El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó auditar los hogares transitorios que alojan a niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, luego que un hombre denunció que su nieta de 13 años fue abusada sexualmente por celadores del Instituto Santa María Goretti, lugar en el que, afirmaron funcionaría una red de explotación sexual.

“Es deber innegable del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, siendo el principio regulador el interés superior del niño y de los derechos humanos”, expresó el mandatario provincial.

En este marco, dispuso que, "con el objeto de determinar el estado de situación de los distintos centros de cuidado que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, se estima oportuno y necesario disponer una auditoria externa multidisciplinaria e interministerial”, según se informó oficialmente.

La medida tiene lugar luego que se conociera, el martes pasado, que un hombre denunció ante la justicia que su nieta de 13 años había sido abusada sexualmente por dos celadores del Instituto en el Instituto Goretti, donde se alojan por orden judicial niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en conflicto con la ley penal.

La presentación recayó en la fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual III, a cargo de Daniel Marranzino, según consignaron fuentes judiciales.

En tanto, el abuelo de la menor volvió a presentarse esta semana ante la Justicia para ratificar su denunciar y ampliar los datos aportados.

En una primera revisación médica realizada a la adolescente, se determinó que le habían colocado un chip anticonceptivo sin haber solicitado la autorización de un adulto responsable.

Según relató el hombre, la hermana mayor de la víctima, que también estuvo alojada un tiempo en la institución, le contó que "a todas las chicas que ingresan, les colocan de forma obligatoria" un chip anticonceptivo.

Además, siempre según la declaración del hombre, en el Goretti podría operar una red de prostitución, ya que de acuerdo con el relato de su nieta mayor, durante la madrugada ingresaban a la institución tres hombres.

"Ellos son los que van a buscar a las niñas para prostituirlas", dijo a la justicia el hombre, que es tutor de ambas menores y que solicitó se le permita a sus nietas brindar testimonios en cámara Gesell.

En tanto, el presidente de la Fundación Crecer en Familia, Federico Quevedo, ratificó ante la justicia en las últimas horas del martes su denuncia sobre el presunto funcionamiento de una red de explotación sexual

Quevedo se había presentado el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para denunciar que en el Instituto Goretti funcionaría una red de explotación sexual que captaría a menores alojadas allí, declaración que ratificó ayer por la tarde ante la fiscalía de Daniel Banno, a quien le fue remitido el caso.

Al respecto, Quevedo señaló que no solo se produjeron abusos sexuales en este Dispositivo de Cuidado por parte de dos celadores, a quienes identificó, sino que funcionaría además una red de prostitución, y se refirió a los nombres de las posibles víctimas y testigos de estos hechos, explicaron voceros judiciales.

Estas mismas fuentes informaron que ambas causas, tramitadas en distintas fiscalías, serán unificadas.

Según fuentes oficiales, las auditorías dispuestas desde el Ejecutivo provincial se realizarán, además de en el Goretti, en el Hogar Belgrano, Centro 25 de Mayo, Hogar Santa Rita, Hogar de Discapacitados San Benito, Hogar Santa Micaela, Instituto de Pericultura, Hogar Eva Perón, Instituto Roca, Instituto Gerontológico San Alberto y el Hogar Casa de Hermanos.