El juicio contra cuatro policías imputados por vejaciones calificadas y el homicidio "culposo" de Cristian Gallardo en 2019 comenzará este miércoles 20 de abril, a las 15, en Sala IV del Tribunal de Juicio. También será juzgado un quinto policía por falsedad ideológica y encubrimiento, y un civil acusado por falso testimonio. La querella dijo que espera una "condena ejemplar" que repare a la familia de la víctima y que sea el puntapié para que empiece a revertirse la impunidad de la violencia policial en Salta.

La audiencia de debate se desarrollará ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano y Maximiliano Troyano y por la jueza Norma Beatriz Vera.

El abogado que representa a la querella de la familia de Gallardo, Martín Plaza, dijo que llegan al juicio "con una expectativa en dos sentidos". Primero, que "pueda ser un juicio que concluya con una condena ejemplar, que en ese sentido pueda también ser un acto de reparación y de justicia para los familiares". Y, en segundo lugar, "este juicio es también una oportunidad histórica para que empiecen a revertirse los hechos de violencia institucional cometidos por las fuerzas de seguridad de la provincia de Salta", 

Plaza representa a la madre de Cristian Gallardo, Alicia Salas, y a la hermana, Mariel Gallardo.  

El letrado dijo que la violencia institucional "como problema estructural de las fuerzas de seguridad tiene una multiplicidad de causas, una de ellas que hay que resolver es la impunidad que durante muchos años existió en esta provincia". Como prueba de esto recordó que en la Fiscalía de Derechos Humanos, cuando estaba a cargo Gustavo Vilar Rey hasta que fue desplazado en 2020, tenía "más de 700 denuncias archivadas sin ningún trámite". "Existía en el Poder Judicial cierto sesgo de impunidad y a la vez eso permitía que esos hechos se siguieran repitiendo", sostuvo.

Los policías que serán juzgados son Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea, acusados por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas. También será juzgado el policía Elio Maximiliano Moya, en su caso acusado por falsedad ideológica y encubrimiento. Además de los efectivos, hay un civil acusado, Ángel Ismael Lozano, a quien juzgarán por falso testimonio. 

El 26 de agosto de 2019 Gallardo fue detenido y sacado con violencia por los efectivos de la casa de una amiga, por la supuesta sustracción de un teléfono celular y una mochila. La presunta víctima de ese delito era Lozano, quien luego de la muerte del joven, durante la investigación penal preparatoria fue sometido a careos y quedó imputado por falso testimonio. 

Llaves, López, Ozuna y Olea participaron de la detención y traslado de Gallardo, y quedaron implicados en el homicidio, "culposo" según la acusación fiscal, carátula con la que la familia del joven fallecido nunca estuvo de acuerdo.

La familia de Gallardo considera que no murió por una negligencia de la policía, sino que lo asesinaron a golpes, por ello han impulsado que se investigue como un hecho doloso (cometido con intención, a diferencia de un delito culposo, en el que no hubo intención de provocar el daño) y vienen pidiendo que se cambie la carátula de la causa. Mariel Gallardo dijo a Salta/12 que esperan lograr la acusación se agrave en el juicio. 

Una de las pruebas que tiene la familia es un video que grabó una amiga del joven luego de que los policías lo introdujeran al móvil policial, en la filmación se ve al vehículo y desde adentro se escuchan fuertes golpes y gritos de dolor. Además, los familiares tomaron fotografías de los moretones que tenía el cuerpo de Gallardo cuando se lo entregaron, e incluso notaron que le faltaba una pieza dental.

En la provincia, después de la muerte de Gallardo, se conformó la Comisión de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, que sostiene reclamos de justicia por otras muertes en operativos de la policía en 2019, como la de Jorge "Gury" Farfán Vera, la de David Neri Ovejero Alfonzo y Martín Carreras.

En el juicio los policías Llaves y Moya contarán con la defensa del abogado Marcelo Arancibia. Mientras que a Olea, López y Ozuna los defenderá el letrado Fernando Domínguez Torres; Ozuna tiene además como abogado codefensor a Nicolás Vedia. Lozano tiene como defensor a Pablo Adrián Solano.