Los fiscales santafesinos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández solicitaron ayer la celebración de audiencia imputativa para formalizar su acusación contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y tres funcionarios más de esa gestión, por supuestas irregularidades en una licitación pública para la compra de armas policiales, por un monto de 1400 millones de pesos.

En la Oficina de Gestión Judicial dieron curso al pedido y lo derivaron al juez penal Nicolás Falkenberb, quien dispuso que la audiencia se realice con la única presencia de los fiscales, dado que los acusados aguardan esta instancia en libertad y, por lo tanto, no es preciso realizar el trámite  del control de legalidad de la detención, explicó una fuente del MPA. De acuerdo al pedido de los fiscales, la audiencia se haría el martes 19, pero eso no está firme. "Estamos a la espera de que el MPA fije la fecha", dijo ayer el abogado Hernán Martínez, representante legal de Sain. La imputación se realizará en la sede del MPA en la ciudad de Santa Fe.

Además del exdirector también del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y destituido en una polémica maniobra de la Legislatura, serán acusados el exsecretario de Seguridad, Germán Montenegro, el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa de esa cartera Maximiliano Novas, y el exdirector de Finanzas ministerial, Marcelo Correa. 

Los fiscales consideran definida la carga probatoria para acusar a los exfuncionarios por una licitación que el Ejecutivo provincial frenó, a instancias de un tribunal del fuero en lo Contencioso Administrativo, para comprar 12 mil pistolas semi automáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, y 12 fusiles para francotiradores. Todo con un presupuesto estimado de 1.400 millones de pesos. 

La hipótesis que animó la persecución fiscal es que la licitación habría sido arreglada para que una empresa oferente quedara fuera de carrera y una determinada competidora tuviera servida la adjudicación para proveer ese armamento.

La audiencia imputativa no será pública, pero sí lo serán en adelante otras medidas que planteen las partes, y donde los fiscales puedan llegado el caso pedir prisión preventiva o cauciones al patrimonio de los imputados.

La ofensiva fiscal contra Sain tiene otra investigación conexa, también impulsada por Hernández y Jiménez, a las órdenes del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, cuyo enfrentamiento con el exministro es bien conocido. Aquella investigación es sobre supuestas tareas de espionaje ilegal que el MPA le endilga a la gestión Sain sobre funcionarios, periodistas, empresarios y demás. 

El fiscal Hernández, consultado anoche por Rosario/12, se abstuvo de referirse a las pruebas que han preparado con Jiménez para acusar a Sain, Montenegro, Correa y Novas. Pero afirmó que esta y la causa por el presunto espionaje ilegal fueron encaradas de manera conjunta. "Hay una conexidad subjetiva clara respecto de algunos de los imputados, por eso les hicimos hacer saber sus derechos entre otros delitos por asociación ilícita", explicó. La alusión corresponde a la cita a la que Sain y otros colaboradores de entonces tuvieron que comparecer en diciembre en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, en Rosario.

"Pero este martes –prosiguió Hernández– pedimos la imputación en relación a la investigación de la compra de armas; esos hechos son los que tenemos pensado atribuir el martes". Y adelantó el fiscal que sobre la otra causa también hay imputación en breve. "Respecto de la inteligencia ilegal, lo estaremos imputando en los próximos días, pero eso no será la semana que viene, sin dudas", dijo. 

La destitución del cargo de director del O.I. al cual había accedido por concurso, por incompatibilidad de funciones, y esta causa que hasta ahora no ha demostrado pruebas concretas para una imputación ha configurado una especie de lawfare a la santafesina, promovido por sectores políticos tanto del justicialismo como de Juntos por el Cambio y Frente Progresista, con la predisposición del MPA que dirige el fiscal general Jorge Baclini.