El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Rubén Manzi volvió a interpelar al gobernador Raúl Jalil y aseguró que “No podemos ir a una reforma constitucional que se superponga a un debate electoral”. El legislador, señaló que “debe haber claridad en cuanto a cuándo se van a llevar a cabo las elecciones 2023” y también definir “claramente los temas a reformar” además de la necesidad de un diálogo formal con la oposición y no “desayunos de un día para el otro”.
“No podemos ir a una reforma Constitucional que se superponga a un debate electoral; el Gobernador debe dar certezas de fecha electoral”, reclamó Manzi al ser consultado sobre si están dadas las condiciones para reescribir la Carta Magna provincial. En diálogo con la prensa, el legislador nacional dio su punto de vista sobre la necesidad de concretar la reforma constitucional que, según opinó, desde el gobierno se reflotó en los últimos meses.
“La última reforma de la madre de leyes provincial data de 1988 y desde hace más de una década, las fuerzas políticas no han logrado ponerse de acuerdo para consensuar una reforma que la adecue, la modernice y que establezca reglas de juego acordes a este tiempo”, aseguró.
“Primero, el Gobernador nos debe dar certezas de fecha electoral y esto lo hemos dicho siempre”, enfatizó Manzi. “Ese diálogo tiene un perfil: se debate qué personas nos van a gobernar, cuestiones de coyuntura; en cambio, el debate por un reforma constitucional tiene otro perfil, se debaten otros problemas, más estructurales, legislación de fondo, acuerdos o núcleos de acuerdos que pueden existir o no, entonces no podemos superponer los dos debates”, amplió.
“Dada la posibilidad que permite la Constitución de llamar a elecciones durante los meses de marzo u octubre, el oficialismo tiene la posibilidad de jugar con los tiempos electorales y la coyuntura política para definir el llamado a elecciones a último momento”, opinó.
Respeto mutuo
Manzi aclaró además que no es sólo una cuestión de fechas. “Si es en octubre, yo le diría que sí, podemos ir a una reforma, siempre y cuando se defina muy bien el universo de temas a tratar y nos escuche formalmente a la oposición y no en un desayuno que se llame de un día para el otro y porque le salió mal la jugada anterior”, exigió.
Entre los temas que consideró que deberían incluirse, destacó que “desde nuestro espacio político consideramos que una nueva Constitución Provincial necesariamente debe consagrar el Consejo de la Magistratura; establecer la boleta única cómo método de elección más transparente; determinar que los entes de control del Estado queden fuera del control del Poder Ejecutivo y que sean administrados con mayoría de miembros de la oposición; también debe formalizarse la adhesión al acuerdo 169 de la OIT sobre la protección de las tierras de las comunidades originarias; establecer un marco claro de la explotación de recursos naturales, y poner un límite a la histórica tendencia al nepotismo”.
“Aspiro a la formalidad institucional y al respeto mutuo”, concluyó.
Catamarca y la reforma
Catamarca es una de 9 provincias del país que aún no ha modificado su Constitución provincial. Su última actualización data de 1988. En 2014, la ex gobernadora Lucía Corpacci, fue quien introdujo el tema y la necesidad de reformarla. Así, creó por decreto la “Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Catamarca”.
De ésta manera abrió el debate para aunar criterios en torno a la reforma y además incluyó las temáticas centrales a debatir en el marco de un proyecto de reforma constitucional, contemplando entre otros aspectos, los referidos a: la limitación a las reelecciones indefinidas, el unicameralismo como sistema Parlamentario, la ampliación del período de sesiones de la Legislatura, la limitación de los fueros parlamentarios, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, la reglamentación de la promulgación parcial de leyes ante el veto parcial del Poder Ejecutivo, la sucesión directa del Gobernador por el Vicegobernador ante acefalía, el mejoramiento de los sistemas de control de la administración pública tanto interno como externo, reformas comprensivas de los tres poderes del Estado, la reorganización del Poder Judicial, incorporación de institutos no contemplados en la Norma Constitucional de la Provincia como el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura, la carrera administrativa hasta el cargo de Director, el voto joven optativo desde los 16 años, la certeza electoral, contemplar las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, el observatorio de los Derechos Humanos, el reconocimiento de derechos a los Pueblos Originarios, la extensión de la obligatoriedad de la educación a nivel de secundario, la equiparación de los docentes de escuela pública de gestión estatal o colegios de gestión privada, entre otros asuntos, que no limitan la inclusión de otros aspectos que pudieran surgir.
Las provincias que aún no modificaron ni adecuaron sus constituciones a la nacional son: Jujuy (1986), Mendoza (1916), Misiones (1958), Rio Negro (1988), Salta (1988), San Juan (1986), San Luis (1987), Santa Fe (1962) y Tierra de Fuego (1991)
