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Con un apuro y preocupación que no tuvo en revisar las prisiones preventivas masivas del macrismo, las causas armadas y los casos de violaciones a los derechos humanos (en especial si incluye al poder económico), la Corte Suprema puso a su presidente, Horacio Rosatti, a conducir el Consejo de la Magistratura y anunció que el organismo deberá comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, propia de una ley de 1997 que fue derogada, y pese a que no están designados todos los miembros para completarla.
El tribunal firmó una resolución que ratifica su decisión de diciembre último de declarar inconstitucional la conformación que el organismo tenía desde hace 15 años porque se venció el plazo de 120 días que había establecido para que el Congreso sancionara una nueva ley. Fue un acto de intromisión sin precedentes sobre otro poder y casi una burla teniendo en cuenta que el propio tribunal tuvo el expediente cajoneado durante seis años.
También declaró nulo todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había ordenado que las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de nombrar dos consejeros/as por la segunda minoría y lo denunciaron ante el propio Consejo, presidido por Rosatti. El combo de resoluciones consolida una crisis institucional.
El fallo supremo de diciembre decía que si para el 15 de abril el Congreso no aprobaba una nueva ley que dotara de "equilibrio" al Consejo --que según la Corte tenía una sobre representación política-- entonces entraría en vigencia la vieja estructura de 20 integrantes, que incluía al presidente supremo como titular del organismo (de lo contrario los actos serían nulos). Como él ya se nombró a sí mismo, haría falta nombrar seis consejeros/as más.
La Corte también cambia el quorum
La decisión firmada este lunes busca dejar en claro el desembarco de Rosatti en el cuerpo que elige y sanciona jueces además de manejar el presupuesto judicial, pero hace una llamativa rectificación o corrección de su propio fallo. En diciembre, la Corte dijo que "los nuevos miembros" iniciarían su mandato "de manera conjunta y simultánea". Eso no es posible porque no hay representantes legislativos designados. Entonces, señaló, se les tomará juramento a quienes estén designados y el Consejo, dicen los supremos, podrá sesionar con un quórum de 12 integrantes.
La abogada Graciana Peñafort advirtió que "la Corte no sólo se puso a legislar cuando restableció una ley derogada sino que vuelve a hacerlo modificando el quórum de aquella norma que era de 13 consejeros".
Esta es la explicación que da la Corte sobre por qué cambió: "La asunción conjunta y simultánea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hipótesis de que la designación de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo señalado o de la sanción de una nueva ley, y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar —eventualmente y en ese ínterin— un nuevo desequilibrio en su composición. Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional". Bajo esa óptica, se conformará un Consejo con un desequilibrio de arranque, sólo porque se vencía el plazo.
"Corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada", afirma la resolución firmada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó, en teoría y según explicaciones cortesanas, porque está de licencia. Lorenzetti planteó una fuerte discrepancia en la sentencia de diciembre: si bien estuvo de acuerdo con la necesidad de una nueva ley, objetó la reposición de otra derogada y el plazo al Congreso. En la teoría de este juez, bastaba con la exhortación y lo demás era extralimitarse.
Tiempos y enigmas
El titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, hizo un llamado público al tribunal para que diera noventa días más y que se pueda consensuar una nueva ley. Pero los supremos hicieron oídos sordos. En cambio optaron por hacerse eco de los pataleos del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, autor original del planteo de inconstitucionalidad, que pidió la nulidad de lo decidido por el juez de Paraná ante un planteo del diputado del oficialismo Marcelo Casaretto y, en buena medida también recogieron el espíritu de las quejas del diputado radical Mario Negri --que alcanzó a presentar un per saltum-- que presiona con perseverancia para que entren legisladores propios al Consejo.
Según la ley reestablecida, debe haber un representante por la segunda minoría de cada una de las cámaras. ¿A qué fuerza le toca? Para Juntos por el Cambio es un asunto sin discusión: piden a Roxana Reyes por Diputados y a Luis Juez por el Senado. "No es para nada una discusión saldada", advirtió la diputada y consejera Vanesa Siley en diálogo con la AM750.
Siley sostuvo que la resolución de la Corte de este martes "es un fallo sobre un fallo, que para colmo se contradice". "Primero dijeron que los nuevos miembros debían asumir en forma conjunta y simultánea, ahora dicen que era así pero no tanto. Selectivamente la Corte dice cuándo puede funcionar el Consejo. Es una aberración jurídica atrás de otra, incumpliendo la Constitución, es insólito", remarcó.
A las nuevas consejeras ya elegidas, la Corte anunció que les tomará juramento. Aunque no definió el día, dan a entender que será pronto. Cuando esto suceda, se convertirán en consejeras las abogadas María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora; Jimena de la Torre, una exfuncionaria clave de la AFIP macrista que en los últimos días ofició como una especie de portavoz de la presidencia suprema ya que anunciaba lo que estaba por suceder; la jueza Agustina Díaz Cordero, quien también trabajó en el gobierno de Cambiemos cerca de Germán Garavano; y Pamela Tolosa, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Sur.
El enigma es qué harán los consejeros y consejeras históricos cuando Rosatti llame al juramento y al plenario. ¿Aceptarán sesionar sin el cuerpo en pleno y con un quórum inventado? El organismo firmó la semana pasada un reglamento de emergencia en el que delegó a su presidente saliente, Alberto Lugones, facultades administrativas, de modo de poder pagar sueldos, contratos, alquileres y cuestiones de ese tenor. Pero es difícil pensar que este Consejo que se perfila como una especie de Frankenstein pueda trabajar en la votación de ternas de jueces y juezas y en procesos disciplinarios. En este punto, si la parálisis continúa, la oposición habrá logrado parte de su objetivo: lo que quiere es asegurarse a futuro poder controlar los nombramientos y la caja, en sociedad con la familia judicial.
Juez denunciado
El juez Alonso había dictado una medida precautelar que dejaba en suspenso la designación de legisladores/as para el Consejo mientras esperaba informes de ambas cámaras del Congreso. La Corte fue durísima con él. Dijo que "actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal". Le atribuyó "notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes" de la propia Corte. Anuló toda su actuación y lo denunció ante el Consejo mismo.
Ante este escenario Juntos por el Cambio se subió a la ola y anunció que hará una conferencia para reclamar públicamente a Cristina Kirchner y a Sergio Massa las designaciones de consejeros parlamentarios, que atribuyen a su fuerza. En esta tónica parecen mucho más enfocados en querer conquistar lugares en el Consejo de Rosatti que en buscar consensos para una nueva ley. La que tuvo media sanción en el Senado, basada en el proyecto del Poder Ejecutivo, prevé un cuerpo de 17 miembros pero excluye a la Corte Suprema, el gran punto de discordia.
Críticas y alertas
Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni todo lo sucedido "es preocupante, refleja un deterioro institucional grave, no sólo de la democracia sino de la república". A su entender todo lo que decidió el tribunal "afecta la independencia interna del Poder Judicial, le están diciendo al Poder Judicial que se debe alinear". "Ameritaría la remoción (de los supremos) por juicio político", dijo en la noche del lunes en C5N.
Por la mañana, el ministro de Justicia, Martín Soria, había dicho que la decisión suprema "causa un profundo deterioro en términos jurídicos y democráticos". "No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional (...). Están haciendo política en lugar de hacer justicia”, subrayó. Su viceministro, Juan Martín Mena, se refirió a las posibilidades de una nueva ley: “Vamos a lograr los votos, vamos a negociar en el seno del Congreso, no podemos permitir que la Corte legisle". Sumó otra objeción: "Las resoluciones del Consejo de la Magistratura tienen un solo mecanismo de revisión de control que es la Corte Suprema. No se puede estar de los dos lados del mostrador", precisó una de las razones por las que la ley había sido modificada en 2006, y el presidente supremo quedó afuera del cuerpo.
