 de abril y se extenderá por un año, hasta el 31 de marzo de 2023. Será la Secretaría de Desarrollo Agropecuario la autoridad de aplicación de la Ley 6.241, que establece el Régimen Provincial de Emergencia o Desastre Agropecuario.
Los productores cuyos cultivos fueron afectados con más del 50% de daños, deberán efectuar la presentación con carácter de declaración jurada hasta el lunes 9 de mayo. Entre otros beneficios, la normativa estipula la eximición del pago de algunos cánones como el de Actividades Económicas y el impuesto inmobiliario; además, suspende ejecuciones judiciales, otorga créditos a baja tasa y, por sobre todas las cosas, aporta ayudas materiales para la subsistencia del ganado y para poder encarar nuevos cultivos.
Regularización dominial
El Ministerio de la Producción informó también que se creará una Unidad Ejecutora Provincial para abordar la problemática de la regularización dominial rural de familias criollas del Chaco salteño y así poder aplicar la Ley 7.658, que ordena dicha regularización y cuenta con su reglamentación desde 2017.
Esa norma ordena crear un “Registro provincial para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales” y prevé asistencia para esas familias. La Unidad Ejecutora Provincial estará integrada por representantes de las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Tierra y Bienes, de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y de Justicia que deberán realizar un abordaje territorial integral, tanto en lotes fiscales como en tierras privadas.
La unidad contará con un presupuesto de $23 millones y adelantaron que está prevista la adquisición de movilidad y un equipo de mensura que contruibirá al trabajo a realizarse en el territorio.
Desde la cartera indicaron que las asociaciones de la zona fueron anoticiadas a través de dos reuniones que se realizaron en Capitán Pagé, con las organizaciones que integran la Mesa de Organizaciones Territoriales Ruta 81, y en Los Blancos, con la Mesa de Organizaciones Campesinas Criollas del Chaco Salteño.
La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas, explicó que las organizaciones contribuyen con la identificación de los diferentes casos que hay en territorio, “tanto quienes están ocupando lotes fiscales, como quienes están en privados”, para que luego el equipo de técnicos evalúe el accionar en cada caso.
“Uno de los problemas detectados es la falta de conocimiento por parte de los productores de los derechos que los asisten”, destacaron. Es por ello que se sumaron profesionales de la Secretaría de Justicia para aportar asesoramiento. Mientras que en las situaciones que ya tengan sentencia judicial firme, “la Unidad buscará mediar entre privados y poseedores”. Además, recordaron que las ejecuciones de sentencia relacionadas a desalojos o desocupación de tierras están suspendidas hasta el 31 de diciembre de 2023.
En julio próximo el Ejecutivo provincial deberá presentar los avances de la Unidad Ejecutora a la Legislatura. La regularización dominial es parecida, pero a nivel provincial, a la que ordena la ley en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
