El pleno de la Convención Constituyente de Chile aprobó un artículo del borrador de la nueva Carta Magna que define al país como un "Estado social y democrático de derecho", en reemplazo del "Estado subsidiario" instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, aún vigente, que transfiere la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado. Los convencionales también aprobaron un artículo que define al país como un "Estado laico" que respetará "la libertad de religión y de creencias espirituales", aunque sin ninguna afiliación religiosa. La Convención Constituyente fue concebida como la salida institucional con la que Chile encauzó las masivas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019 en las que señalaban a la actual Carta Magna como el origen de la desigualdad en el país.

Estado social

"Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico", señala el texto aprobado con 114 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones, estos últimos votos de la mayoría de Chile Vamos, la coalición del expresidente Sebastián Piñera, y del Partido Republicano. El artículo aprobado agrega que Chile "se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

Este punto, cuya redacción sufrió varias idas y vueltas entre los convencionales, modifica el espíritu de la Constitución impuesta durante la Dictadura (1973-1990), que le da al Estado un rol subsidiario, es decir, lo consagra como un órgano al que no le corresponde absorber aquellas actividades "que son desarrolladas adecuadamente por los particulares". Esta definición, núcleo del modelo chileno que fue ampliamente rechazado en el estallido social de 2019, en la práctica jibariza al Estado al extremo de transferirle la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.

"El Estado social democrático de derechos es la llave que va a clausurar el modelo subsidiario, que en 40 años no entregó mejor salud, no entregó mejor pensión, no entregó mejor educación", afirmó el constituyente izquierdista Jorge Baradit. En la misma línea, la convencional independiente Lisette Vergara agregó que "con esto se deja de manifiesto que Chile nunca quiso un Estado subsidiario" sino "la protección de las garantías y derechos sociales que son y que encarnan las demandas populares".

Estado Plurilingüe

Los convencionales también aprobaron el artículo 12 de la segunda propuesta de la Comisión de Principios constitucionales sobre plurilingüismo, con 105 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones, por lo que también integra ya el borrador de la nueva Constitución. La norma señala que "Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena" y advierte que "el Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional".

Los convencionales también aprobaron el artículo 6 del mismo informe, que consagra la igualdad sustantiva de género. "La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil", señala el texto. En otros artículos se recoge que Chile será un país "laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales", "conformado por diversas nacionalidades" y con una "democracia inclusiva y paritaria".

Si bien Chile ha separado la iglesia del Estado desde su Constitución de 1925, lo cierto es que el vínculo ha permanecido y la discusión respecto a la efectiva laicidad del país sudamericano lleva décadas arriba de la mesa. La relación entre Estado e iglesia en Chile es tal que incluso el Parlamento inicia sus sesiones "en nombre de Dios y de la Patria" desde 2012, debido a que antes era únicamente "en nombre de Dios".

Plebiscito de salida

En el llamado "plebiscito de salida" los chilenos deberán votar el próximo cuatro de septiembre si ratifican o no la propuesta de una nueva Constitución. El voto, para esta ocasión, será obligatorio, participarán mayores de 18 de años y contemplará dos opciones: Apruebo o Rechazo. Para las personas que no residen en Chile, en tanto, el sufragio será voluntario. De ser rechazada, se mantendrá la actual Constitución de Pinochet.

En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 por ciento de los chilenos se mostró a favor de cambiar la Constitución y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros del órgano, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes. Aunque la asamblea constituyente fue perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de convenciolanes ligados a las protestas sociales de 2019, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, con un 44 por ciento de aprobación de acuerdo a la encuestadora Cadem.