Los rectores de las universidades públicas nacionales, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), manifestaron su preocupación por las primeras medidas judiciales relacionadas con la denuncia que realizó el año pasado el fiscal Guillermo Marijuán contra todas las universidades públicas del país, por supuesta malversación de fondos entre 2014 y 2015. La Universidad Nacional de Chilecito, ubicada en La Rioja, fue intimada por un juez a otorgar toda la documentación de gastos de la institución, pero la medida no se concretó porque el rector Norberto Caminoa advirtió que, si entregaba toda esa documentación, la universidad no podría seguir funcionando. En ese contexto, el CIN expresó su “más enérgico rechazo” a lo que consideró un ataque a la educación superior pública y a la autonomía universitaria; también inició una serie de reuniones con autoridades del Poder Judicial.
Sin presentar indicios, y sobre la base de una nota periodística, el año pasado el fiscal Marijuán denunció a las autoridades de todas las universidades nacionales. “No presentó ninguna prueba porque no tenía nada, sólo quiso desprestigiar a la universidad pública”, dijo a PáginaI12 Rodolfo Tecchi, presidente del CIN, quien explicó que la acusación se debía al desconocimiento sobre cómo se asignan y giran los fondos a las universidades.
Sobre la base de aquella denuncia, el Juzgado Federal de La Rioja le ordenó a la Universidad de Chilecito presentar todos los expedientes y documentos relacionados con los recursos remitidos por la Nación. El rector Caminoa contó que fue la Gendarmería a buscar los expedientes, con dos camiones, pero los agentes se fueron sin nada: “No sabían qué buscar, fue una aberración jurídica”, dijo, y explicó que si le secuestraban la documentación pretendida lo obligaban “a cerrar la universidad”, ya que se habría quedado sin respaldo documental para, por ejemplo, pagar sueldos y servicios.
En el CIN, los rectores entendieron que el caso de la UNdeC fue la primera intervención de la Justicia a partir de aquella denuncia y que se podrían producir otros casos. Por eso, el consejo se solidarizó y repudió la medida. “El requerimiento –planteó el CIN– no menciona ni especifica períodos, números de expedientes, áreas, fuentes de emisión o recepción, fechas o algún dato que permita identificar por la universidad el delito que se pretende investigar y del que, por cierto, tampoco se ha notificado.” Los rectores estimaron que la orden judicial es “una expresión sin sentido jurídico”, violatoria de la autonomía. “Entendemos esta actitud como un atentado directo contra la educación superior pública, que bajo ningún aspecto se debe dejar pasar.”
Los rectores decidieron transmitir su preocupación a la Corte Suprema, la Procuración General y el Consejo de la Magistratura. La semana pasada, Tecchi se reunión con el representante del sector académico y científico en la Magistratura, Jorge Candis, quien “pedirá los informes correspondientes”, según informó el CIN.
En la misma línea que Marijuán, la diputada oficialista Elisa Carrió denunció por malversación de fondos a la Universidad Arturo Jauretche, en relación con la administración del proyecto Polo de desarrollo local y regional, un programa financiado por el Mercosur con contrapartida local. Desde la casa de estudios explicaron que todavía ni siquiera recibieron los fondos correspondientes, porque se otorgan en tramos, tras la presentación de informes semestrales sobre la ejecución del proyecto. “Esta denuncia utiliza al Poder Judicial para hacer campaña electoral”, denunció Ernesto Villanueva, rector de la UNAJ.
Informe: Gastón Godoy.
