El Gobierno trabaja en un proyecto de ley de renta inesperada focalizado en obtener recursos adicionales de los sectores que tuvieron una ganancia inesperada por la suba de precios de commodities y, de ese modo, asistir a los sectores más vulnerables. ¿Qué otras políticas se pueden implementar para captar ingresos en sectores con más capacidad contributiva?

Desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) proponen cinco medidas que pueden fortalecer la recaudación y mejorar la justicia fiscal, sin necesidad de aplicar más impuestos. 

"Hay un relato dominante que oculta mucha verdad en materia tributaria. Lo encabezan Larreta, Macri, Milei y algunos medios de comunicación que insisten en que en Argentina hay demasiados impuestos. Lo único que tiene de cierto esto es que hay un desorden en la cantidad de impuestos que aparece en la legislación tributaria pero lo que también es cierto y no dicen, es que no se pagan tantos impuestos", afirma Alfredo Serrano, director del Celag.

"Si bien hay una gran cantidad de impuestos hay una cantidad muchísimo mayor de fugas, de válvula de escape, legalmente establecida para que se pague mucho menos impuestos de lo que se dice a priori", concluye Serrano.

En esta línea, desde el Celag proponen un impuesto mínimo a empresas multinacionales. "En 2019 la tasa del Impuesto a las Ganancias de sociedades era del 30 por ciento, sin embargo, la tasa efectiva era del 4,1 por ciento. Además, la evasión equivale al 49,7 por ciento de la recaudación del impuesto. Si se lograra aumentar la tasa efectiva al 10 por ciento, la recaudación adicional anual sería de 1.277.211 millones de pesos (2,1 por ciento del PIB proyectado 2022). Esto permitiría inclusive disminuir la tasa legal porque el problema está en la efectiva".

A su vez, explican que “si se aplicase un impuesto mínimo del 15 por ciento a empresas multinacionales que actualmente no tributan en el país, aunque parte de su actividad económica ocurre en Argentina, se podría recaudar entre un 0,1 por ciento y 0,4 por ciento del PIB (de 35.507 a 124.275 millones de pesos adicionales, según PIB proyectado 2022)”

Otra de las propuestas consiste en eliminar la exención del impuesto a las ganancias a los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales. "En 2021, esta exención sumó 41.285 millones de pesos (0,11 por ciento del PIB o 4,15 por ciento del total del gasto tributario). Si se aplicara ese 0,11 por ciento al PIB proyectado para 2022 en el proyecto de ley de presupuesto, el monto de la exención sería de 65.774 millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del presupuesto proyectado para atender la salud pública, el 35 por ciento del gasto proyectado para financiar ciencia y técnica, el 115 por ciento del presupuesto para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o más de 6 veces el presupuesto para el Ministerio de las Mujeres", explica el informe.

Otra idea es implementar una sobretasa al impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos, ya que el sector es el más rentable de América Latina. "En 2019, ganó 6590,1 millones de dólares de beneficios antes de impuestos (aproximadamente el 1,4 por ciento del PIB), principalmente en base al margen de intereses y operaciones financieras".

En lo que respecta a bienes personales, proponen actualizar las valuaciones fiscales de los inmuebles y eliminar la exención de los inmuebles rurales. Las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos utilizadas para calcular la base imponible del Impuesto a los Bienes Personales rondan entre el 5 y 7 por ciento del valor de mercado. Si se aplicara a nivel nacional la actualización de valuaciones realizada en CABA, la recaudación podría aumentar en un 0,6 por ciento del PIB para 2024, a partir de una mayor recaudación sobre las propiedades de alto valor.

Los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas están exentos del impuesto. Sin embargo, en la propiedad rural hay una alta concentración de riqueza. El informe expone que "en la provincia de Buenos Aires, entre 1999 y 2019, estos inmuebles se valorizaron un 300 por ciento y en la provincia de Córdoba, entre 2003 y 2015, se valorizaron el 1740 por ciento. Los inmuebles rurales de alto valor deberían incluirse en la base imponible del impuesto".

Por último, el Celag menciona la importancia de un nuevo enfoque de las reglas fiscales que aseguren el aporte de quienes más riquezas tienen para financiar la garantía de derechos. Por ejemplo, "cuando los presupuestos destinados a salud y educación no alcancen el 4 por ciento del PIB o muestran incrementos anuales menores al 0,25 por ciento del PIB, el Gobierno cobrará automáticamente un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. La regla se suspende cuando los presupuestos alcancen el 6 por ciento del PIB. La aplicación de este aporte extraordinario permitió recaudar cerca del 0,5 por ciento del PIB".