A dos semanas de que venza el plazo impuesto por la Corte Suprema de Justicia para resolver el porcentaje de los fondos coparticipables que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional y el porteño mantuvieron un nuevo encuentro en el que no lograron avances concretos. Las propuestas presentadas por ambas partes en torno a los recursos destinados al funcionamiento de la policía local fueron rechazadas en el acto. Si no se logra un acuerdo, serán los supremos los encargados de saldar la discusión con una sentencia, aunque es probable que se pida extender el plazo de la negociación para evitar esa resolución. El expediente se abrió por una demanda presentada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a raíz del decreto del presidente Alberto Fernández de septiembre de 2020 que redujo del 3,5 al 2,3 por ciento los fondos que recibe la CABA y que Mauricio Macri había triplicado en 2016.
En el marco de las duras negociaciones que se están desarrollando, la Ciudad fue la primera en rechazar el miércoles pasado la iniciativa elevada por Nación y la "contrapropuesta" presentada por Rodríguez Larreta fue objetada por las autoridades nacionales durante la reunión desarrollada en las oficinas del Ministerio del Interior en la Casa Rosada. Funcionarios que participaron del encuentro de ayer lo calificaron como "áspero", pero destacaron que las conversaciones no se encuentran "caídas" y que se intentará seguir negociando, para lo que se baraja pedir una prórroga a la fecha límite del 26 abril impuesta por la Corte Suprema de Justicia.
"No vamos a hablar de los números, pero lo que quedó demostrado con la contrapropuesta es que la Ciudad pretende que la Nación pague por toda la función de la seguridad en la que se incluye el traspaso de la Policía Federal, a la exPolicía Metropolitana y a la Agencia Gubernamental de Control, entre otras cosas", explicó ayer uno de los negociadores de la Casa Rosada a Télam. En ese sentido, aseguró que "el Gobierno solo tiene que financiar la parte de la Federal".
La representación de la Nación estuvo encabezada por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, mientras que por la Ciudad participaron el jefe de Gabinete del GCBA, Felipe Miguel, y el ministro de Hacienda, Martín Mura.
Aunque desde el inicio de las reuniones la de la semana pasada fue la primera en la que hubo una propuesta formal, una situación que había sido leída como de avance, se afirma que se "está lejos" de un acuerdo. Las partes se volverán a encontrar el próximo miércoles, en lo que será la última reunión "formal" antes del cumplimiento del plazo establecido por el máximo tribunal que entiende en la demanda por inconstitucionalidad presentada por la Ciudad contra la ley que definía que los fondos contemplados por el traspaso de la seguridad a la Ciudad no correspondían a fondos coparticipables.
El origen del conflicto
La administración de Mauricio Macri había aumentado -por decreto- los fondos coparticipables asignados a la Ciudad que alcanzaron el 3,75 por ciento y adjudicó esa suba a la transferencia de la policía a la órbita porteña.
En 2020, durante la etapa más cruda de la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández decidió la redirección de esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires y, en diciembre de ese año el Congreso sancionó la ley que confirmó que los fondos no se podían derivar de la coparticipación y los montos debían ser negociados entre las partes.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Justicia para impugnar esa norma y, en marzo de este año, la Corte ordenó a las partes negociar. Mientras tanto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, ya anunció que los recursos a recuperar se utilizarían para reforzar la seguridad en diversas provincias.
En este contexto, varios gobernadores se manifestaron públicamente a favor de la posición de la Nación, enviaron una carta a la Corte en ese sentido. "Si la Corte Suprema convalidara el aumento de la participación de la CABA dispuesto durante la gestión de Macri en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo", advirtieron los gobernadores. Los únicos que no adhirieron fueron los que responden a Juntos por el Cambio --Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Rodolfo Suárez, de Mendoza--, más el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.
La discusión sigue abierta y tendrá varios capítulos más. "Si hay buena voluntad, seguramente se pedirá la prórroga del plazo de negociación a la Corte", apuntaron participantes del encuentro.
