Desde Santa Fe

La diputada peronista Matilde Bruera dijo que el negacionismo es incompatible con la función pública. “Nos preocupan los brotes negacionistas que se repitieron en los últimos tiempos”, antes y después del Dia de la Memoria, pero lo más grave es que “aparecieron en boca de algunos funcionarios públicos”, como el senador de la UCR Lisandro Enrico y el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz, que han tenido “expresiones negacionistas” del terrorismo de estado. “La Argentina asumió la obligación internacional de investigar y condenar los delitos de lesa humanidad. Eso está fuera de discusión. Forma parte de la estructura jurídica nacional universal y nacional”. “Por lo tanto, un funcionario público no puede tener expresiones de semejante tenor porque compromete la responsabilidad del Estado santafesino y del Estado argentino en el ámbito internacional”, explicó la legisladora.

Bruera advirtió sobre las conductas de Enrico y Chumpitaz en la última sesión de la Cámara, al fundamentar un pedido de informes al gobernador Omar Perotti por el estado del ex centro clandestino de detención “Quinta de Funes”, que se aprobó sobre tablas.

Tras explicar su iniciativa, la legisladora dijo que le preocupaban los “brotes negacionistas” de los “últimos tiempos”, pero más porque “aparecieron en boca de funcionarios públicos, como el senador Enrico que tuvo expresiones negacionistas”. El otro –aunque no lo mencionó por su apellido- es el diputado Chumpitaz.

“El negacionismo tiene mucha historia en la lucha por los derechos humanos. Podemos mencionar el genocidio armenio. Justamente, la característica de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio es que el negacionismo forma parte de esos delitos. Por eso lo repudiamos. Sin irnos tan lejos en la Argentina de lo que es el negacionismo podemos mencionar un hecho escandaloso como fue el fallo del 2x1 (en mayo de 2017) de esta vergonzosa Corte Suprema de la Nación, que fue anulado y repudiado por el Congreso nacional”.

“El negacionismo no es un tema opinable para los funcionarios públicos”, insistió Bruera. “El Estado argentino se ha comprometido” con la comunidad internacional a “investigar, juzgar y condenar los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, un funcionario público en ejercicio de sus funciones y de su responsabilidad estatal no puede tener expresiones de semejante tenor (como las de Enrico y Chumpitaz) porque compromete la responsabilidad del Estado santafesino y del Estado argentino en el ámbito internacional”.

“Y digo que el tema no es opinable por los fallos internacionales y por el derecho convencional y constitucional”, precisó la legisladora. Y mencionó fallos de la Argentina y de tribunales internacionales que diferenciaron claramente los delitos comunes de los delitos de lesa humanidad y establecieron la obligación internacional de los Estados de perseguir los crímenes de lesa humanidad, y no negarlos, ni esconderlos”.

Bruera había advertido en los medios que el “negacionismo” es más grave en los funcionarios públicos. El argumento es el que después planteó en el recinto de la Cámara.

-¿Cree que debería haber una ley que castigue el negacionismo? –le preguntó un colega de Radio Universidad de Rosario

-Yo creo que sí. Mi opinión es que sí. Ya hay leyes en Alemania y en Francia por la negación del holocausto y del genocidio. Creo que la sanción para una persona que tiene ese tipo de expresiones es que no pueda ocupar un cargo público. Un funcionario (negacionista) no puede pasar desapercibido porque compromete la responsabilidad del Estado. Entonces, cuando las condenas de los delitos de lesa humanidad ya han sido planteadas y resueltas en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, que un funcionario del propio Estado niegue ese proceso, el Estado tiene que reaccionar poniéndoles límites a sus propios funcionarios. Yo creo que sí. Hay un debate, algunos dicen que tiene que ser una norma penal. Acá en la Argentina ya hay un delito que se llama apología del delito para la persona que defiende a un genocida o algunos de los delitos por los cuales fueron condenados. No sé si en el ámbito penal. Es discutible si hay que establecer una sanción penal, creo que forma parte del debate. Yo creo que sí, no me cabe duda, que hay que establecer una sanción a los funcionarios públicos, que tienen que dejar sus cargos o no pueden ocupar cargos públicos.

-El diputado Leandro Busatto propuso un repudio de la Cámara de Diputados a las expresiones de Enrico. ¿Tiene apoyo ese proyecto?

-Lo presentó Busatto y lo acompañamos todo el bloque. Estoy segura que hay otros diputados y diputadas que se van a sumar a ese repudio. Esperemos que la Cámara lo apruebe, sería lo coherente. El 24 de marzo, tuvimos una sesión especial que repudió el golpe, la dictadura y el terrorismo de estado. Lo coherente es que la Cámara avale este repudio –concluyó.