El gobierno nacional llamó a una licitación para comprar tierras privadas, en las que hará 50 mil lotes con servicios, destinados a los sectores populares. “En la Argentina no tenemos un problema de falta de tierras, sino un problema de distribución y calificación territorial. Eso es lo que queremos cambiar con estas políticas de generación de suelo urbano. Si el Estado no implementa políticas de acceso de este tipo es imposible que una familia de bajos ingresos compre un terreno. Eso trae como consecuencia los graves problemas de hacinamiento que existen en los barrios populares”, dijo a Página/12 Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana.

Esta es la primera licitación que se hace a privados desde la creación de la Secretaría, que ya tiene proyectos similares más avanzados en terrenos fiscales. La compra será financiada con el Fondo de Integración Socio Urbana, que recibió un 15 por ciento del Aporte a las Grandes Fortunas y al que está destinado, también, un 9 por ciento del impuesto al dólar PAIS.

“Planificar la urbanización es adelantarse a la toma de tierras y sus problemas posteriores, como la existencia de barrios que se asentaron en zonas no aptas, por ejemplo inundables. En ese sentido la creación de lotes con servicios es parte del derecho constitucional a la vivienda. Con ella se pueden evitar muchas de las carencias de infraestructura que sufren en los barrios populares, donde  una vez que la zona está edificada de manera irregular, resulta más difícil llegar con los servicios de agua, cloacas o pavimentación", señaló Miño. Detalló que si bien la licitación es para todo el país, el Área Metropolitana de Buenos Aires es la que concentra el mayor número de familias sin acceso a la tierra urbana.  

La compra apunta tanto a terrenos baldíos como a urbanizaciones que hayan quedado inconclusas. Una experiencia reciente realizada en Mendoza ilustra el caso. “La senadora Anabel Fernández Sagasti nos presentó la situación de un loteo en la localidad de Las Heras que había sido iniciado por una cooperativa y quedó inconcluso por falta de fondos. La cooperativa, integrada por vecinos de un barrio popular que se organizaron para urbanizar terrenos lindantes, sólo había llegado a demarcar las calles y algunas entradas del sistema de cloacas. Pudimos aportar el financiamiento para reactivar ese loteo y dotarlo de servicios, lo que fue terminado en seis meses. Se hicieron 119 lotes que se entregaron la semana pasada. Por eso creemos que si se trabaja a buen ritmo, en un año podríamos entregar los primeros lotes de esta licitación".

Para adquirir un lote habrá que inscribirse en un registro único de solicitantes que será creado por la secretaría, que funcionará en la órbita del ministerio de Desarrollo Social. Su titular, Juan Zabaleta, presentará públicamente el programa en los próximos días. 

En la Argentina existió un mercado inmobiliario de loteos populares que desarmó la dictadura. La investigadora María Cristina Cravino contó en un reportaje realizado por este diario que  “desde la década del ‘30, tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia realizaron loteos populares. Se convertía suelo rural en urbano y las inmobiliarias lo loteaban y vendían en cuotas fijas sin interés. Con el correr de los años los gobiernos tomaron algunas medidas para regular esa modalidad de acceso a la tierra. Por ejemplo, durante los primeros gobiernos peronistas fueron prohibidos los loteos de zonas inundables".

La dictadura clausuró en los hechos este mercado al dictar el decreto 8912, una ley de ordenamiento urbano que subió los estándares y obligó a las inmobiliarias a ofrecer lotes con servicios. "Eso fue un hito que terminó con el ciclo de los loteos populares y generó que los desarrolladores inmobiliarios se volcaran a una nueva modalidad, contemplada en la ley: la de los countries. Además, las políticas socio-económicas, en paralelo, generaron una pauperización de los sectores populares, por caída del salario real y la desindustrialización, así como la introducción de mecanismos indexatorios para toda la economía, incluyendo los alquileres. Como resultado las clases populares dejaron de ser un sector solvente para comprar suelo urbano".

Sin embargo, algo de la memoria de esos loteos quedó en la organización social, que incorporó a la toma de tierras la delimitación de manzanas, el trazado de calles, la reserva de espacios para el uso común y la organización de los vecinos para pedir la llegada de los servicios. 

La Secretaría de Integración Socio Urbana fue creada por impulso de los movimientos sociales que hoy integran la UTEP, que realizaron un censo de los barrios populares y en 2018 consiguieron sancionar una ley que obliga al Estado a urbanizarlos. Entre sus líneas de intervención está la urbanización de más de cuatro mil barrios ya registrados, a los que no llegan los servicios --la secretaría tomó como prioritario dotarlos de redes de agua potable. Una segunda línea de trabajo es el programa Mi Pieza, que otorga  subsidios destinados a hacer refacciones o mejoras dentro de las viviendas de los barrios populares.