La investigación judicial sobre el uso ilegal de los datos biométricos de 7,5 millones de personas por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta proseguirá el lunes en un instituto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ubicado en Ezeiza, donde a pedido del juez Roberto Gallardo se extraerán los datos de los servidores secuestrados en el Centro de Monitoreo Urbano y en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El titular de esa cartera, Marcelo D’Alessandro, quien amenazó con denunciar al magistrado “porque se ha excedido en el objeto” (sic), deberá responder el mismo lunes a la intimación de Gallardo para que explique con qué objetivo se extrajeron y qué uso se les dio a los datos migrados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia su ministerio sobre un listado de 62 personas, que incluyen desde el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, hasta la jefa del PRO, Patricia Bullrich, y la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La causa que investiga si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Larreta utilizó una tecnología destinada a la búsqueda de personas solicitadas por la Justicia para hacer trabajos de vigilancia masiva e inteligencia se conoció el martes último cuando el juez Gallardo, a partir de una acción de amparo presentada en 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), avanzó con los allanamientos para secuestrar información en dependencias del Ejecutivo porteño.

Mientras se concretaba esa medida de prueba, el ministro D’Alessandro salió a desacreditar al juez y lo acusó de hacer “una gran ensalada como si hubiera hecho una gran investigación”. Admitió en caliente que se hacía un uso generalizado de los datos biométricos –lo que vulnera el derecho a la intimidad de las personas– y citó ejemplos: “En un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del covid”, añadió que “en todos esos casos se hace una consulta al ReNaPer” y que se puede “decir la IP y la persona que hizo cada consulta”, en casa caso.

Gallardo intimó a D’Alessando a que en un plazo de 48 horas (que por el feriado del viernes se cumplirán el lunes) “explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas –en los días y horarios expuestos–, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el ministerio a su cargo”. El listado de personas públicas sobre las que deberá responder D’Alessandro incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.

Al margen de cuál sea la explicación oficial, la investigación proseguirá el lunes cuando la Oficina de Análisis Forense de la PSA avance en la extracción de datos de los servidores del gobierno de la Ciudad secuestrados en los allanamientos. El Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de esa fuerza le informó al juez que la medida se realizará en el Instituto de Formación Ezeiza (IFE) y precisó que “esta instancia sólo realiza extracciones y categorizaciones de datos extraídos, quedando excluido análisis de datos, transcripciones, y demás tareas ajenas a la misión y función de esta oficina”. “Una vez realizadas las tareas –precisó–, las mismas se eliminan de los servidores y/o soporte temporal que fuera guardado en esta policía, dejando constancia que, ante posible nuevo requerimiento, puede reproducirse”. El peritaje se realizará en el Instituto situado en la Autopista Richieri y Avenida Fernández García, y estará a cargo del oficial jefe Pablo Kaplan “y/o perito de turno”, le comunicó la PSA al juez.