Explotación y medio rural van de la mano

"Vemos que hay un incremento de los casos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral", afirma Nicolás Del Mastro, delegado en la región centro del Comité Nacional de Lucha contra la Trata. Lo sugiere la estadística: mientras en 2020 hubo 9 víctimas de este delito rescatadas en la provincia de Santa Fe, el año pasado fueron 42. A nivel nacional se replica la tendencia: 933 personas rescatadas en 2020, 1.404 en 2021. Lo que además se observa es que el patrón general de las víctimas ha cambiado: la mayoría ya no son mujeres migrantes de una edad determinada, ahora los rescates involucran familias y hasta cuadrillas enteras bajo condiciones de explotación.

Eso fue lo que encontraron hace diez días en un campo ganadero del paraje La Carolina, en zona rural de Piñero, a solo 20 kilómetros de Rosario. Tres peones más la pareja y los dos niños de uno de ellos, arrumbados en dos containers improvisados como una vivienda infrahumana, sin baño ni agua potable, sin paga regular, horario ni día franco.

Suele asociarse el concepto "trata de personas" a la explotación sexual. Sin embargo, la prostitución explica solo el 23% de los operativos de rescate. El 67% corresponden a la explotación laboral, y en gran parte a la explotación de personas en la producción agropecuaria de las distintas economías del país.

Medio rural y explotación laboral van de la mano en Argentina, y Santa Fe no es la excepción a la regla. Las migraciones internas explican en parte este flagelo que alimenta una forma de organización laboral que en Argentina es añosa tradición. Tanto, que hasta se naturaliza el hecho de que un peón rural deba aceptar cualquier condición que le depare la oportunidad laboral.

"La migración aporta el flujo de trabajadores que proveen algunas provincias a economías focalizadas. Es el trabajador temporario que migra desde Santiago del Estero al esquema hachero en el norte de la Patagonia y en el norte de Santa Fe para la deforestación. El que viene a la (zafra de) zanahoria y de la frutilla en Santa Fe, que va a levantar la papa en Tres Arroyos, Balcarce y Mar del Plata, el que va al Alto Valle para la cosecha de manzana entre Río Negro y Neuquén, el que va a Vaca Muerta, al esquema minero en San Juan y a Jujuy por el litio. Hay un esquema histórico, de tradición generacional de familias que se ocuparon de esta modalidad de trabajo, migrando por distintos territorios", explicó Del Mastro.

-¿Por qué parece que la explotación laboral se naturaliza?

-Primero, porque hay un desconocimiento del tema por parte de quienes hacen la estructura económica del negocio y la cadena productiva, me refiero a los pequeños productores. No hay distinción entre incumplimiento de leyes laborales, evasión impositiva y la configuración de un tipo penal federal. Y por otra parte, vemos un sistema que busca maximizar ganancias y lo único que le interesa es obtener más recursos, mayor rentabilidad al menor costo. Como hay esquemas naturalizados de explotación se establecen estos circuitos. Luego, todo delito complejo necesita una connivencia estatal por acción u omisión. Nos ha pasado que las fincas son de algún político de turno en una provincia. Nos pasó recientemente en La Rioja con la producción de aceituna de mesa, nos pasó con (el pool de siembra agroexportador) MSU en Chaco, nos pasó en San Juan donde el gobernador iba la semana siguiente a inaugurar un establecimiento de oliva que era de una multinacional y le adelantamos que no fuera porque allí se encubría un esquema de explotación. Nos pasó en Jujuy con una minera litio: tenía más de 30 personas explotadas en un negocio que gana en dólares, y el mismo día que hacíamos el operativo de rescate la empresa salió en los medios a ofrecer puestos de trabajo y a lavar su imagen poniendo plata en la prensa local. En cada lugar encontramos un entramado distinto según la escala del negocio -, analizó Del Mastro.

Fue recordado el procedimiento realizado en octubre de 2020 en un campo frutillero de Coronda, donde el Renatre detectó una veintena de peones sin registrar y en malas condiciones de trabajo. El dueño del campo era el intendente de la ciudad, Ricardo Ramírez.

La experiencia del Comité encuentra que el modo de operación de empresas grandes o multinacionales es la tercerización de servicios. Así opera, por ejemplo, todo el cordón portuario y aceitero del Gran Rosario. Ese modelo, en la economía agropecuaria habilita figuras como el cuadrillero, pasibles de amoldarse a condiciones de explotación laboral y trata. Por eso de un tiempo a esta parte el dispositivo de este espacio, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Nación, es articular con AFIP y con la Unidad de Información Financiera (UIF). 

"Las multinacionales -dice- tercerizan y eso habilita figuras como el arrendatario, el cuadrillero. Buscamos desmantelar ese esquema, por eso un eje es trabajar con la AFIP y la UIF.También en conjunto con el gremio Uatre y con el órgano fiscalizador Renatre, como también otros gremios como Federación de Camioneros, Sindicato de Peajes, organizaciones de mujeres. Eso nos permite conocer mejor el territorio. Y pudimos detectar víctimas en 20 jurisdicciones distintas, no solo en CABA, en Tucumán, como ocurría antes. Hay un trabajo más federal gracias a esta articulación y a organismos como la OIT, la OIM e Interpol". Apuntan a acercar el control en el territorio, por eso se van creando mesas interinstitucionales en municipios, para mejorar la detección y erradicación de la trata de personas.

El panorama se ha complejizado. Como había ocurrido en el campo de La Carolina, ahora el reclutamiento se hace también a través de redes sociales. Y así una familia correntina decide venirse a trabajar a un campo en Santa Fe solo por una promesa de futuro mejor que termina en una cruel encerrona. 

"La estructura económica del delito se reproduce y se actualiza. Ahora incorpora la virtualidad, son frecuentes las ofertas engañosas de empleo que reclutan a personas en situación vulnerable. Es menester ir hacia arriba en la estructura económica del delito: hay 320 sentencias en el país, y 500 perejiles presos. Cuesta avanzar porque en muchas provincias sus esquemas de economía regional están naturalizados", dijo Del Mastro.

En Santa Fe se multiplicó el número de víctimas de trata rescatadas: de 9 en 2020 a 42 en 2021. Por lo general, 2 de cada 10 personas son extranjeras, generalmente de Bolivia y Paraguay. 

¿Qué pasa después?

Desde que se sancionó la ley 26.364 contra la trata de personas en 2008, se registraron unas 20.000 denuncias en la línea telefónica gratuita 145, y se rescataron 17.480 personas. Pero vale preguntarse sobre cómo sigue la vida para esa víctima de explotación y qué hace el Estado para que no vuelva a quedar a la deriva, generalmente en un lugar lejano de su origen.

"Esa era la gran deuda del Estado argentino. La asistencia a las víctimas corresponde a las provincias y ahí había falencias. Se asoció la trata como un capítulo más de un mecanismo de lawfare. La trata se asocia con un entramado mafioso, es acumulación mafiosa del capital a partir de la explotación del cuerpo de las personas. Si tengo un gobierno provincial fuerte y asocio la trata a un esquema político institucional puedo armar un circuito rápido para estigmatizar provincias. Había algunas de las que Nación no sabía qué pasaba, si había operativos o no, qué pasaba luego con esas personas. Era el caso de Formosa, San Luis, Santiago del Estero. Tuvimos que hacer una reconstrucción de ese vínculo. Pusimos en funcionamiento el Registro de Asistencia a Víctimas. Así empezamos a trabajar en respuestas nacionales para fortalecer esa asistencia", se explayó el delegado del Comité Nacional de Lucha contra la Trata, órgano que coordina Gustavo Vera, titular de Fundación La Alameda. 

Según dijo, se activan varias herramientas de ayuda en simultáneo. Asistencia con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el programa Potenciar Trabajo, el programa Acompañar en casos de violencia extrema con mujeres y transexuales. Y preparan por estos días un dispositivo de "reconstrucción de prácticas laborales" desde el Ministerio de Trabajo nacional para personas que deseen dejar de ser prostituidas. "Este programa durará un año y las personas recibirán una remuneración no inferior al salario mínimo vital y móvil, con acompañamiento en conectividad que se dividirá en reconstrucción de gustos, preferencias, vocación y deseos y luego reinserción laboral", dijo. También hay asistencia en salud mental. Y además, se contemplan acciones para facilitar acceso a la vivienda en algunos casos. 

Del Mastro puntualizó además que se empieza a ejecutar ahora un fondo de reparación económica a víctimas generado con el dinero recaudado por la subasta de inmuebles vinculados a causas de trata de personas. Por ejemplo, el remate de casas donde funcionaron prostíbulos en Santiago del Estero. "Es un fondo fiduciario establecido por ley. Macri lo reglamentó antes de irse, pero no lo instrumentó. Ahora está empezando", contó.

El Comité de Lucha contra la Trata, en el análisis del funcionario consultado, se propone erigirse en el capítulo actual de la lucha contra la explotación de personas. Desde los jesuitas que sacaron a pueblos originarios del esquema de yanaconazgo y les costó ser expulsados por la Iglesia, desde la libertad de vientres de la Asamblea del Año 13, la Ley Palacios, la denuncia a la Zwi Migdal, el Estatuto del Peón Rural de Perón, y la Ley de Trata en el gobierno kirchnerista de 2012. Concluye Del Mastro: "Por esa tradición es que debemos generar cambios profundos en un sistema económico que busca ganar más a costa del cuerpo de las personas en situaciones tan duras que vemos a diario en los operativos. Esa historia nos obliga a trabajar por mejores estándares de intervención, control, y asistencia a las víctimas".