Pese a la sinuosa respuesta del jefe de Gabinete, Marcos Peña, queriendo ocultar la condonación de deudas a las distribuidoras eléctricas, la letra del proyecto de Presupuesto Nacional 2017 no deja lugar a dudas sobre el beneficio a las prestadoras. Lo que no se expone es la composición del “megaperdón”, resuelto en paralelo a un aumento de varios cientos por ciento en la tarifa a los usuarios. Y menos aun, que esas deudas se originan en razones tan disímiles como disputas entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, déficits insalvables en administraciones provinciales, y retrasos tarifarios que no en todos los casos responden a los mismos motivos ni corresponden a la misma fecha. Lo que el jefe de Gabinete presentó simplemente como un acuerdo entre partes y compensaciones “si yo tengo deuda con vos y vos conmigo”, en rigor debería ser el inicio de una adecuada auditoría sobre deudas y créditos de las empresas, para determinar el criterio a seguir en cada caso. Por ahora, sólo trascendió que hay una cifra de casi 19 mil millones de pesos en compras de energía de las distribuidoras a Cammesa impagas, que el proyecto de presupuesto habilita al gobierno nacional para que la condone. 
 El listado de distribuidoras que esperan ver condonadas sus deudas con Cammesa tiene, entre sus miembros más destacados, a la cordobesa Epec (5429 millones de pesos); Edelap (1798 millones); la correntina Dpec (1393 millones); Edemsa, de Mendoza (1339 millones); EPE, de Santa Fe (1282 millones); Edenor (1229 millones) y Edesur (429 millones), según las cifras que trascendieron. La privatización del sistema eléctrico de los 90 dejó, como herencia, una disparidad de situaciones e irregularidades que nunca terminaron de resolverse. Tres distribuidoras privatizadas quedaron bajo regulación del Estado nacional –Edelap, Edenor y Edesur–, diferentes distribuidoras provinciales quedaron en manos del gobierno de la provincia, o bien fueron privatizadas por éste. Finalmente, diversas zonas del interior .. principalmente, localidades medianas y pequeñas– quedaron atendidas por cooperativas que prestan ese servicio, en muchos casos en conjunto con otras prestaciones. Todas ellas, indistintamente, le compran la energía a un mercado concentrador creado por el propio sistema: Cammesa, de composición mixta pero bajo control estatal. 
  El sistema de tarifas dolarizadas y un criterio bastante laxo en cuanto a las obligaciones de inversión por parte del privado y las provincias, llevó a que el sistema quedara al borde del colapso tras la caída de la convertibilidad. El auxilio del gobierno nacional se dio, por un lado, congelando las tarifas por largos períodos –no permanentemente, como malintencionadamente se plantea– y sustituyendo al privado en la obligación de realizar o financiar las obras. 
  En el medio, se dieron infinitas situaciones diferentes que derivaron en mayor grado de incumplimientos. Como la proveedora de la energía, Cammesa, es manejada por el Estado, para las distribuidoras dejar de pagar el precio del fluido no implicaba ningún riesgo de corte del suministro. Y esa carta blanca fue utilizada al extremo. En el caso de Epec, empresa provincial de energía de Córdoba, dejar de pagar la factura mayorista de la luz fue una forma de presión en una disputa por fondos previsionales con el gobierno nacional. Posteriormente, la provincia logró que se la compensara por ese reclamo pero no canceló la deuda con Cammesa. Ahora, la buena relación política entre el gobernador Schiaretti y el presidente Macri promovería que el cordobés reciba dos veces la compensación.
 En otros casos, los déficits crónicos de ciertas administraciones provinciales llevaron a que se optara por dejar de pagar la factura de la luz mayorista de Cammesa, por la ya mencionada ausencia de riesgos de represalias. Finalmente, hubo casos de empresas provinciales de energía que se vieron perjudicadas por el Programa de Convergencia de Tarifas del gobierno kirchnerista, que obligó a algunas a congelar tarifas durante 2014 y 2015, y no habrían recibido los recursos necesarios para afrontar mayores costos u obras pendientes. Pero estos casos produjeron los desfasajes más recientes y, según el artículo 15 de la ley de Presupuesto, serán objeto de análisis uno por uno para determinar las diferencias que pudieran corresponderles. En cambio, el mismo artículo establece que “el Estado Nacional podrá contemplar las obligaciones que mantengan con el mercado eléctrico mayorista las empresas distribuidoras (...) hasta un monto máximo equivalente a las deudas que tuvieran con Cammesa”. 
 Dentro de esta heterogénea variedad de situaciones se agrega la particular situación de Edenor y Edesur, bajo regulación del Estado nacional. Marcos Rebasa, especialista en regulación de servicios públicos, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), apuntó que, durante años, “el Estado recurrió a diferentes modalidades para disminuir el déficit de las distribuidoras: dejarles lo recaudado por el sistema Puree (uso racional de la energía eléctrica); no cobrarles las multas que le imponía el ENRE; otorgarles subsidios compensatorios para el pago de sueldos o para normalizar sus estados contables, y sustituir las obligaciones de las concesionarias en las inversiones de mantenimiento. Determinar la magnitud de este conjunto de aportes implicaría auditorías técnicas y contables complejas, para asegurar que lo que dejaron de pagar Edenor y Edesur a Cammesa está justificado en que cobraban una tarifa insuficiente. Sin esa auditoría en ambas empresas la transparencia de los montos que se le condonen podría ser puesto en duda y ser motivo de denuncias administrativas e, incluso, penales, ya que habría un eventual enriquecimiento ilícito de las empresas”.