El histórico Juicio por la Verdad caratulado “Masacre de Napalpí” que comienza este martes en la ciudad de Resistencia, permite pensar en un acto reparador en la relación entre el Estado nacional y los pueblos originarios de la Argentina. El proceso iniciado por la Justicia federal del Chaco toma como antecedente los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. En ese marco, más de ciento cincuenta representantes de cuarenta pueblos originarios de todo el país se reunieron en el Chaco para acompañar el inicio del juicio y, al mismo tiempo, gestar la construcción de un espacio genuino de representación indígena. 

Junto a funcionarios nacionales como la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el presidente del Inaes, Alexander Roig, la vicegobernadora del Chaco, Analía Quiroga, y otras autoridades provinciales; referentes de los pueblos indígenas sesionaron en comisiones el lunes por la tarde. En la mañana, las actividades habían comenzado en Napalpí, con la presencia del gobernador Jorge Capitanich, en un homenaje al historiador qom Juan Chico --que murió por covid--, quien motorizó el registro de gran parte de los testimonios que formarán parte probatoria en el juicio.

Durante un mes, en siete audiencias en Resistencia, Machagay y Buenos Aires, se juzgará la matanza del 19 de julio de 1924, donde más de 400 personas fueron asesinadas. Pertenecían a los pueblos qom y moqoit. Hoy “todos los responsables fallecieron, pero el Estado argentino tiene el compromiso internacional de juzgar el hecho, a pesar de eso” explica el fiscal federal, ad hoc, del caso, Diego Vigay.

Vigay también participó de las instancias previas a este encuentro. Se buscó que las agrupaciones pudieran conocer los detalles del proceso judicial. “Porque muchos conocen la historia de sus comunidades, pero no lo que sucedía en otros lugares”, explica Silvia González, docente de historia y de cultura y lengua guaraní, e integrante de Matria (Mesa de Articulación Territorial Indígena de la Argentina), la organización que lidera el encuentro. 

La intención es construir una representación indígena nacional, define. Para eso se autoconvocaron, en una instancia inédita –"como este juicio", agrega--, delegados de los pueblos mapuche, huarpe, diaguita, coya, guaraní, lules vilela, tehuelche, qom, moqoit, wichi y pilagá, entre otros. “Queremos contar con un espacio de participación que nos represente”, insiste González. Y que porte capacidad de presentar demandas y soluciones propias de sus culturas ante el Estado nacional y en forma colectiva. 

Una de las demandas refiere a las situaciones territoriales. Por eso “es necesaria la construcción de un espacio indígena, autónomo” señala Luis Pilquimán, representante del pueblo mapuche. “Siempre se habla de reparar el daño a los pueblos originarios, pero si no se reconoce el origen del daño, no se sabe qué es lo que hay que reparar”, reflexiona Pilquimán, actual vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Y subraya el carácter de representación indígena del encuentro ya que el INAI es una organización estatal. 

“La presidencia del INAI no es elegida por los indígenas sino por el Presidente de la Nación”, advierte otro representante mapuche. Quien añade: “La dispersión de los pueblos entre sí y entre las propias comunidades ha imposibilitado una construcción organizativa y política que nos permita tener una voz unificada para que, junto a los demás actores de la sociedad podamos formar parte del rediseño social, cultural y político, hoy necesario en la Argentina”.

En horas de la tarde, en Resistencia, las deliberaciones tuvieron su punto de apoyo “en el reconocimiento del genocidio indígena que se abre con el juicio por la matanza de Napalpí”, aporta Pilquimán. “Porque todo el debate sobre la cuestión indígena parte de reconocer el genocidio como el principio de todos los males, un genocidio fundante en la formación del Estado argentino”, afirma.

La fundamentación del genocidio es justamente el sostén jurídico del juicio que dará lugar a la palabra de las comunidades masacradas en Napalpí. De ahí que buscan una representación genuina para la voz indígena. Porque “históricamente no solo hay olvido, también hay discriminación”, señalan, a la hora de reconocer a los pueblos originarios como actores políticos. Han corrido la misma suerte que las organizaciones sociales y es con ellas que se gestó este encuentro, explican. "Tener una voz propia que participe en los debates fue evidente en los últimos años”, repasan. Se refieren a la decisión que los convocó durante tres meses frente al Congreso de la Nación por la prórroga a la Ley 26.160 de emergencia territorial. La norma se efectivizó por un decreto presidencial de Alberto Fernández, quien puso la prorroga en vigencia, ya que no pudo salir esta vez por decisión del Congreso nacional.