La actriz Florencia Peña apeló ante la Cámara Federal de Casación la resolución judicial que desestimó su denuncia contra los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff por violencia de género mediática, institucional y simbólica, quienes tuvieron expresiones misóginas y machistas contra su persona, tras difundirse que participó de una reunión en Quinta de Olivos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Peña denunció a ambos diputados por los mensajes agraviantes y también había insistido en que fueran suspendidos en la Cámara Baja y se avanzara en sus desafueros. Es que en agosto del año pasado, Iglesias se despachó con lenguaje misógino luego que trascendiera que la actriz se había reunido con el presidente de la Nación para dialogar sobre la industra del entretenimiento en plena crisis de la pandemia. “Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”, escribió el representante de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter.

Wolff, por su parte, se sumó a los comentarios macistas de su colega y respondió: “¿De rodillas, no?”.

En ese entonces la actriz fue a la Justicia para acusarlos de "discriminación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica".

La Cámara Federal porteña -aquella que suele ser benevolente con los dirigentes macristas desestimó la denuncia "por inexistencia de delito", según los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. En tanto, el juez Roberto Boico había votado en disidencia.

Ahora, Peña decidió ir a la instancia superior y apelar ante la Cámara de Casación Penal.El planteo inicial fue hecho ante la Sala II de la Cámara Federal, que esta semana le concedió el recurso a la querella. “El remedio es formalmente viable. En efecto, la parte expuso razones suficientes para encuadrar el fallo” dentro de los parámetros legales que habilitan su revisión por parte de Casación, escribieron los magistrados al conceder el recurso. 

Será ahora Casación, el máximo tribunal penal federal del país, el que resuelva si las expresiones de los legisladores constituyeron delito.