La Auditoría General de la Ciudad presentó este miércoles un duro informe sobre las obras que lleva adelante el gobierno porteño para la construcción de la línea H del subte, que debieron concluir en 2015. El monitoreo del organismo se centró en las obras contenidas en la Licitación 144/10 adjudicada en 2011 que contemplaba la construcción de nuevos tramos, nuevas estaciones y obras complementarias en toda la línea y que fue adjudicada en 2011 a la UTE Techint-Dycasa. El informe que puso bajo la lupa las obras en ejecución del año 2015, señala que la falta de planificación generó entre redeterminaciones de precios y adicionales de obra que el erario gastara 700 millones de pesos extra, para una obra que lleva dos años de retraso.“Hay un modus operandi, esquema de funcionamiento que a través de la falta planificación, del inicio de licitaciones sin los estudios pertinentes, como en la línea H, que termina generando demoras, ajustes y elevan los montos de las obra beneficiando a las empresas contratistas”, sostuvo la presidenta de la Auditoría porteña, Cecilia Segura, en diálogo con PáginaI12. La consecuencia de todas las falencias detectadas es que, además del gasto extra que representa para las arcas del Estado, la línea que une Pompeya y la Facultad de Derecho, no tiene fecha de conclusión.
Entre las principales observaciones del trabajo que realizó la Auditoría, entre marzo y septiembre de 2016, se detallan en primer lugar los sobrecostos generados por las indefiniciones en el proyecto constructivo. En este sentido, Segura sostuvo que “a la falta de estudios previo del suelo se sumaron las modificaciones de las cabeceras y el cambio de planes con las estaciones: dos no las hicieron y una la tuvieron que cambiar de lugar. Hubo que readecuar la obra y eso demoró los plazos y aumentó los costos”, dijo, y precisó que esos costos adicionales y la redeterminación de precios elevó el gasto en “700 millones extras, el 31 por ciento de un contrato de 2227 millones, por errores de planificación”.
La eliminación de obras incluyó a las estaciones anuladas de Pompeya y Sáenz, mientras que la modificación fue para la estación que originalmente iba a estar en Plaza Francia y fue reemplazada por la estación Facultad de Derecho. Además, hubo que reubicar la cochera y el taller en Parque Patricios. Cada una de estos cambios implicó nuevos gastos y ampliaciones de plazos e incompetencia para cambiar los plazos de contratación.
La auditoría también advierte que a pesar de los retrasos en la entrega de las distintas etapas de la obra, hubo una incorrecta aplicación de sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad a la empresa contratista. Las multas que están contempladas para estos casos no fueron aplicadas.
Entre las observaciones más llamativas para una obra subterránea, está la demora generada por el desconocimiento de las características del suelo cuando se armó la licitación. Segura remarcó que “es un hecho grave que si vas a hacer un subte, no tengas estudios del suelo”, pero, al mismo tiempo, advirtió que nada de esto es nuevo que “cada vez que se auditan las obras del macrismo aparece el mismo patrón de conducta, la connivencia entre los funcionarios que tiene que controlar y las contratistas”.
“Tendrían que haber terminado en abril de 2015 las obras que, después, dijeron que se terminarían en julio de este año, y ahora dicen que el año que viene. Lo mismo pasa con las otras líneas: F, G, e I que tendrían que estar terminadas si (Mauricio) Macri hubiera hecho la mitad de lo que prometió. Pero hay una política de priorizar el transporte de superficie por sobre el subte a la inversa de lo que ocurre en las principales ciudades del mundo que, además, tienen su servicio de subte manejado por el Estado. Por otra parte, ya se advirtió que hay un aumento encubierto de la tarifa del subte de un 20 por ciento más de lo que debería costar.
