Este jueves, en España comenzó a regir la modificación del código penal que castiga el acoso y la intimidación de los activismos que se oponen a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y hostigan a quienes concurren a los centros sanitarios para acceder a la práctica.
La nueva ley busca garantizar "la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral", al mismo tiempo que los "derechos sexuales y reproductivos".
La norma establece que quienes "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" acosen a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad" serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a entre 31 y 80 días de trabajos comunitarios.
El castigo también es aplicable a quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que intervienen en procedimientos de IVE.
La ley fue aprobada a principios de abril, luego de que el Senado avalara el proyecto tal como había sido sancionado por la Cámara de Diputados española.
El aborto en España
El aborto fue despenalizado en España en 1985 por las causales de violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, y mediando distintos plazos, además de la obligación de que el Estado informara a la gestante sobre ayudas públicas en casos de maternidad.
En 2010, el país legalizó la IVE sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación. Según datos oficiales, en 2020 se practicaron 88.269 abortos, con una tasa de 10,3 por cada mil mujeres.
Sin embargo, todavía hoy muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento, indican los relevamientos.
Además, frente a algunas clínicas conocidas por practicar la IVE suelen manifestarse activistas anti-derecho a decidir para tratar de persuadir, en ocasiones rezando y en otras, de manera fuertemente hostil, a quienes desean ingresar.
Las acciones pueden incluir carteles o cánticos con distintas consignas, pero también interpelaciones directas con pequeños muñecos de plástico que emulan fetos o intentos de que las mujeres que concurren a las clínicas suban a una camioneta equipada con un ecógrafo.
El 89 por ciento fue acosada
Un 89 por ciento de las mujeres que acudieron a abortar en España se sintieron acosadas y el 66 por ciento, amenazadas, de acuerdo con un informe realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) en 2018.
El informe, además, dio cuenta de que "grupos organizados abordan a mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren en la clínica para que modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento".
El gobierno español, ahora, anunció que está trabajando en una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las personas menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, tal como ya ocurre en Reino Unido y Francia.
