Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, con el apoyo de su bloque legislativo, presentaron recientemente un proyecto de ley para “cambiar el actual paradigma alimentario” en todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca garantizar a las y los estudiantes, de todos los niveles y modalidades, el acceso universal y gratuito a una alimentación saludable, segura y soberana, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental.
La propuesta titulada “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas” reúne los reclamos de larga data de estudiantes y familias sobre los alimentos y los servicios que brindan los comedores de las escuelas. "Hoy en jardines, primarias y secundarias la comida intoxica y es de pésima calidad. Hay un negocio con comedores y viandas que condena de hambre a quienes, capaz, en la escuela hacen su única comida del día", denunció en Twitter la legisladora del FdT, Ofelia Fernández.
El proyecto propone asegurar que miles de niñas, niños y adolescentes, que asisten a escuelas públicas y a establecimientos de gestión privada con cuota cero, puedan acceder de manera gratuita a alimentos sanos, nutritivos e inocuos, esto es, que no presenten peligros y/o sean libres de riesgos para el consumo. Además, contempla que cualquier persona -ya sea por motivos de salud o libre decisión- pueda solicitar un menú especial con comidas libres de gluten, bajos en sodio, veganos, vegetarianos o sin harinas refinadas.
Según esta iniciativa, la asistencia alimentaria escolar debe ser abordada desde la perspectiva de la soberanía y la integralidad. En este sentido, no sólo pretende que chicas y chicos tengan garantizado el derecho a alimentos que beneficien la salud y los procesos de aprendizaje, sino también que puedan elegir un sistema productivo que sea sostenible y ecológico. Así, promueve que los servicios de viandas y provisión de insumos a los comedores sean prestados por cooperativas y asociaciones de la economía popular, social y solidaria.
"La incorporación de la economía social en el sistema de cuidado de los alimentos es fundamental, porque contribuye al cambio en el paradigma alimentario y también genera puestos de trabajo en esos sectores", dijo a Página/12 el legislador porteño, Matías Barroetaveña, y añadió: "Esperamos una reducción del porcentaje de empresas privadas que hoy suministran los alimentos a las escuelas y, de esta manera, se puedan incorporar gradualmente las organizaciones populares, hasta alcanzar como mínimo el 25% del total de las concesiones".
El legislador del FdT señaló que "anualmente, se destinan más de 12 mil millones de pesos al servicio alimentario y sólo unas pocas concesionaras son contratadas para proveer los ingredientes y alrededor de 300 mil viandas. No obstante, las prestaciones de estas empresas están plagadas de denuncias, desde hace muchos años, porque los productos son de mala calidad, no cumplen con los valores nutricionales recomendados por especialistas y hasta hay casos de intoxicación masiva".
Finalmente, la nueva propuesta legislativa tiene prevista la creación de un Programa de Educación Alimentaria que fomente hábitos saludables, la elaboración de Pautas de Alimentación Saludable (PAS) y Guías de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS). Cabe resaltar que está en consonancia con la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable -también conocida como Ley de Etiquetado Frontal-, que permite a la población ver de manera clara y simple aquellos productos que contienen exceso de calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio.
Las comunidades educativas
Este proyecto de ley que propone modificar el actual sistema alimentario de las escuelas, "recoge los reclamos que venimos sosteniendo, desde hace mucho tiempo, conjuntamente con las comunidades educativas. Pedimos que la alimentación de miles de chicas y chicos se discuta en la agenda pública”, dijo a este diario el abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Jonathan Baldiviezo.
La iniciativa refleja los lineamientos de la "Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs", lanzada en marzo pasado por el ODC, junto a estudiantes y familiares. De igual manera, expresa la acción judicial que esta organización va a presentar "denunciando la inconstitucionalidad del sistema de becas alimentarias, que viola la universalidad y gratuidad de la educación pública, y de las licitaciones que realiza el Gobierno de la Ciudad en el servicio de los comedores escolares", al no permitir la participación de otros actores", concluyó el letrado.
Informe: Karla Góngora
