Una nota de la Dirección de Régimen Correccional de la provincia indica que la situación de superpoblación carcelaria es “extremadamente crítica”, ya que “no se disponen de más espacio”. Hay 7.573 personas alojadas en el Servicio Penitenciario, donde la capacidad es para 5.894, según indica el documento que fue entregado el 31 de marzo a la Corte de Justicia provincial, al Colegio de Magistrados, al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Desde ese último organismo, su titular, la defensora Jaquelina Balangione señaló que vienen "haciendo hincapié en ese tema" y recordó los recursos presentados.

En la nota, el director general de Régimen Correccional, Darío Rossini, hizo una descripción de la situación en las cárceles provinciales y mencionó que esos establecimientos se encuentran "colmados y seriamente comprometidos", en relación a la cantidad de personas alojadas. El informe indica que esa situación "conlleva una grave vulneración de derechos, al producir hacinamiento, obstaculizar el acceso a derechos básicos y profundizar las condiciones materiales en las que se desarrolla la pérdida de la libertad y fundamentalmente poniendo en serio riesgo la seguridad de los establecimientos penales”. Y agrega que "actualmente la sobrepoblación penal existente en el Servicio Penitenciario es de 1.561” personas.

En detalle, indica que la situación se fue desarrollando a lo largo de los últimos años. "En 2014 había 3.435 (personas alojadas en el SP); en 2015, 3.788; en 2016, 4.465; en 2017, 5.082; en 2018, 5.949; en 2019, 6.453; en 2020, 6.654; en 2021, 7.199, y en lo que va de 2022 hay 7.523". Para el funcionario, "la variable se debe a que el promedio de ingresos mensuales por detenciones duplicó al de los egresos que se producen mensualmente", producto de libertades u otras situaciones.

Como ejemplo, el informe indica que "diariamente ingresan a alcaidía un promedio de 12/13 personas con orden de detención, lo que arroja aproximadamente 85 detenidos por semana y 340 al mes: en promedio un 80% de estas personas continúan detenidas por el dictado de la prisión preventiva, circunstancia que implica 280 ingresos por mes a unidades penitenciarias, es decir, entre 70 internos por semana aproximadamente, solo de Rosario, a lo que debe sumarse los 20/25 ingresos en promedio que provienen de las restantes Unidades Regionales policiales".

Al respecto, Balangione indicó en LT8 que el informe tiene relación con un recurso de habeas corpus en relación a la unidad 11 de Piñero, en el que se dispuso "se debe desalojar lo que está de más, pero desde la sentencia ha crecido. Además hay una resolución de la Corte donde establece un plan periódico para ir desalojando y trasladando internos a otros lugares, que da origen a este informe". Y agregó que también hay presos en comisarías.

En relación a ello, la nota indica que la situación es compleja "más aún, cuando surgen nuevas disposiciones que intiman a esta administración (del SP) a ingresar detenidos".

Para la defensora pública, "la solución no es con más cárceles. Sino que es una cuestión más de fondo, que tiene que ver con un cambio en la política criminal" y habló de un "sistema de justicia restaurativa con jóvenes infractores de la ley penal, sobre todo cuando son delitos menores, cuando son autores primarios", dijo.