El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que evalúa la aplicación de la castración química obligatoria como pena para los acusados de abuso sexual. "Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad", expresó el primer mandatario tras conocerse el caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en la ciudad norteña de Chiclayo, en la región Lambayeque, que generó la conmoción del país y motivó diferentes movilizaciones.
"Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños, y la castración química es una opción, no podemos esperar más", disparó Castillo, que vive inmerso en una crisis política interminable y acosado por las protestas sociales tras la subida del precio de los combustibles y de los alimentos.
Además, Castillo recordó que la propuesta debe ser aprobada por el Congreso nacional y luego incluida en el Código Penal. "Exhortamos al Congreso a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos", remarcó.
El debate se abrió en el país andino en el peor momento posible, con una sociedad en agitación permanente y con el cuarto Gobierno de Castillo con casi nula aceptación. Tal es así que, a poco de conocerse las declaraciones del Presidente, varias organizaciones sociales y derechos humanos se expresaron en contra de la medida punitivista.
"La castración química es una medida ineficiente para los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas y ¿ha disuadido esto a los agresores?", se cuestionó Matilde Cobeña, abogada adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo peruana.
"Entendemos la indignación, pero ni la castración química ni la pena de muerte son soluciones. Los sectores que proponen la castración son los mismos que bloquean los derechos de las mujeres", criticó Nuevo Perú, formación de izquierda moderada.
Qué es la castración química
Con un origen que se remonta a las campos de concentración nazi, la castración química es un método que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona.
Mediante el suministro de medicamentos se reduce la libido e inhibe el deseo sexual en las personas. De momento, se aplica en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, así como en los estados de Texas, California y Montana, en Estados Unidos.
Proyectos similares en Argentina
A partir del anuncio de Castillo, es conveniente recordar que en Argentina se han presentado dos proyectos similares que fueron descartados por ir en contra de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional.
El más cercano en el tiempo había sido presentado por el diputado del PRO Alfredo Olmedo, quien en 2012 propuso incorporar al Código Penal la castración química y física para las personas condenadas por delitos de pedofilia, violación y violación seguida de muerte.
La iniciativa no prosperó por ser violatoria de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. “La castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana", coincidían en aquel momento Mario Juliano, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, y la abogada, experta en Justicia internacional, Mariana Rodríguez-Pareja, directora del Área de Derechos Humanos de la organización Asuntos del Sur, quienes salieron a contrarrestar los dichos del diputado salteño.
“Además, este tipo de sanciones podrían ser consideradas como una forma de tortura, tratos degradantes o inhumanos”, apuntaron. “No tardaría un segundo en que nuestro país fuese condenado ante Tribunales internacionales”, habían advertido.
Una situación similar se dio en 2009, cuando el entonces gobernador de Mendoza, Celso Jaque, anunció que analizaba la posibilidad de aplicar en la provincia una solución penal farmacológica para los violadores reincidentes, y convocó a un “comité de expertos” (científicos y abogados) para que se analice la posible implementación.
Después del polémico anuncio, especialistas expresaron sus críticas al proyecto: no solo al considerar que va en contra de las libertades y los derechos humanos sino que, además, conllevaría una solución errónea para una problemática social profunda.
